Cuál es la propuesta de la Fundación Mediterránea para eliminar las retenciones y por qué dice que es un pésimo impuesto

En un reciente evento de la Fundación Mediterránea, el presidente Javier Milei fue muy bien recibido, incluidas ovaciones de la propia claque libertaria. Eso no impidió que el Ieral, brazo de investigaciones de la entidad, insista, a través de su “Programa de Asistencia al Poder Legislativo”, con una propuesta para eliminar los derechos de exportación (DEX, más conocidos como “retenciones”), que el gobierno mantiene inalterados, pese a sus características distorsivas.

De hecho, la propuesta de la Mediterránea es gradual porque –reconoce- “el contexto macroeconómico exige mucha prudencia; la prioridad es preservar el equilibrio fiscal”. Los DEX, acota, no son los únicos tributos distorsivos que es necesario eliminar y por eso propone un sendero gradualista que permita compensar las pérdidas de ingresos con recaudación de otros impuestos o bajas adicionales del gasto. Así, dice, “la propuesta gana en viabilidad, no entra en conflicto con el equilibrio fiscal ni con la presión por reducir otros impuestos distorsivos”.

Los principales aspectos de la propuesta son:

• Cronograma de reducciones de alícuotas igual para todos los productos. Por caso, un tercio de la alícuota vigente en cada etapa, hasta su total eliminación, lo que daría tiempo a la recuperación de la recaudación de otros impuestos y a la reconversión productiva inducida por la eliminación de las distorsiones de precios relativos que generan las retenciones. La principal ventaja de este aspecto, dice la propuesta, es su transparencia, que elimina la discrecionalidad. Y para hacer más sencillo aún la cuestión, recomienda no distinguir entre operaciones según tamaño de empresas, regiones u otras variables, para no complejizar el proceso de reforma.
• Puerta abierta a que el cronograma converja a cero retenciones para todos los productos o mantenga tasas bajas para algunos bienes primarios, de modo de incentivar su industrialización.
• Recuperación automática (sin tocar otros impuestos) de parte de la recaudación perdida, vía Ganancias (según la alícuota que enfrente el productor por cada peso que aumentan sus ingresos con la baja de los DEX, y de los niveles de evasión) y otros tributos vinculados a la actividad económica, como IVA, impuesto al cheque e Ingresos Brutos (provincial).

Según la propuesta, los sectores gravados recuperan ingresos y aumentan el consumo y a la inversión y así el gasto y la recaudación de impuestos asociados al consumo. Adicionalmente, dice, “la señal de una reducción permanente de la carga tributaria, en un marco de equilibrio fiscal, sería un potente impulso a la actividad en los sectores hoy más gravados con retenciones.

Al respecto, señala la respuesta que tuvo la baja de retenciones de 2016, en especial en el caso del maíz. Según un estudio citado en la propuesta, en esa oportunidad el 67% de la “recaudación perdida” se recuperó vía efectos indirectos. El tercio restante, dice el estudio, se puede compensar eliminando la exención a los inmuebles rurales en el Impuesto a los Bienes Personales (BBPP) y actualizando valuaciones.

“Lamentablemente –observa la propuesta- “en los cálculos de Gasto Tributario del Presupuesto 2025 se omite valuar este componente”. De gravarse los inmuebles rurales al 80% de su valor de mercado, con las condiciones estructurales del Impuestos sobre BBPP para 2025 se podrían generar ingresos por entre 25% y 30% de la recaudación perdida de DEX, dice el estudio. Eso sí, advierte, debería evitarse que las provincias aprovechen para aumentar el “inmobiliario rural”, como ha sucedido incluso con tasas municipales. Las provincias, en tal caso, deberían bajar alícuotas para compensar el revalúo.

Según la investigación, con esas reformas la rentabilidad neta de las empresas aumentaría con un mix impositivo “menos distorsivo” y como Ganancias y Bienes Personales son impuestos de liquidación anual que incluyen anticipos, estos podrían calibrarse teniendo en cuenta su mayor recaudación esperada por la baja de retenciones y la eliminación de la exención de los inmuebles rurales.

La propuesta también contempla que como la mayor parte del aumento de la recaudación asociada sería en impuestos coparticipables y la pérdida derivada recaería sobre la Nación, se justificaría una “asignación específica” para compensar fiscalmente la reducción o eliminación de las retenciones. Y deja algunas cuestiones abiertas. Por ejemplo, si avanzar en una reforma general sobre todos los bienes o priorizar algunos productos o, por simplicidad y para minimizar lobbies sectoriales, reducir los DEX “sin distinciones de ningún tipo, con un sendero de reducción horizontal para todo tipo de posiciones arancelarias y operaciones”

Lo que no se puede hacer, se subraya, es seguir esperando que haya un “espacio fiscal” previo para eliminar un tributo “distorsivo”, pues implicaría “seguir posponiendo una decisión que permitiría la expansión de sectores productivos muy estratégicos y dinámicos”.

Entre otras taras de las retenciones como tributo se explica que al aplicarse sobre commodities con precios dados por el mercado internacional, su incidencia se traslada hacia atrás y afecta final y casi exclusivamente al productor, desalentando la inversión. Como los DEX reducen el precio de los productos en todas las operaciones, ya sea de exportación o venta local, un segundo impacto es subsidiar la demanda interna.

A estos problemas de asignación, que desalientan la producción y la exportación y exacerban el consumo interno de ciertos productos, se suma un tercer impacto muy negativo: “al aplicarse con alícuotas diferentes y no gravar determinados bienes, los DEX distorsionan todo el sistema de precios relativos”. Además, al no ser un impuesto coparticipable, que a su vez impacta negativamente en la recaudación de Ganancias, que sí es coparticipable, daña así en dos instancias a las provincias.

Una evidencia contundente de que las retenciones son un pésimo impuesto es que, según datos de 2021 del Banco Mundial, solo los aplican 31 de 122 países del mundo para los se cuenta con datos tributarios, y en solo 9 de esos 31 su recaudación aporta más del 1% del ingreso tributario del gobierno central.

En eso, la Argentina secundaba entonces solo a Kazajistán y superaba por escaso margen a Rusia. Más revelador aún, dice el estudio, es que ningún otro de los grandes productores y exportadores mundiales de materias primas y alimentos, con los que Argentina compite, los aplica, con la sola excepción rusa. El tributo no existe en EEUU, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Uruguay, Canadá o Italia, por citar algunos exportadores de materias primas y alimentos de peso global.

En la Argentina, en cambio, las retenciones desalentaron el crecimiento de la producción y de la exportación por ser vistos como un coto de caza fiscal: desde su restablecimiento en 2002 y hasta 2023 representaron entre el 2,6% y el 13,4% de los recursos tributarios de Nación. El tope fue en 2008 (año de la fallida resolución 125), en el que aportaron el equivalente al 3,1% del PBI. Este año aportarían entre 1 y 1,1%; mucho menos, pero suficiente como para que su eliminación colisione con la prioridad oficial de mantener el equilibrio fiscal.

Otro aspecto negativo es que las retenciones afectan más la rentabilidad de los productores en los años malos y más aún en el caso de los productores de áreas marginales, aquellos fuera de la “zona núcleo”, la de mayor productividad y rentabilidad agrícola del país. El estudio precisa que en 2022, con buenos precios internacionales y rendimientos “normales” de los cultivos, un productor de zona núcleo tuvo un margen neto de USD 880 por hectárea, con una carga tributaria del 54%, y en 2023, con una fuerte sequía y precios más bajo de los granos, su margen se redujo a USD 262 por hectárea y la carga tributaria aumentó al 64%, básicamente por efecto de las retenciones, que pasaron de llevarse el 33 al 44% de la renta agrícola en su peor momento.

Además, la carga porcentual sobre la zona núcleo, más rica, es menor que sobre la zona extrapampeana, más pobre.

En suma, se trata no solo de un impuesto distorsivo, sino también regresivo, a lo Hood Robin.

Por último, la investigación señala que ninguno de los más de 10 proyectos presentados en el Congreso para reducir o eliminar las retenciones contempla la compensación de los recursos perdidos y que están en general sesgados al beneficio de la provincia de los legisladores proponentes.