El Gobierno puso en marcha desde este miércoles una serie de cambios en el comercio exterior por la vía de eliminación de un grupo de regulaciones aduaneras que, asegura, implicaban un sobrecosto para importadores y exportadores a través de mecanismos de la Aduana que no estaban involucrados en la administración impositiva ni en el control de fronteras.
Las medidas fueron presentadas ayer martes en una rueda de prensa por parte del ministro de Desregularización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, (AFIP) Florencia Misrahi, y la directora de Coordinación y Evaluación Operativa de la Aduana, Gladys Morando.
Dos de esas medidas fueron publicadas esta medianoche en el Boletín Oficial. La primera implica la eliminación de lo que en la normativa se conoce como el “canal rojo valor” para las importaciones. Es el esquema en el que quedaba un importador si traía el país mercadería que excedía el precio establecido como regular o mínimo por la Aduana.
Ese canal rojo le implicaba la necesidad de contratar una garantía –que en el Gobierno estiman que implicaba un sobrecosto adicional de 1% para cada caso– mientras esa mercadería quedara a disposición de la Aduana, que no tenía plazos máximos para expedirse.
Al eliminar la AFIP ese valor criterio, el mecanismo de garantía deja de tener sentido. Un grupo de sectores puntuales contaban con este tipo de sistemas que implicaban un nivel mayor de protección aduanera, entre ellos hilados y tejidos, calzados, neumáticos, plásticos, juguetes, griferías, acero y herrajes, entre otros, señalaron desde el Ejecutivo.
También se derogaron “las estampillas verdes” que se aplicaban a algunos productos desde 1987, y que “aseguraba que se había pagado los derechos de importación”, explicó Misrahi. Por su parte Morando dijo que esto “no implica que no se sigan haciendo controles” para evitar el contrabando, sino que los mismos “se pueden realizar después” de ingresadas las mercaderías.
Para la semana próxima, la AFIP está preparando otras dos resoluciones por la cual dejará sin efecto una norma de fines de 1999 y que le permitía a las cámaras empresarias designar “observadores” para ver que se cumpliera con el “Valor criterio” o cuestionar la calidad de los productos importados. No tenían poder de veto, pero “alguna relevancia tenía”, dijo Sturzenneger.
Además, se eliminarán los valores de referencia de exportación, que tenían un procedimiento similar a los de importación. En ese caso “nunca se gatilló la garantía, ni una sola vez. Era un sobre costo que tenían que pagar, en este caso los exportadores, y de esta manera, les mejoramos la competitividad” , dijo Sturzenegger.
Morando aseguró que a pesar de la baja de estas medidas “no cambia en nada los debidos controles sobre sub facturación o sobre facturación”, los cuales podrá hacer la AFIP a través de otros medios.
En ese sentido, aseguran que sin los precios de referencia ese tipo de controles no se eliminan, sino que se realizarán ex post, en el caso de que la AFIP o Aduana detecten que una empresa concretó exportaciones a valores que difieran de los que tienen registrado en los últimos meses para ese mismo producto.
El gobierno ya ha comenzado a implementar su agenda de desregulación en distintos sectores. Un ejemplo reciente es la liberalización del transporte automotor de larga y mediana distancia, donde se ha eliminado la mayoría de las restricciones que afectaban a las empresas de transporte.
Ahora, los transportistas podrán establecer libremente los recorridos, horarios, precios y la duración de los servicios, generando una mayor competencia que, según las autoridades, beneficiará tanto a los usuarios como a las empresas.
Otro de los próximos pasos será la presentación de la denominada “Ley Hojarasca”. Este proyecto, impulsado por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, busca derogar 75 leyes que se consideran obsoletas.
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