Argentina y Titan Consortium llegaron a un acuerdo sobre los términos y condiciones de la sentencia por el caso de expropiación Aerolíneas Argentinas. El país deberá pagar USD 389,5 millones incluyendo intereses que, a partir del día del fallo, acumularán a una tasa variable que hoy es de 5,11%.
Así lo informó este miércoles, Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. Esto se deriva de la nacionalización, en 2008, de la aerolínea de bandera, que en ese momento estaba en manos de empresas pertenecientes al grupo Marsans. La compañía española acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y en 2019 se decidió que la Argentina debía pagar USD 320 millones por esa operación forzosa.
Luego vendió los derechos de ligio a Burford Capital (el bufete inglés que lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF en 2012) quien a su vez se los traspasó a Titan Consortium, dos años después. Titan es el estudio que buscó convalidar el fallo del tribunal arbitral en un tribunal de Columbia, distrito al que pertence la ciudad de Washington.
“Se va a publicar la sentencia final, es decir, se va a reconocer el fallo del CIADI en Estados Unidos pronto, en uno o dos días. A partir de este momento Argentina está obligado a pagar el fallo o de lo contrario, empezará el proceso de embargos de activos ya sea soberanos o de la empresa”, dijo Maril.
El analista sostuvo que “si Argentina hubiese cerrado este caso en un acuerdo extrajudicial años antes se hubiese cerrado más del 50% de lo que va a tener que pagar. Hoy mismo ni Cristina Kichner, ni Alberto Fernández, ni Mauricio Macri, ni Javier Milei están llegando a acuerdos por los juicios que tenemos abiertos, que siempre perdemos, y muchos de ellos ya los hemos perdido y no estamos pagando. Cada gobierno tiene su motivo por el cual no lo hace, algunos ideológicos y otros económicos”.
Por otra parte, Maril contó que previo a la estatización “Marsans vació la empresa, utilizó los aviones y los pasó a Iberia. Iberia le daba a Aerolíneas Argentinas los aviones más antiguos y más usados. Es decir, estaba mal manejada”.
Además, el grupo español, cuyos directivos enfrentaron condenas en su país, vendió activos valiosos de la aerolínea, como oficinas en ciudades clave (Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas), simuladores de vuelo esenciales para la capacitación del personal y rutas internacionales estratégicas hacia Europa. Estas acciones redujeron la capacidad operativa y la competitividad de la línea aérea.
Pero Maril aseguró que la expropiación no siguió los pasos apropiados para hacerlo correctamente ni para evitar este tipo de juicios.
Puntualmente, “lo que alega el Titán es que, al ser el nuevo beneficiario del fallo del CIADI, debe cobrar el costo causado por los daños y perjuicios de haber expropiado Aerolíneas Argentinas hace ya más de una década. Es que Aerolíneas Argentina nunca pagó a Marsans nada (1 euro a modo simbólico). A diferencia de Repsol, que le pagamos 5 mil millones de dólares. Todo fue hecho por el Congreso, todo fue expropiado por ley”, precisó el especialista.
En detalle, Marsans dejó de gestionar Aerolíneas Argentinas y Austral, acumulando una deuda cercana a 890 millones de USD, tras haber adquirido ambas compañías en 2001 por un precio simbólico de un dólar a un organismo estatal español. En ese momento, el tesoro español tuvo que hacer aportes de capital por 750 millones de dólares para garantizar su funcionamiento.
Al momento de la expropiación, se llevaron a cabo dos valuaciones: una realizada por el banco privado Crédit Suisse, que estimó el valor de Aerolíneas y Austral entre USD 250 y 450 millones, y otra por el Tribunal de Tasación de la Nación, que determinó un valor negativo superior a USD 760 millones, cifra que los legisladores aceptaron.
En la actualidad, el futuro de la empresa vuelve a estar en debate frente a la intención del Gobierno actual de privatizarla, entregarla a los empleados o cerrarla. Según un informe de Fundar, a pesar de los déficits operativos que acumula la compañía y por lo que debió ser asistida por el Tesoro en los últimos años, dichas opciones serían “las peores” por los costos que acarrea.
“La privatización de Aerolíneas Argentinas es una mala idea ya que implica una caída en la venta de pasajes e incluso disminuye la viabilidad de que pase a manos privadas. A su vez, la quiebra tiene altos costos económicos y sociales en conectividad y turismo sobre todo de cara a una temporada de verano con un tipo de cambio apreciado donde se va a ver reducido el turismo receptivo”, precisó el informe.
Al mismo tiempo, la declaración de quiebra implicaría una pérdida de conectividad, difícil de cubrir por otra línea aérea en el corto y mediano plazo, y se estima un costo económico total de USD 7.614 millones.