El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, dio marcha atrás con la decisión de incrementar del 7,5% al 15,5% la alícuota de Ingresos Brutos a la actividad financiera, una decisión que había provocado el rechazo del sistema financiero, en particular del Banco Nación que respondió con el anuncio del cierre de 9 sucursales en territorio pampeano. Otros bancos privados analizaban seguir el mismo camino.
Para compensar lo que planeaba recaudar con ese aumento, el gobierno pampeano decidió que fijar una alícuota del 20% únicamente para el Banco de la Provincia de La Pampa, durante el término de 4 meses. Con esos fondos, Ziliotto afrontará los gastos del programa alimentario provincial, ya que el aumento de Ingresos Brutos tenía asignado ese destino en forma específica. El bloque oficialista presentará un proyecto de ley “mediante el cual sólo aportará la entidad bancaria provincial, pasando de 15,47% al 20% la alícuota mencionada”, que tendrá “urgente tratamiento”, según el gobierno provincial.
Si el Banco de La Pampa es el único en pagar una alícuota del 20% se llegará a una curiosa disyuntiva: o sus clientes pagarán una sobretasa en sus préstamos en relación al resto de los bancos o bien la entidad absorberá ese costo, es decir, la provincia se pagará un impuesto a sí misma
Ante el retroceso del gobierno pampeano, se estima que el Banco Nación dejará sin efecto el cierre de las 9 sucursales y la gerencia zonal local, tal como había anunciado días atrás. Esa decisión podría formalizarse cuando la Legislatura haga efectivo el cambio de las alícuotas.
La decisión de Ziliotto se conoció en la sede del Nación en el microcentro porteño mientras se llevaba a cabo una reunión entre el presidente de la entidad, Daniel Tillard, y representantes de la cámara de comercio y de estaciones de servicio de La Pampa, y los legisladores de esa provincia Daniel Kronenberger (UCR), Martín Maquieyra (PRO), Marcela Coli (UCR) y Victoria Huala (PRO).
El origen del conflicto
La controversia comenzó cuando el gobierno pampeano, para solventar el programa alimentario, decidió duplicar la alícuota de Ingresos Brutos para dos sectores: los bancos y los juegos de azar. La medida se anunció como una emergencia que estaría vigente solo hasta fin de 2024 y no sería renovada en 2025.
Con el Nación a la cabeza, los bancos manifestaron su oposición alegando que la decisión encarecería, aún más, el acceso al crédito y a los servicios financieros. La entidad estatal cerró su gerencia zonal y luego anunció el cierre de 9 de las 14 sucursales que posee en la provincia, ubicadas en 9 localidades: Bernasconi, Colonia Barón, Eduardo Castex, General Acha, Guatrache, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Winifreda y Victorica. En ellas trabajan 80 empleados.
En todo el territorio de La Pampa funcionan 76 sucursales, de las cuales 46 pertenecen al banco estatal provincial. Además de las 14 casas del Nación, las principales entidades privadas (Santander, Macro, BBVA, Galicia) poseen solamente 2 sucursales cada una.
Con la solución diseñada por el gobierno provincial (que el Banco de La Pampa pague 20% y los demás sigan con el 7,5%) se llegará a una curiosa disyuntiva: o los clientes del Banco de La Pampa pagarán una sobretasa en sus préstamos en relación al resto de los bancos por causa de Ingresos Brutos o bien la entidad absorberá el costo impositivo, es decir, lo terminará pagando el propio estado provincial. En este último caso, habrá una alícuota especial para que la provincia se pague un impuesto a sí misma.
“El Banco de La Pampa aportará lo que rechaza el Banco Nación. La decisión del Gobierno provincial garantizará la vigencia del programa alimentario. A su vez, dará tranquilidad a los clientes y especialmente a los 80 trabajadores y trabajadoras que, es de esperar, tengan garantizada su continuidad laboral”, señaló el gobierno pampeano en un comunicado.
En su cuenta de la red social X, el gobernador Ziliotto señaló: “Seguiremos garantizando alimentos a los vulnerables, seguiremos defendiendo al sector productivo, seguiremos defendiendo a los trabajadores. Seguiremos poniendo sensatez ante la irracionalidad.”
Caso testigo
Al margen de la situación del Nación, todo el sistema financiero sigue de cerca la situación. La Pampa puede convertirse en una referencia para el resto del país: hay fuerte preocupación en los bancos por el constante aumento de impuestos en el orden provincial y municipal que, por supuesto, terminan encareciendo las tasas y los costos que pagan los clientes. En bancos privados señalaron a Infobae que si La Pampa sostenía el aumento planeaban pagar bajo protesta y dar la pelea judicial, solamente para dejar el antecedente que impida una alícuota tan elevada.
“Para los bancos, lo de La Pampa puede convertirse un caso testigo: depende de cómo se resuelva el conflicto, otras provincias van decidir si suben o no sus impuestos provinciales. En cierto modo hay que aleccionar a los gobernadores”, explicó un alto ejecutivo de una entidad financiera cuando explotó el conflicto. Lo cierto es que el episodio se encamina a un final inesperado: el estado provincial determinó la suba de un impuesto que únicamente pagará el estado provincial.
Cada vez que se recrimina a los bancos el excesivo costo del financiamiento en la Argentina (el país con peor ratio crédito/PBI de la región) la respuesta del sistema financiero suele ser que existe una fuerte carga impositiva en cada préstamo. Y allí los impuestos locales tienen relevancia: hay municipios del conurbano que así como le sumaron una “tasa vial” a las estaciones de servicio también crearon una “tasa de seguridad” a los bancos por el aprovechamiento de las cámaras de seguridad en la calle.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Javier Milei apunta en forma permanente a limitar la presión tributaria de provincias y municipios. Hoy mismo, el ENRE obligó a Edesur y Edenor a abstenerse de cobrar en sus millones de facturas a sus usuarios cualquier impuesto que no esté ligado a su propio servicios. Muchos intendentes y gobernadores verán así obstaculizada una vía clave de recaudación.