Crecen los reclamos en pueblos bonaerenses por el uso de las tasas municipales

Un grupo de 40 productores rurales autoconvocados del municipio de Lincoln rechazaron
el uso de la Tasa de Red Vial Rural, creada para financiar el mantenimiento de caminos rurales e instrumentada por el gobierno local. .

“Este grupo surge porque no nos sentimos representados por ninguna institución en el partido, y nos encontramos frente a una problemática urgente”, planteó Agustina Urdaniz, que junto a Carlos Cabral son voceros de este sector ruralista. “El tributo debería destinarse exclusivamente al mantenimiento de los caminos rurales para garantizar su transitabilidad. Están en un estado malo o regular. Hoy en día, los caminos solo reciben intervenciones de urgencia sin planificación adecuada, lo que significa es que no hay una contraprestación”, lamentó en diálogo con Infobae.

El distrito, con una superficie de 560.000 hectáreas, tiene un trazado donde los caminos rurales son críticos para la producción agropecuaria. Desde hace tiempo, las entidades ruralistas vienen reclamando que el cálculo actual de la tasa vial esté indexada, basada en ajustes inflacionarios. Pero este grupo también cuestiona que exista un escalonamiento, según contribuyente. Según un estudio realizado por los autoconvocados, el actual sistema permite al municipio cobrar el equivalente a 20,5 litros de gasoil por hectárea al año para los productores que pagan más alta la tasa, mientras otros apenas pagan 3,5 litros.

El intendente Salvador Serenal desmintió que haya una subejecución significativa de los recursos aportados por la tasa rural vial, pero confirmó que parte de lo recaudado se destina para otros fines. “Les mostramos nuestros números a los productores. En la recaudación de la tasa vial, vamos poco más de $2.600 millones este año. Unos $1700 van a caminos, es casi el 70%. El resto de la tasa son $875 millones que van a seguridad, salud y educación”, afirmó a este medio.

La mesa de productores autoconvocados proponen un rediseño del esquema de recaudación con base en un insumo de combustibles. Que se pague un mismo valor por hectárea para todos los inmuebles del partido, con una tasa fijada en 2,23 litros de gasoil grado 2 YPF por hectárea por año, ajustada a la inflación de ese insumo. Además, solicitan que los fondos percibidos solo sean utilizados únicamente para la gestión de caminos rurales, con auditorías de dos veces por año, y un informe de gestión trimestral sobre el uso de dichos recursos.

Sin embargo, hay diferencias con otros empresarios agropecuarios. El presidente de la Sociedad Rural de Lincoln, Aníbal Fernández, mantuvo una reunión con las autoridades locales, en la que llevaron sus inquietudes por el ajuste de la tasa rural. Y, según ellos, hubo una respuesta positiva desde la comuna. “En 15 minutos llegamos a un acuerdo. El año que viene se termina la indexación, se hará con cuotas fijas y se aplicará un sistema de reajuste anticipado. También habrá descuentos para quienes tengan buen cumplimiento de pago”, precisó el ruralista al medio Somos Lincoln.

La sábana corta para afrontar las necesidades comunales es una de las problemáticas reales, detrás de los reclamos vecinales. Uno de estos casos es el hospital Rubén Miravalle, con un presupuesto que alcanza los $6.000 millones anuales. “No podemos permitir que nos quedemos sin hospital. Hace 40 años que pasa esto, y es la primera vez que nos enteramos a dónde va a la plata. Vamos a trabajar para ver qué se puede hacer para financiar el hospital”, consideró el titular de la SRA de Lincoln.

“Los municipios estamos atravesando una situación complicada, con competencias que ya no está cumpliendo ni Nación ni la provincia de Buenos Aires en salud, educación y seguridad. Los combustibles o los arreglos de los patrulleros de la Policía los pagamos nosotros. O por ejemplo, cuando en una derivación a un hospital provincial, a veces tenemos que pagar las prótesis o estudios para los vecinos, porque se demora la entrega de insumos. Nación no pago nada más en obras o en temas de salud”, explicó el jefe comunal de Lincoln.

Según el intendente, las otras entidades agropecuarias intermedias están de acuerdo cómo se viene implementando la tasa. El nuevo reajuste abarca un incremento superior al 30% anual, con descuentos de hasta el 35% por pagar de manera anticipada la obligación fiscal. “La SRA y la Confederación Agraria están de acuerdo con el procedimiento. Que no hay contraprestación es una gran mentira, nosotros los invitamos a recorrer con nosotros los caminos”, sostuvo Salvador.

Desde su punto de vista sectorial, los autoconvocados cuestionan que los municipios mantengan como práctica sostenida el abuso del concepto que representa una tasa, y, en cambio, se la utilice como un “impuesto”, que tiene como objetivo financiar los gastos regulares.

“Las tasas no son impuestos, pero desde hace años que van a salud, educación o seguridad. Lo hacemos todos los municipios por los recortes o la falta de aportes de Nación o provincia”, respondió Salvador.

El planteo de los productores rurales está en sintonía con el reproche que impulsa el gobierno de Javier Milei, frente a los municipios que aplican incrementos y nuevas tasas o impuestos municipales, ante la caída de la recaudación y de la coparticipación frente la realidad económico que se inauguró en diciembre de 2023. Uno de los arietes de esta consigna es el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, que instó en varias oportunidades a una “rebelión fiscal” y litigar contra las tasas municipales excesivas.

La mayor tensión política tuvo como escenario al conurbano bonaerense. En septiembre, la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, prohibió que municipios y provincias apliquen tasas y cargos adicionales en las facturas de luz y gas, para financiar servicios como alumbrado, barrido y vigilancia. Pese a esa limitación, al menos 11 municipios del área metropolitana lograron amparos judiciales que les permiten sostener este tipo de cobros. Aun así, el Gobierno imputó este mes a 95 empresas por haber incluido en las facturas tasas o cargos ajenos al contrato entre el proveedor y el consumidor.

Otros distritos tuvieron marchas y contramarchas en el objetivo de sostener las rentas generales. En Necochea, el intendente Arturo Rojas impulsó la creación de una tasa del 3% sobre las ventas de nafta, gasoil y GNC en las estaciones de servicio del distrito, con el fin de reparar calles y mantener la vía pública. Como la medida generó fuertes críticas en entidades agropecuarias y en la oposición, finalmente desistió de la idea. Pero logró aprobar el Fondo Compensador Vial Solidario, incluido dentro de la Ordenanza Fiscal Impositiva 2025, que establece un cobro de la tasa adicional a la exportación e importación en Puerto Quequén, que fija el valor de medio litro de gasoil grado 3 por cada tonelada cargada o descargada.

Las cuatro entidades del agro que conforman la Mesa de Enlace bonaerense, Confederaciones Rurales (Carbap), Coninagro, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina, manifestaron su rechazo al nuevo tributo en Necochea, y advirtieron e incrementaría los costos de exportación e importación de granos e insumos a través de esta terminal.

En Lincoln, los productores autoconvocados se reunieron este miércoles con el secretario de Hacienda, Alberto Sala, en una larga reunión de tres horas. Le presentaron sus propuestas para modificar el destino y el ajuste de la tasa, pero no consiguieron lo que esperaban. “Alberto Sala nos dijo que 30 productores no le podemos decir cómo hacer su trabajo”, cuestionó Urdaniz. “Sugirió postergar nuestra propuesta para plasmarla en 2026, una respuesta que ya ha dado a otros productores en el pasado, lo que refleja una falta de voluntad para resolver la situación. Nosotros lo que pedimos es que la tasa se utilice de manera eficiente, sea transparente y acorde al servicio que nos debería garantizar”, exigió la productora rural.

“El 90% de los productores están de acuerdo con la presentación que venimos haciendo. Ellos quieren modificar el escalonamiento. Lo que observo es que no quieren pagar la tasa”, aseguró el intendente de la UCR. “Nosotros los escuchamos, presentamos proyectos y documentación, pero luego nos encontramos con información maliciosa. La mayoría de ellos no está viviendo en Lincoln. Somos un municipio transparente que busca un trato respetuoso con todos, pero faltan a la verdad con las reuniones que hemos tenido. En lo personal me duele, destruyen las instancias de diálogo”, concluyó.