Financiamiento universitario: cuánto dinero le hubiera costado al Estado la ley vetada por Milei

La ley de Financiamiento Universitario vetada por el presidente Javier Milei, un día después de la masiva marcha en contra de esa decisión, tendría un costo fiscal de entre $738.595 millones y $811.569 millones en lo que resta del año.

La oposición en el Congreso espera sesionar en los próximos días para revertir el veto del gobierno y que la norma para reforzar el presupuesto de las universidades entre en vigencia. El oficialismo acelera las negociaciones con el PRO para evitar un traspié legislativo y no descarta acudir a la Justicia.

A grandes rasgos, la ley contempla una recomposición en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec sobre las partidas destinadas a las universidades y una actualización bimestral hacia adelante, con el descuento de los incrementos otorgados en lo que va del 2024. También propone un aumento de los salarios del personal docente y no docente para que alcancen los niveles de diciembre de 2023, en términos reales, para que luego sigan mensualmente a la inflación.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo de la ley es de $738.595 millones en lo que resta del 2024, equivalente a 0,14 puntos del PBI. En las universidades señalan que la magnitud de ese gasto es igual a un mes de superávit financiero, un tercio de lo que costaba la reforma jubilatoria que vetó Milei o una tercera parte de lo que el Estado dejará de recaudar por la reforma que benefició a quienes pagaban Bienes Personales.

El Presidente avisó en varias oportunidades que vetaría cualquier ley sancionada por el Congreso que implique un gasto que implique un gasto adicional que ponga en peligro el objetivo de sostener el equilibrio fiscal. Así lo hizo hoy a través del Decreto 879/2024 publicado en el Boletín Oficial, con la firma de todos sus ministros.

Entre los principales motivos de la decisión la Casa Rosada al señaló, entre otras cosas, que el proyecto “no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento, acarrea problemas técnicos que imposibilitan su implementación ordenada, y afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno Nacional”.

Entre los considerandos del decreto también se advirtió que la eventual “aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000 (ochocientos once mil quinientos sesenta y nueve millones de pesos)”.

En el documento se indica que “el presupuesto en ejecución de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado al proyecto de ley sancionado”. Por esta razón, su implementación “demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional”.

La segunda Marcha Federal Universitaria en 10 meses de mandato de Milei se enmarcó en el rechazo al veto presidencial de la ley que recompone el financiamiento de las casas de altos estudios, pero también en medio del reclamo por el ajuste en gastos de funcionamiento y en el salario tanto de docentes como de no docentes.

El recorte en las transferencias destinadas a las universidades es incontrastable, si se observan los datos del gasto “base caja”, es decir, los pagos efectivamente realizados por el Sector Público Nacional. En los primeros ocho meses del año, los giros acumularon una caída del 33,5% respecto al mismo período del año anterior, equivalente a una caída de $746.585,89 millones, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Es importante destacar que el Gobierno maneja de manera discrecional las partidas debido a que a falta de sanción el año pasado, fue prorrogado el Presupuesto 2023. Pero la proyección de gastos que propuso el Poder Ejecutivo para 2025 implica una continuidad en el sendero de ajuste o, en el mejor de los casos, no prevé una recomposición de fondos para las casas de altos estudios.

El Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) destacó que el proyecto de Presupuesto 2025, que aún debe ser tratado en el Congreso, tiene una proyección de $3,8 billones para las 62 universidades nacionales y sus dependencias. “La partida implicaría un desplome del 34,4% del presupuesto universitario en dos años”, explicaron.

Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) el gasto destinado a universidades tendría un aumento del 0,8% real para el año que viene respecto al actual, que no llegaría a compensar el deterioro de estos años. Esa pauta contempla que la inflación de 2025 sea 18,3% en todo el año.

La consultora Empiria calculó que las transferencias a universidades previstas para 2025 serían equivalentes a 5 puntos del PBI, alcanzaría el menor nivel de los últimos 20 años y uno de los más bajos en tres décadas.

En las universidades señalan que los gastos de funcionamiento representan solo el 10% del presupuesto, mientras que el 90% corresponde a gastos en salarios.

En ese sentido, en relación a los salarios de docentes y personal no docente, Ciicti apuntó: “El presupuesto de las actividades 12 y 13 del Programa 26, que expresan la masa salarial aplicada a los salarios docentes y no docentes en universidades, tras caer más de 30 puntos reales en 2024, continuará deteriorándose en 2025. La retracción acumulada real en este bienio es del 37,2%”.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) aseguró que la pérdida del poder de compra acumulada es del 9,2% respecto a diciembre. Tal como detallaron, un auxiliar de primera con dedicación simple (nueve horas semanales) y diez años de antigüedad, que en diciembre percibía $132.035,51, en agosto pasó a cobrar un salario bruto de 232.531,90 pesos. La caída respecto a noviembre es del 23,71% ya que no se contempla el salto inflacionario de diciembre por la devaluación.

El decreto de veto publicado esta mañana resalta que el aumento nominal del salario del personal de las entidades de educación estuvo por encima del de los trabajadores estatales, 87% y 78%, respectivamente, desde diciembre. Pero también reconoce que en ese mismo período la inflación fue 144% acumulada.