El Ministerio de Economía envió este jueves a la Securities and Exchange Commision (SEC), la entidad reguladora de los mercados financieros de los Estados Unidos, un documento que presenta una vez por año en el que detalla cuál es el estado de la economía argentina, y en el que si bien reconoció una apreciación cambiaria acumulada a lo largo del año, aseguró que el tipo de cambio todavía es competitivo, ratificó que activará privatizaciones como uno de los pilares del plan económico y alertó sobre los juicios que el país tiene abiertos en los tribunales norteamericanos como un “factor adverso”.
Ante la comisión de valores norteamericana, el extenso documento (que en la jerga financiera se conoce como 18-K) firmado por el secretario de Finanzas Pablo Quirno, el Palacio de Hacienda hizo un repaso amplio de los acontecimientos de los últimos años de la economía y la política argentina, algo que forma parte de las formas habituales en este tipo de comunicación ante los inversores en Wall Street.
El Gobierno dio pocas pistas sobre cuestiones que el mercado busca definiciones, entre ellas qué hará con el esquema cambiario ante un escenario financiero mucho más favorable que hace cuatro meses, con una brecha cambiaria en niveles mínimos desde el cambio de gobierno y cotización de los activos argentinos que tocan su techo. O, por otra parte, cuál será el devenir de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el regreso eventual a los mercados de capitales internacionales, un objetivo que el equipo económico se planteó para mitad de 2025, cuando tenga que hacer frente al segundo pago de cupones de la deuda.
De todas formas, Economía explicó ante Wall Street en detalle su plan económico y defendió el esquema de crawling peg elegido tras la devaluación de diciembre, de 2% mensual, como ancla inflacionaria. “El Banco Central ha complementado su objetivo estructural de acumular reservas internacionales con una estrategia de corto plazo consistente en manejar la volatilidad del tipo de cambio nominal para impulsar la estrategia antiinflacionaria y promover una asignación más eficiente de divisas a través de la regulación cambiaria”, planteó el equipo económico.
En ese sentido, reconoció que “el Banco Central mantuvo una tasa de depreciación relativamente limitada, con el fin de contribuir al proceso desinflacionario” y que “el menor dinamismo del tipo de cambio condujo a una apreciación del Índice Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), pese a lo cual este indicador se mantiene en niveles competitivos consistentes con el promedio de los últimos 24 años”, plasmó en el documento.
El Gobierno afirmó que “el menor dinamismo del tipo de cambio condujo a una apreciación del Índice Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), pese a lo cual este indicador se mantiene en niveles competitivos consistentes con el promedio de los últimos 24 años”
Por otro lado, mencionó que el ajuste fiscal para llegar al déficit cero en el primer año fue una de las bases del plan económico y que la política tarifaria tuvo que ser balanceada entre esa meta y la de desaceleración de la inflación. “En 2024, para estabilizar el sector energético, la Secretaría de Energía implementó ajustes tarifarios, con postergaciones temporales hasta mediados de 2024 para apoyar el proceso de desinflación”, explicó Economía y que “las actualizaciones de precios y tarifas de electricidad y gas se reanudaron a partir de agosto para evitar distorsiones y preservar la sostenibilidad económica del sector energético. El marco de subsidios revisado busca equilibrar la consolidación fiscal con la protección social, centrándose en los sectores vulnerables y corrigiendo gradualmente las tarifas de energía para reflejar los costos reales”.
El Gobierno, en tanto, ratificó que buscará avanzar con ventas totales o parciales de empresas en manos del sector público. El gobierno de Milei también ha anunciado objetivos de privatización de varias empresas estatales de diversos sectores (...) que autorizó la privatización total o parcial de ciertas empresas de propiedad total o mayoritaria del Estado. Esta iniciativa de privatización forma parte del objetivo más amplio del gobierno de Milei de reducir el gasto público, modernizar el sector público y promover una administración pública más ágil y eficiente”.
Incluso en una mirada histórica, el equipo económico defendió la idea de privatizaciones al citar lo que sucedió durante la convertibilidad. “Una parte importante de las entradas de capital a principios y mediados de los años 1990 se debió a la privatización de entidades estatales que atrajeron capital privado extranjero. La inversión directa neta en Argentina alcanzó su punto máximo en 1999 con la culminación de la privatización de YPF, un proceso que había comenzado en 1992. A partir de 2002, las políticas macroeconómicas y la expropiación de empresas privadas, incluido el 51% de las acciones de YPF, dieron como resultado una disminución significativa de las entradas de capital provenientes de la inversión directa”, consideraron.
Juicios en el exterior y factores de riesgo
Uno de los elementos que suelen formar parte de los formularios 18-K es el estado de las demandas que un país afronta en tribunales extranjeros. En el caso argentino ese apartado es amplio, e incluye juicios con alto perfil, como el del estatización de YPF, los reclamos en EEUU e Inglaterra por los cupones PBI y las demandas ante el Ciadi. También otros menos conocidos, como procesos abiertos, por montos menores, en España y Alemania por deuda defaulteada.
Sobre los cupones PBI, el equipo económico anticipó que en varios de los frentes legales abiertos que afronta hay fechas próximas de respuesta para continuar con el proceso legal y evitar fallos desfavorables. El 11 de noviembre próximo tendrá lugar una primera instancia de defensa ante uno de los juicios abiertos por el pago de cupones PBI que, reclaman los tenedores, fue incumplido por parte del Estado nacional. El caso más reciente conocido, por el que el 25 de septiembre pasado un grupo de seis acreedores con ese tipo de títulos en su cartera iniciaron un segundo reclamo por el “fondo” de la cuestión y que busca cobrar USD 1.300 millones, tendrá tiempo hasta el 26 de noviembre para responder la demanda renovada.
El futuro de este tipo de juicios, que pueden tener un costo considerable para las arcas del Banco Central forman parte de los “factores adversos” potenciales para la economía que el Gobierno menciona en el documento
El futuro de este tipo de juicios, que pueden tener un costo considerable para las arcas del Banco Central –la Corte Suprema inglesa rechazó la última apelación argentina en el caso de los cupones PBI en esa jurisdicción y quedó a tiro de tener que pagar USD 1.500 millones– forman parte de los “factores adversos” potenciales para la economía que el Gobierno menciona en el documento. Si bien este tipo de declaraciones formales son comunes –los prospectos de emisión de bonos también suelen incluirlos– el equipo económico mencionó que no implican “estimaciones, expectativas y proyecciones” oficiales.
Pero hizo un listado extenso de factores que implican “riesgos e incertidumbres inherentes” y aclaró que “hay varios factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente”.
Entre los factores internos listó: aumentos de la inflación; aumentos de las tasas de interés internas; eventos de salud pública nacionales o internacionales, incluido el brote de pandemias o enfermedades contagiosas, y su posible impacto en la economía y las finanzas del gobierno; y volatilidad del tipo de cambio, cualquiera de los cuales podría conducir a un menor crecimiento económico o a una disminución de las reservas internacionales de Argentina.
Mencionó que el ajuste fiscal para llegar al déficit cero en el primer año fue una de las bases del plan económico y que la política tarifaria tuvo que ser balanceada entre esa meta y la de desaceleración de la inflación
Como elementos externos enumeró: disminución de la inversión extranjera, que podría privar a la economía argentina del capital necesario para el crecimiento económico; cambios en los precios internacionales (incluidos los precios de las materias primas) y altas tasas de interés internacionales, cualquiera de los cuales podría aumentar el déficit de cuenta corriente y los gastos presupuestarios de Argentina; y recesión o bajo crecimiento económico en los socios comerciales de Argentina, que podría reducir las exportaciones de Argentina y la competitividad internacional del país, inducir una contracción de la economía argentina e, indirectamente, reducir los ingresos fiscales y otros ingresos del sector público y afectar negativamente las cuentas fiscales del país, reza el documento.
Por último, otros factores adversos son: eventos climáticos; “el estallido de hostilidades militares, incluido el conflicto militar que involucra a Rusia y Ucrania, el conflicto en Gaza y las interrupciones en las operaciones de transporte marítimo en el Mar Rojo”, y la incertidumbre política; y “resultados adversos en litigios y procedimientos de arbitraje en curso en varias jurisdicciones que pueden conducir a nuevas sentencias y laudos contra Argentina”.