Por qué, pese al aumento de los ingresos no laborales, en el primer semestre subió la pobreza

A más de una semana de difusión del doloroso dato de que 52,9% de la población en estado de pobreza (42,5% de los hogares) y 18,1% en situación de indigencia (13,6% del grupo habitacional) en 31 grandes aglomerados del país, aún predomina en los análisis de los especialistas, consultores económicos y algunos legisladores las explicaciones de este fenómeno, que para muchos tiene un carácter “estructural”, es decir que no se podrá revertir marcadamente en el corto plazo.

Los aumentos estimados por el Indec, basados en la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al primer semestre 2024, fueron de más de 10 puntos porcentuales en cuanto al alcance de la pobreza en la población, comparado tanto con la segunda mitad de 2023 como con la primera parte de ese año. Además, el relevamiento por hogares determinó que abarcó a 42,5%, subiendo 12,9 y 10,7 puntos porcentuales, en el último año y semestre, respectivamente.

La medición se hace sobre la base de la relación entre el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), para definir el umbral de ingreso de indigencia, y el valor de la Canasta Básica Total (CBT), que agrega a la CBA el costo de los servicios esenciales, tanto públicos como privados, con los recursos monetarios que generan y reciben las personas, ya sea por el trabajo, la jubilación y pensión o a través de programas asistenciales del Estado.

La primera interpretación para explicar semejante salto en tan poco tiempo se centra en la aceleración de la inflación. Para algunos, esto es producto de las medidas correctivas de política económica del nuevo gobierno (devaluación, suba de tarifas y liberación de precios regulados, principalmente), ya que acentuaron la recesión heredada, con el consecuente efecto de pérdida de empleos y deterioro del poder de compra de la población en general. Para otros, se debe a la inercia de los desajustes macroeconómicos de la presidencia anterior.

También los datos del Indec, pocos contemplados en los análisis, como los referidos al origen de los ingresos del grupo familiar, en los que se diferencian los provenientes del trabajo y los no laborales, permiten hacer una lectura más amplia sobre las causas del crecimiento de la pobreza e indigencia, y adquieren carácter estructural.

Esto va más allá de la inflación, en particular cuando se eleva al rango de dos dígitos porcentuales al mes y de tres en la comparación con el año previo, porque se traslada más rápido sobre el valor de la canasta básica alimentaria (umbral de indigencia) y el valor de la canasta básica total (umbral de pobreza) que sobre los salarios, las jubilaciones y pensiones.

Justamente, el largo estancamiento que acusa el mercado de trabajo formal -más de una década-, debido al desincentivo a las inversiones productivas provocado por la recurrente incertidumbre política y económica dominante por varias décadas de intervencionismo, regulaciones y desregulación, privatizaciones y estatizaciones con el mismo entusiasmo por parte de gran parte del cuerpo legislativo, derivó en la persistencia de elevada informalidad laboral, pérdida de productividad y de ingresos reales.

Ese cuadro llevó al extremo no solo a que más del 30% de los trabajadores privados asalariados hayan descendido al estado de pobreza, sino también a la creciente dependencia de muchas familias de programas asistenciales del gobierno y de tareas precarias en la calle.

El gobierno de Javier Milei no fue la excepción. Según destaca Martín Vauthier, representante de Economía en el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior, “en agosto 2024, la suma de la Asignación Universal por Hijo y Tarjeta Alimentar cubrió 97,7% de la CBA en comparación con 65,3% en noviembre de 2023″.

Sin embargo, semejante avance no impidió que creciera la indigencia, porque esa asistencia no comprende a los adultos mayores del hogar, que fueron los que más perdieron poder de compra de sus ingresos, en particular los de las escalas más bajas que en su mayoría se desempeñan en la informalidad, y son los primeros afectados por escenarios recesivos.

Ese fenómeno fue detectado en el relevamiento del ingreso total del grupo habitacional, que arrojó que en poco más de la mitad de los 31 aglomerados urbanos aumentó la representatividad de los ingresos de origen no laboral, tanto en la comparación con el semestre previo, como con el de igual tramo del año anterior.

El promedio simple nacional de la relación de ingresos no laborales y laborales fue, en el primer semestre 2024, de 29%. Bajó levemente, aunque con notable heterogeneidad entre las jurisdicciones.

En 8 de los grandes aglomerados relevados por el Indec esa incidencia superó en más de 10 puntos porcentuales al promedio general, con extremos de 53,9% en Formosa, 49,1% en Viedma-Carmen de Patagones; y 47,7% en Gran Resistencia.

Se sumaron a ese rango desde el segundo semestre 2023: Corrientes (sube de 35% a 50,3% y baja levemente en la primera mitad de 2024 a 45,7%); Posadas, salta de 35% / 36,5% en los semestres previos a 43,1% en la última EPH del Indec.

Por debajo de la media nacional se ubicaron los habitantes en Mar del Plata, el conjunto de partidos del Gran Buenos Aires, CABA, Comodoro Rivadavia, Neuquén-Plottier y Ushuaia-Río Grande.

En todos los casos, los aumentos nominales de los ingresos promedio de la población -laborales, no laborales y el total del grupo familiar- fueron muy inferiores a la tasa de inflación del primer semestre; esto es cayeron marcadamente en términos de capacidad de compra.

En el Gobierno nacional aseguran que ese resultado se concentró de manera muy marcada en el primer trimestre de 2024, habida cuenta de que en el segundo cuarto del año comenzaron a reducirse tanto la pobreza como la indigencia, en parte por factores estacionales, y en parte por la maduración del proceso de desinflación, mejora de las finanzas públicas y del balance del Banco Central, y reactivación de sectores afectados por la sequía, como los vinculados al agro pampeano, y a las regulaciones de precios y de importaciones, como el sector petrolero y de extracción de minerales, principalmente.

Según los datos oficiales, desde abril-mayo se advierte un claro un punto de giro en la caída de los salarios, y también de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en términos reales. En el primer caso, por los acuerdos paritarios que fueron incorporando parte del atraso acumulado, y el segundo, por el cambio por decreto de la movilidad previsional que pasó a tomar como referencia la inflación de dos meses previos al del pago, la cual ha venido resultando más alta que la presente.

Además, en el Gobierno se confía que, con la llegada de grandes inversiones, con la reglamentación del RIGI, y el blanqueo de capitales, se revierta la disminución de los puestos de trabajo y se afirme la mejora de los ingresos reales, dos componentes esenciales para afianzar la disminución de las tasas de pobreza e indigencia que afecta a gran parte de la población argentina.