Cómo es el plan del Gobierno para privatizar las concesiones de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas

El Gobierno de Javier Milei espera poner en marcha en diciembre su plan de dos etapas para tener listas las concesiones a mediados de 2025 más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y autopistas de la Argentina. Se trata de 13 corredores que actualmente están administrados por el Estado a través de la empresa pública Corredores Viales S.A., otras que se le vencen a la privada Caminos del Río Uruguay S.A. y tramos nuevos que aún se encuentran sin adjudicar. La proyección es de un ahorro equivalente a USD 6.100 millones en los próximos 15 a 20 años, según detallaron a Infobae fuentes oficiales.

El sistema “Red Federal de Concesiones” contempla un proceso de licitación pública nacional e internacional bajo el régimen de la Ley N°17.520, de concesiones, y que fue modificada por la Ley N° 27.742 o “Ley Bases”. El procedimiento estará a cargo del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, y por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher. No se trata de un modelo de construcción de nuevas rutas y/o autopistas.

La primera etapa está integrada por el Tramo Oriental (RN 12 y RN 14) y la Conexión Rosario-Victoria. La convocatoria se lanzará en diciembre de 2024, con adjudicación prevista para abril de 2025. La segunda, compuesta por los tramos I al X y algunas de las principales rutas nacionales del país, se licitará en febrero de 2025, con adjudicación en julio de 2025.

Al momento de adjudicar se elegirá la empresa que ofrezca la menor tarifa al usuario, pero no habrá ningún canon al Estado pero tampoco subsidios para las compañías. Sin embargo, los precios de los peajes continuarán siendo los vigentes al momento de la adjudicación hasta que se garanticen las condiciones óptimas de transitabilidad de los corredores: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical, al igual que iluminación.

El Estado definirá una tarifa tope y un sistema de actualización trimestral, que estará especificado en los pliegos de cada licitación. Los cuadros tarifarios se indexarán según fórmulas prefijadas que contemplan diversos índices del Indec, aunque no hubo más precisiones.

El sistema “Red Federal de Concesiones” fue presentado el 29 de octubre por el Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, y contó con la asistencia Caputo y el Secretario de Transporte, Franco Mogetta, y de otras autoridades nacionales. Además, participaron representantes de sectores empresarios, organismos y bancos multilaterales como como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), YPF y el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto a cámaras empresariales y asociaciones del ámbito vial, del transporte y del comercio.

El proyecto comenzará con la concesión de dos tramos del Corredor 18, cuya concesión vence en abril de 2025 y que incluye la Ruta Nacional 12, la Ruta Nacional 14 y el Puente Rosario-Victoria. Este corredor atraviesa Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y representa una vía de conexión clave entre el centro y el noreste del país.

El Gobierno convocará a la licitación en diciembre de 2024, con el objetivo de adjudicar el tramo en abril de 2025, lo que permitirá que las empresas concesionarias se hagan cargo de la infraestructura de inmediato. Este corredor es estratégico por la intensidad del tránsito que soporta, tanto para transporte de carga como para vehículos particulares. Según el proyecto, se espera que la empresa que obtenga la concesión garantice una serie de condiciones en la infraestructura antes de aplicar las tarifas acordadas.

La segunda fase del proyecto de concesión abarca una porción mayor de la red vial nacional, sumando 8.470 kilómetros de rutas, la mayoría de los cuales están actualmente gestionados por Corredores Viales S.A.. En esta fase se incluyen rutas que anteriormente no estaban concesionadas, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la Ruta Nacional 18 en Entre Ríos y un tramo de la Ruta Nacional 19 en Córdoba. Esta etapa se dividirá en once tramos, y el proceso de licitación se abrirá en febrero de 2025, con adjudicación prevista para julio.

Este conjunto de rutas representa el 20 por ciento de la red vial nacional pero concentra el 80 por ciento del tránsito de la red, lo que implica que su mantenimiento es crítico para la economía y la logística nacional. Al otorgar la concesión de estas rutas, el Gobierno espera reducir los gastos de mantenimiento y liberar recursos para otras áreas prioritarias, garantizando que los concesionarios cumplan con estándares de calidad específicos.

El esquema de concesiones propuesto introduce varias características que buscan mejorar la gestión de las rutas y ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Entre los elementos clave del proyecto se incluye la concesión autosustentable. Según los términos, las empresas que resulten concesionarias no pagarán un canon al Estado y se financiarán exclusivamente con la recaudación de peajes. “Este modelo autosustentable reduce la dependencia de fondos públicos, asegurando que las concesionarias sean responsables de su solvencia financiera”, explicó el Gobierno.

Además, el sistema implementará un criterio de “mejor tarifa ofertada” para adjudicar los tramos. Bajo esta premisa, se seleccionará la oferta con la menor tarifa de peaje para el usuario, en un intento por reducir el costo directo de los servicios de infraestructura en comparación con los sistemas de concesión anteriores. Las tarifas estarán sujetas a una actualización trimestral mediante fórmulas prefijadas que tomarán en cuenta diversos índices económicos del INDEC.

Para mejorar la transparencia y garantizar la competencia, el proceso de adjudicación estará abierto a la participación de actores no solo del ámbito de la construcción vial, sino también de otros sectores del ámbito privado, lo que podría incluir empresas de tecnología y transporte, entre otros. Esto, afirman las autoridades, busca generar un ambiente de competencia donde se beneficien tanto los usuarios como el Estado.

Uno de los requisitos específicos que deberán cumplir las concesionarias es mantener las rutas en condiciones óptimas antes de aplicar tarifas nuevas. Esto implica que, antes de poder ajustar las tarifas, las empresas tendrán que asegurar bacheo, mantenimiento de banquinas, señalización y iluminación en el tramo concesionado. Esta medida pretende asegurar la calidad de la infraestructura y evitar situaciones de abandono o deterioro que afecten a los usuarios.

En cuanto a las tarifas, cada pliego de licitación establecerá un tope tarifario que las concesionarias podrán cobrar, y este valor se actualizará trimestralmente. La fórmula de actualización tomará en cuenta indicadores de costos e inflación publicados por el INDEC, lo que permitirá a las empresas ajustar las tarifas sin afectar bruscamente a los usuarios.

El nuevo esquema de concesión también busca actualizar los sistemas de pesaje para controlar la carga de los vehículos, evitando el deterioro prematuro de las rutas causado por exceso de peso. En este sentido, se incorporarán controles de pesaje dinámico y se actualizarán los sistemas de control estáticos, lo que permitirá una fiscalización más eficiente. Estos controles no solo protegen la infraestructura, sino que también contribuyen a reducir los gastos de mantenimiento a largo plazo, evitando el desgaste desproporcionado de las rutas.

Además, se implementarán métodos de pago dinámicos, promoviendo el uso de vías TelePASE y sistemas de pago sin detención o free-flow. “Este sistema facilitará el flujo vehicular y reducirá la congestión, mejorando la experiencia de los conductores y minimizando el tiempo de espera en los peajes. El free-flow se incorporará de forma progresiva en los tramos de mayor tránsito”, sostuvieron.

El rol de Vialidad Nacional será clave en la supervisión de las concesiones, ya que el organismo actuará como ente de control y se encargará de auditar el estado de las rutas y de verificar que las empresas concesionarias cumplan con los objetivos de calidad y mantenimiento. A través de inspecciones regulares, se medirán parámetros como el estado de las calzadas, la señalización y otros elementos esenciales para la seguridad y transitabilidad. Este sistema de control garantizará que los usuarios reciban un servicio de calidad, a la vez que permitirá la intervención estatal en caso de incumplimientos.