Desde enero de 2008, primer mes completo de la primera presidencia de Cristina Kirchner, la Argentina acumuló un déficit de USD 86.251 millones en el intercambio comercial con China.
Difícil soslayar esa cuestión en la reunión que el próximo martes, en el marco de la Cumbre de Líderes del G20, el presidente argentino, Javier Milei, tendrá con Xi Jinping, el presidente del gigante asiático, que atraviesa un inédito (para la política china) tercer mandato quinquenal.
Al fin y al cabo, el gigantesco déficit acumulado con China duplica la deuda de la Argentina con el FMI, casi triplica las reservas brutas del Banco Central y equivale a unas 20 veces el costo estimado de las “represas patagónicas”, sobre el río Santa Cruz, la mayor obra pública con financiamiento chino en la Argentina, que este mes cumple un año de parálisis.
La teoría económica tradicional afirma que los países no deben prestar atención a los saldos bilaterales, pues estos surgen de las “ventajas comparativas”, la dotación de recursos y la complementariedad entre las economías nacionales, que incluso pueden sostener durante períodos prolongados saldos totales positivos o negativos, en función de los niveles de ahorro, inversión y consumo y de los flujos de financiamiento respecto del resto del mundo.
Sin embargo, para un país con los problemas de financiamiento y la escasez de divisas que sufre la Argentina, ignorar semejante desbalance -en 2023 fue de USD 9.228 millones- es mirar para otro lado y soslayar que gran parte se debe a la explícita política de China de limitar las licencias de importación de aceite y harina de soja, dos de los productos más importantes de la oferta exportadora argentina. Beijing lo hace en nombre de su “seguridad alimentaria” y porque prioriza el “agregado de valor” en su territorio. Por eso limita sus compras a “porotos de soja, incluso quebrantados”, que junto a “carne bovina congelada”, “demás trozos de carne bovina” y “sorgo de grano” explican dos tercios de las ventas argentinas al gigante asiático.
Porotos
El “aceite y de soja y sus fracciones”, para cuya elaboración la Argentina montó en torno de Rosario uno de los más grandes y eficientes polos internacionales de crushing y producción de harina y aceites, explicó en septiembre, último mes del que el Indec publicó datos, apenas 5% de los USD 427 millones que el país exportó a China, del que importó en igual período por USD 1.383 millones, más del triple. ¿El saldo? Un déficit de USD 956 millones en un mes. A ese paso, el déficit acumulado con China desde 2008 bordeará a fin de año los USD 90.000 millones.
La composición del intercambio ilustra lo que los teóricos de la dependencia llamaban “intercambio desigual”. Mientras el producto con más valor agregado de las ventas argentinas es el “carbonato de litio” (en septiembre, 9% del total, clave para que China mantenga su dominio en la cadena de valor de minerales críticos, baterías y vehículos eléctricos), las ventas de China a la Argentina consistieron en un 61% en aparatos eléctricos, electrónicos y accesorios, reactores nucleares, calderas, maquinaria, partes, productos químicos y vehículos de transporte, más un amplísimo 39% de “resto”, con un notorio dominio de rubros industriales.
No casualmente, China es a su vez acreedora financiera de la Argentina, por unos USD 5.000 millones, por la parte que en 2023 el gobierno anterior activó del “Canje de Monedas” que mantienen los bancos centrales de ambos países, y es la principal financista, como se dijo, de las “Represas Patagónicas”. La intención del gobierno sería reactivar esa obra el próximo enero.
Represas Patagónicas
En septiembre, el presentarse en Diputados para su informe semestral de gestión, el jefe de Gabinete, Guilllermo Francos, anticipó que el Presupuesto 2025 incluiría $635.988 millones para reanudar esa obra y hace un mes Econojournal, una publicación especializada, deslizó que Santiago Caputo, el asesor presidencial, designó un nuevo equipo de negociación con Gezhouba y Eling, las empresas china y argentina del consorcio constructor, y que Enarsa designó un interlocutor con el mandato de reiniciar los trabajos el 15 de enero.
Para eso, Argentina solicitaría (¿Milei a Xi Jinping?) el “desembolso 7″, unos USD 500 millones, del crédito sindicado por un consorcio bancario que integran el China Development Bank Corporation, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y el Bank of China.
Cabe consignar, además, que en octubre el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se reunió en China con el presidente de Gezhouba Group, Huailiang Liu, para “avanzar en un plan que permita retomar la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz” y a su regreso se reunió también con los representantes de la UTE para “diseñar las acciones necesarias para cumplir con los compromisos asumidos y retomar la construcción”. Cuán coordinadas son las acciones de la provincia y de la Nación es una incógnita.
Beijing, Washington y el FMI
Otro aspecto a considerar es la posición de China en el directorio del FMI, donde también se refleja la tirantez de Beijing con Washington. El 1 de octubre pasado el subsecretario de Finanzas Internacionales del Tesoro de EEUU, Brent Neiman, calificó de “confuso e inconsistente” el abordaje del Fondo hacia los Canjes de Moneda de China con diversos países, incluyendo la Argentina, para contabilizar reservas internacionales y acusó a China de falta de transparencia sobre los términos de esos acuerdos. Neiman pidió apoyar los programas del FMI pero condicionó ese apoyo a que los flujos de financiamiento sean “transparentes, creíbles y dentro del presupuesto o el alivio de la deuda a los países que emprenden reformas, no formas de préstamo potencialmente dañinas”, en clara referencia a la opacidad de los créditos chinos.
Por cierto, la reunión de Milei con Xi Jinping es un claro cambio de posición respecto de su campaña electoral, en la que el 16 de octubre de 2023, seis días antes de la elección que lo consagró presidente, había dicho: “Yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China”.
Sin embargo, el 20 de octubre pasado, en conversación televisiva con Susana Giménez, el hoy presidente calificó las relaciones con China de “excelentes” y dijo que Beijing lo había sorprendido, “porque son un socio sumamente amigable (…) que lo único que quieren es que no los molesten”.
Pero recelos mutuos probablemente habrá. Hace menos de un mes, por caso, el vocero presidencial, Manuel Adorni anunció la privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística SA, que calificó como “la primera de una empresa ferroviaria” desde que asumió Milei. He aquí que la “Rehabilitación del sistema ferroviario Belgrano Cargas” es uno de los proyectos del “Diálogo Estratégico para la Coordinación y Cooperación Económica entre Argentina y China” que había acordado el kirchnerismo y tiene cláusula de default cruzado con la obra de represas patagónicas. Nadie explicó cómo se unen esas cosas.
A esta altura, está claro que las represas patagónicas fueron cuanto menos un proyecto pobremente concebido. Se licitaron por primera vez en 2007 por la provincia de Santa Cruz, se volvieron a licitar (y a anular) por parte de la Nación en 2010 y se licitaron por tercera vez, para finalmente adjudicar la obra en 2012. El balance a la fecha es que las dos represas detentan avances de 20% y 40% al cabo de 17 años desde la primera licitación, 14 desde la segunda y 12 desde la última.
Gestos
Más allá de esos problemas de arrastre, no solo las palabras sino los gestos concretos del gobierno argentino hacia China han sido claros. El mes pasado, por ejemplo, activó mediante su publicación en el Boletín Oficial un acuerdo bilateral sobre “Cooperación para la Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito y la Restitución de Bienes Culturales Transferidos, Apropiados, Importados o Exportados en Forma Ilícita” y otro “Para la eliminación de la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y la prevención de la evasión y elusión fiscal”, ambos pendientes desde 2018 y el último de interés para las firmas chinas con inversiones en la Argentina, como el caso de las litíferas situadas en la Puna.
Más peliagudo es cómo se procesará el pedido de defensa de la industria argentina contra algunos sectores chinos, como el siderúrgico, al que acusan de competencia desleal. China, dijo hace poco Paolo Rocca, cabeza mundial del grupo Techint y voz prominente en la Unión Industrial Argentina (UIA) “es un país con un sistema de gobierno autoritario y centralizado, que tiene la capacidad de asignar recursos a diferentes sectores de la economía en base a decisiones de conveniencia táctica y estratégica”.
Rocca citó un estudio sobre las “anomalías” del sistema económico chino, “impulsado, en gran medida, por la intervención del Estado y del Partido Comunista Chino”, con amplia presencia de firmas estatales, simbiosis Estado-Partido, violaciones a la propiedad intelectual, restricciones a la propiedad de la tierra, ausencia de sindicatos independientes, límites a la movilidad de las personas y costo subsidiado de la energía, entre otras “anomalías”.
Otro tema de gran potencial contencioso es la masiva presencia de buques chinos, subsidiados por Beijing, pescando en las narices del Mar Argentino y depredando por contigüidad la pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva de nuestro país y produciendo un daño económico de entre USD 1.000 y USD 2.000 millones anuales.