Los juicios por accidentes laborales se acercan al récord y podrían derivar en un mayor costo para las empresas

Mientras desde el Gobierno trabajan para reducir burocracia y bajarle costos innecesarios a las empresas, con derogación de normas viejas y nuevas medidas, en el ámbito judicial no sucede lo mismo. La litigiosidad en materia laboral está volviendo a crecer fuerte y atenta contra los intentos oficiales de lograr que el sector privado sea más competitivo. Lo advirtió días atrás el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, durante el coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y lo constatan los datos, que muestran un rebote importante de lo que los empresarios llaman “industria del juicio”.

El directivo, y además abogado laboralista, se refirió a las multas en los juicios laborales que “siguen siendo un problema que no se logró corregir pese a los intentos de reforma” y también habló de un repunte en los juicios por riesgos de trabajo, que genera una gran preocupación en las empresas porque si el escenario actual no cambia, esta mayor litigiosidad podría verse trasladada a un mayor costo de las ART para las compañías.

“Vemos que el índice de litigiosidad ha vuelto a crecer, y eso es algo que debemos corregir urgentemente. La ley de riesgos de trabajo sirvió en su momento, pero ahora estamos ante una nueva ola de demandas”, señaló Funes de Rioja, quien agregó: “Este aumento en los litigios representa un costo significativo para las empresas, que enfrentan no solo las demandas de los trabajadores, sino también el rol de los peritos y abogados, cuyos honorarios están directamente relacionados con el monto de las indemnizaciones. Es un una calamidad que persiste”.

De acuerdo con un exhaustivo informe realizado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), desde el 2017, año récord en presentación de demandas por accidentes laborales y año en el que se reformó la Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 27.348), la cantidad de juicios comenzó a descender, pero a partir del piso que encontró en 2020, tras la pandemia, el crecimiento fue exponencial. El año pasado se iniciaron 117.348 nuevas demandas y la estimación para este año indica que habrá unos 124.000 nuevos juicios, según indicó a Infobae la presidente de la UART, Mara Bettiol.

La Ley que reformó el sistema en 2017 exigía al poder judicial de las provincias adheridas que se cree el Cuerpo Médico Forense con profesionales elegidos por concurso; que cobren honorarios por acto médico y no acoplados al monto de la sentencia; que utilicen adecuadamente el Baremo de la Ley (tabla de medición de incapacidades) para determinar los daños sufridos y el Listado de Enfermedades Profesionales y que intervengan en todos los casos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, como no tiene desarrollado su fuero laboral, esa competencia le corresponde a la Corte Suprema.

Pero excepto en Mendoza, en el resto de las jurisdicciones, esos cuerpos médicos nunca fueron creados, por lo que lo que hoy sucede es que actúan los peritos y determinan, en el juicio, que existe una incapacidad cuando en muchos casos no la hay. “Si estuviera ese cuerpo médico forense conformado, el perito muy probablemente coincidiría con las comisiones médicas y la incapacidad sería 0%”, aclaró Bettiol, quien mostró la preocupación de la industria debido a que hay menos siniestros y mejores servicios y beneficios, pero cada vez más juicios.

Un comunicado de la UART de hace algunos días había planteado esta inquietud: “A pesar de la disminución constante de accidentes y de los fallecimientos en el ámbito laboral, de la menor gravedad de los mismos, de la atención inmediata, oportuna e integral, de la actualización permanente y automática de las indemnizaciones dinerarias y de las reformas normativas en línea con la jurisprudencia, los reclamos judiciales no dejan de crecer”. Y agregaba que “es poco o nada entendible que el procedimiento para acotar la litigiosidad no se haya implementado aún luego de 7 años y medio”.

Habitualmente, cuando un trabajador tiene un accidente en el ámbito laboral o en el trayecto al trabajo o de vuelta a la casa, la ART contratada por su empleador responde y cubre los costos de su atención médica. En muchos casos, la empresa le determina que quedó con 0% incapacidad, y lo mismo le dicen en la comisión médica, que maneja la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Sin embargo, muchos deciden plantear un juicio y es ahí donde actúan los peritos, que cobran en función del resultado de la demanda.

“Se le genera una incapacidad cuando no la hay, y además le suman los intereses luego. En 2023 hicimos un estudio y de todos los juicios ingresados, que fueron 117.000, el 88% fueron casos de 0% incapacidad. Todavía no están resueltos, pero muy probablemente terminen con un promedio de 12% de incapacidad”, detalló la presidenta de la UART. Explicó Bettiol que el costo promedio del punto de incapacidad ronda los 800.000 pesos.

Con respecto a la alícuota que las ART le cobran a las empresas para asegurar a los trabajadores, hoy se ubica en un promedio del 2,5%, pero en el sector advierten que si tuvieran que tarifar todos los juicios, hoy debería ser de 4,41%.

“Uno aspira a que eso no pase eso porque también nos importa que las empresas sean competitivas. No es una litigiosidad que corresponda. El juicio tiene que ser excepcional. Este volumen de juicios que estamos teniendo no tiene nada que ver con la gestión del sistema. Pero se torna insostenible porque son cosas que no fueron tarifadas, no hay dinero para eso”, dijo Bettiol.

En la actualidad hay 270.000 juicios sin resolver, de los cuales la provincia de Buenos Aires tiene el 40% y otro 20% son de la Ciudad de Buenos Aires.