La Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación, comunicó recientemente a 2.520 beneficiarios del programa Procrear II línea Construcción que los desembolsos de sus créditos para edificación ya no se realizarán como antes. La “Motosierra” y la escasez de recursos para mantener el financiamiento estatal impactaron en el sector de la vivienda.
A fines de 2023, el gobierno anterior había otorgado 2.520 créditos Procrear a tasa cero, medida que, según las autoridades actuales, fue irresponsable y -junto a otros anuncios de tipo electoralista- contribuyó a aumentar el gasto público, el déficit fiscal y la inflación.
Ante la falta de fondos para continuar con estos desembolsos, la secretaría que lidera Rodrigo Aybar, propuso convertir los créditos hipotecarios en préstamos personales, conversión que permitiría a los beneficiarios (que iniciaron obras hoy inconclusas) cancelar la hipoteca y solicitar un nuevo crédito hipotecario en cualquier entidad bancaria si así lo desean. La propuesta incluye un período de gracia de seis meses para la devolución del capital nominal bajo las condiciones originales de los desembolsos ya realizados.
Este plazo busca aliviar la carga financiera de los beneficiarios que opten por aceptar la oferta, brindándoles tiempo para gestionar un nuevo financiamiento con alguna de las más de 20 entidades financieras que actualmente ofrecen créditos hipotecarios.
El plazo de aceptación de esta propuesta vence el 30 de octubre de 2024. Aquellos que no acepten la oferta estarán sujetos a la disponibilidad de fondos, lo que no garantiza la continuidad de los desembolsos y les impedirá acceder a otros créditos hipotecarios disponibles en el mercado.
La propuesta ofrece 6 meses de gracia para la devolución del capital nominal, manteniendo las mismas condiciones originales de los desembolsos realizados. Esto permite aliviar la carga financiera de quienes opten por aceptarla
Para asegurar que los beneficiarios comprendan las implicaciones de renunciar a los desembolsos pendientes y los posibles reclamos, desde la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación habilitaron canales de comunicación a través de correo electrónico (desarrollosurbanísticos@hipotecario.com.ar) y consultas telefónicas.
Los términos y condiciones de la propuesta están claramente especificados para despejar cualquier duda que pueda surgir (ver imagen siguiente).
Esta medida, según las autoridades, es necesaria para asegurar la sostenibilidad económica del país, permitiendo a los beneficiarios continuar con sus planes de vivienda en un contexto de restricciones financieras.
Entre recortes y serias dificultades
Los recortes fiscales afectan a 2.520 beneficiarios (cifra reconocida por el Gobierno) de la línea Construcción, distribuidos en todo el país.
Aunque se estima que hay más de 8.000 viviendas en construcción, muchos beneficiarios, ante la falta de nuevos desembolsos, se vuelven pesimistas y buscan alternativas para financiar sus proyectos.
En septiembre y octubre de 2023, los beneficiarios recibieron con demora el anticipo del 30% del préstamo, cerca de $3 millones, de un total de $10 millones. Además, por la inflación, los costos aumentaron sustancialmente.
Romina Nievas, quien dejó a medio construir su hogar en Paraná, Entre Ríos, expresó su profunda preocupación ante la reciente solicitud de cancelar el contrato firmado. “Esto sembró incertidumbre, angustia, bronca e impotencia entre los beneficiarios, quienes cumplimos con las condiciones del programa desde el inicio”, dijo a Infobae.
Los participantes del programa se vieron obligados a construir viviendas siguiendo un modelo específico y con dimensiones exigidas por Procrear, lo que en muchos casos, como el de Nievas, implicó hipotecar sus terrenos.
Ahora, se les pide firmar un documento que carece de información clara sobre las condiciones impuestas. No hay claridad respecto al monto de las cuotas, la posible cancelación de la hipoteca o el plazo de entrega de las escrituras de las propiedades.
La falta de información sobre aspectos fundamentales, como la duración de la nueva financiación (eso depende de los bancos que proponen distintos planes para construir y en varios casos son a 20 o 30 años de plazo) y las implicaciones para aquellos que no acuerden firmar, fue calificada por los beneficiarios como inaceptable, generando un clima de desconfianza y desesperanza.
Por el momento, la decisión de la mayoría, sería no aceptar esta propuesta. Los beneficiarios exigen claridad y un trato justo del Estado y el Banco Hipotecario, que respete lo pactado y les dé seguridad sobre sus viviendas.
Cristian Rubia, otro afectado, apenas pudo iniciar su casa en Chimbas, San Juan, expresó su frustración por la situación actual. “Esta medida nos deja endeudados con el banco, mientras el Estado se desvincula del préstamo”.
La falta de soluciones concretas llevó a varios beneficiarios, a tomar medidas. Presentaron denuncias ante la Defensoría del Pueblo de la Nación y enviado cartas documento a la Secretaría que tiene la vivienda en su órbita, demandando respuestas y soluciones.
“La propuesta actual no ofrece soluciones reales y deja desprotegidos a los beneficiarios, generando descontento y preocupación entre quienes confiaron en el Procrear para acceder a una vivienda”, concluyó Rubia.
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