- Estados Unidos fijará su posición en el juicio por expropiación de YPF después del 5 de noviembre.
- El fondo Burford reclama embargos de activos argentinos en el exterior, invocando la teoría del “Alter Ego”.
- La jueza Loretta Preska decidirá sobre la posible intervención de un mediador especial, según analistas.
Lo esencial: tras el plazo de pausa solicitado por el gobierno de Estados Unidos, el caso de la expropiación de YPF avanza en Nueva York, donde se analiza el pedido del fondo Burford Capital de embargar activos de empresas argentinas bajo control estatal. La demanda, que ya tiene una sentencia favorable de USD 16.000 millones, podría implicar restricciones sobre bienes de empresas argentinas en el exterior. Analistas sugieren que Estados Unidos podría recomendar la designación de un mediador especial para evitar escaladas en el conflicto. Un fallo desfavorable podría habilitar embargos.
El juicio por la expropiación de YPF se encamina a tener novedades a partir de la próxima semana, cuando se cumpla el plazo de pausa solicitado por el gobierno de Estados Unidos ante el juzgado de Loretta Preska hasta después de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, con la intención de fijar su posición respecto de la definición del capítulo del “Alter Ego”, por el cual el demandante Burford Capital reclama embargos de los activos en el exterior de empresas argentinas con mayoría pública.
Burford, demandante junto con Eton Park en la causa que ya cuenta con una sentencia favorable de más de 16.000 millones de dólares, pidió en marzo el derecho de embargar activos financieros y físicos de la Argentina ante la continuidad del juicio en la Cámara de Apelaciones de Nueva York (que se estima estiraría una definición por lo menos hasta mediados de 2025) y como garantía de cobro futuro, aplicando la teoría del “Alter Ego”, que se basa en la consideración de que YPF, Enarsa, el Banco Central y el Banco Nación forman parte del Estado Nacional.
“No me sorprendería si EEUU sugiriera que la jueza Loretta Preska designe un mediador especial para ayudar a ambas partes a resolver la disputa” (Maril)
El especialista Sebastián Maril consideró que tras las elecciones de la próxima semana “es probable que Estados Unidos recomiende que la jueza Preska se abstenga de ordenar la transferencia de las acciones de YPF a los beneficiarios de la sentencia, teniendo en cuenta la relación entre dos naciones aliadas”.
“Sin embargo, también creo que los Estados Unidos entiende perfectamente que una nación soberana amiga (Argentina) violó las leyes locales del mercado de capitales. Por esta razón, no me sorprendería si también sugirieran que la jueza Loretta Preska designe un mediador especial para ayudar a ambas partes a resolver la disputa”, añadió el CEO de Latam Advisor.
La causa
La causa que tramita en Nueva York se basa en la manera en que, en 2012, el Congreso Nacional aprobó la ley que autorizó la toma del control accionario mayoritario de YPF, sin tener en cuenta los derechos de los accionistas minoritarios.
Burford litiga en nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías abiertas por el Grupo Petersen para la adquisición del 25% de YPF, pero que al inicio de la demanda ya no le pertenecían
La demanda fue iniciada en 2015 por los fondos Burford y Eton Park, que reclaman por la forma del proceso de renacionalización de YPF comenzado el 16 de abril de 2012 que culminó con la salida de Repsol de la petrolera argentina. El fondo Burford, especializado en litigios complejos, compró en los tribunales madrileños los derechos a litigar de uno de los socios privados de la petrolera sobre la base de los daños que el pago del Estado argentino a Repsol les infligió al 49% restante de los accionistas de YPF, los que no recibieron resarcimiento alguno.
Burford litiga en nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías abiertas por el Grupo Petersen para la adquisición del 25% de YPF, pero que al inicio de la demanda ya no le pertenecían y se encontraban en proceso de quiebra en el Juzgado Mercantil N° 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar, posibilidad que fue adquirida por Burford Capital.