El Gobierno allanó el camino para privatizar empresas públicas en la Bolsa

La Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo encargado de regular el mercado financiero local, dio a conocer la aprobación de un régimen informativo especial con el objetivo de hacer más fácil el proceso de privatización de las empresas públicas a través de la venta de las acciones que tiene el Estado argentino en la Bolsa.

La medida está directamente apuntada a las compañías que quedaron sujetas a privatizar tras la sanción de la Ley Bases y otorga un plazo de dos años para adaptarse a las regulaciones que deben seguir las firmas en la presentación de sus balances.

La Resolución General 1024/2024 de la CNV fijó el nuevo régimen de información contable especial, de carácter transitorio, que busca flexibilizar y simplificar los requisitos para las empresas que quieran cotizar en bolsa, es decir, el régimen de oferta pública de acciones. La alternativa de que las empresas que se vayan a privatizar hagan una oferta pública de acciones es “una de las alternativas más idóneas para llevar a cabo este proceso”.

En virtud de ello, a fin de posibilitar el proceso de adecuación de la estructura operativa, administrativa y de sistemas de las entidades, se estableció un plazo temporal de dos (2) años, para la presentación de estados financieros confeccionados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y la obligación de presentar una reseña informativa firmada por el representante legal, con información simple y sintética por los períodos intermedios durante dicho período de transición, lo que simplificará el proceso.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, resaltó que “buscamos flexibilizar y simplificar el proceso para que las entidades públicas puedan privatizarse vía el mercado de capitales” y detalló que “queremos facilitar la presentación de balances, algo que les cuesta cumplir a sociedades en manos del Estado, acompañando así las medidas del Gobierno Nacional”.

La medida alcanza a las entidades “sujetas a privatización”, comprendidas en el artículo 7° de la Ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, en los términos y con los efectos de los Capítulos II y III de la Ley N° 23.696. Estas son Vialidad Nacional S.A, Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A.

En tal sentido, la normativa resultará aplicable a determinadas empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional, como a otras entidades contempladas en la Ley N° 23.696, a todas aquellas entidades que en el futuro sean declaradas como “sujetas a privatización”, así como también a toda empresa o sociedad comprendida en el artículo 8°, inciso b) de la Ley N° 24.156.

Transcurrido el período de transición, las entidades deberán presentar sus estados financieros conforme a las NIIF y ajustarse plenamente a las disposiciones aplicables al régimen de oferta pública, según el régimen que se solicite.

“Esta medida asegura una integración paulatina y ordenada de las entidades privatizadas al mercado, garantizando el cumplimiento de los estándares de transparencia y buen gobierno corporativo”, concluyó la CNV.

Además, el régimen contempla una flexibilización en cuanto a la cantidad de información financiera detallada que las empresas deben presentar durante el proceso de transición. Se trata de una medida pensada para reducir las cargas administrativas y hacer más ágil la preparación de las empresas que el Estado planea privatizar en los próximos años. Esta política forma parte de un paquete más amplio de medidas económicas que buscan reducir el tamaño del Estado, optimizar los recursos públicos y fomentar el desarrollo de los mercados de capitales, promoviendo la inversión privada en sectores estratégicos.