El cóctel resultó de lo más efectivo para bajar el riesgo país: ingreso de dólares por el blanqueo y un alto nivel de liquidación del agro, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos que hace presumir un fuerte apoyo a la administración de Javier Milei, expectativa que creció tras la confirmación de la reunión entre ambos la próxima semana, y la frutilla del postre, la baja de la tasa de interés decidida por la FED. El combo de “coincidencias”, que encontró al Gobierno con la inflación claramente a la baja, las cuentas públicas más sanas y con la economía dando los primeros pasos en el camino de la recuperación tras el ajuste, permitió esta semana marcar un nuevo hito. Fue el miércoles cuando el riesgo país perforó la barrera de los 900 puntos básicos y deja al país ya mucho más cerca de volver al mercado de capitales.
Sin embargo, “mucho más cerca” implica un desafío adicional no menor que, a priori, no luce un objetivo tan sencillo de superar en el cortísimo plazo. Es que, para recuperar el acceso al mercado los analistas calculan que la tasa de riesgo de riesgo debería bajar al menos otros 300 puntos básicos más, para situarse entre 500 y 600 puntos básicos. Ese nivel permitiría a la Argentina refinanciar sus deudas sin sobresaltos. No luce una realidad inminente.
Pero entre un nivel de riesgo país por encima de los 1000 puntos que hace inviable con operación en los mercado de capitales globales y una tasa de la mitad que habilite el acceso al financiamiento existe un punto intermedio que es, al menos por ahora, al que llegó la Argentina. Si bien no habilita a nuevas colocaciones, acercarse a los 800 puntos sí facilitaría la postergación de vencimientos de la deuda mediante un canje tendiente a descomprimir la presión de los pagos de la deuda no sólo sobre las cuentas fiscales sino también sobre las reservas del Banco Central.
“A pesar del reciente repunte de los bonos soberanos, que han registrado subas promedio del 30% en los últimos tres meses, los precios siguen reflejando una prima de riesgo considerable en comparación con otros mercados emergentes. Esto sugiere que a pesar de haber un avance, el mercado aún mantiene dudas sobre la capacidad de pago del Tesoro”, apuntó un informe reciente de la consultora Delphos. Esas dudas son las que dificultan la posibilidad de refinanciar los próximos vencimientos. Sin contar los pagos de enero que ya están cubiertos, el Tesoro deberá afrontar vencimientos por unos USD 7.000 millones, lo cual no representa una obstáculo insalvable pero, a partir de ese momento, los vencimientos acumulan unos USD 10.000 millones por los siguientes dos años para volver a aumentar en 2028.
Para hacer frente a estos compromisos -apuntó el informe-, el Tesoro cuenta con tres opciones: realizar los pagos en efectivo, refinanciar la deuda u ofrecer un canje voluntario.
Aunque no imposible, la primera opción luce difícil mientras que la colocación de bonos en mercados internacionales “requeriría que el riesgo país mantenga una tendencia a la baja, idealmente alcanzando niveles de aproximadamente 500 puntos básicos, por lo que aún nos encontramos lejos de este escenario”.
En cambio, suponen en Delphos, la Argentina se encuentra en el escenario intermedio en el que podría incurrir en canje voluntario que resulte favorable tanto para los inversores como para el Tesoro, aliviando su perfil de pagos.
Aunque no hubo aún avances concretos en esa dirección, el equipo económico preparó el terreno para una operación de esas características mediante un decreto necesidad y urgencia (DNU 846/2024) que habilita al Gobierno a reestructurar deuda en moneda extranjera sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera (LAF). Es decir, ya no será necesario que consiga dos de tres posibles mejoras en términos de plazo, intereses o quita de capital para llevar adelante un eventual canje de deuda. La norma es, en rigor, una extensión del decreto que durante la gestión anterior se dictó para aplicar a la deuda en pesos.
La medida resultaba imprescindible ya que, dado el bajo cupón que pagan actualmente los títulos en dólares, resulta casi imposible obtener una mejora en ese frente y que, al mismo tiempo, la oferta resulte atractiva para los inversores. De ahí que, en función de estirar el plazo, el Gobierno deberá ofrecer instrumentos más rentables.