“Black out”: qué dice el documento de trabajo en el que el Gobierno reconoce la posibilidad de apagones masivos en el verano

Pocos días después de que en Bahía Blanca, el miércoles pasado, Daniel González, el secretario de Coordinación de Energía y Minería del gobierno, reconociera que en el próximo verano el sistema eléctrico enfrentaría desafíos pero no habría cortes programados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo, por el contrario, que los habrá, pues se prevé un verano caluroso y de alta demanda, a lo que se sumará la parada, a partir del próximo lunes y por cerca de dos años, de la central nuclear Atucha I, que aporta 362 MW al sistema eléctrico nacional.

“Se supone que si viene un verano de mucha temperatura puede haber una demanda muy alta de electricidad y con lo cual va a faltar generación y lamentablemente no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, va a tener que programarse algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, sectores industriales”, dijo Francos en una entrevista radial en la que responsabilizó al kirchnerismo por la falta de inversión y el fuerte retraso tarifario acumulado, que el gobierno busca revertir.

La previsión oficial es que en el verano, en especial entre febrero y marzo, el consumo de electricidad llegará a 30.700 MW, unos mil por sobre el récord de febrero pasado. En un informe, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Cammesa, calculó que el total de energía producida localmente y las importaciones desde países vecinos no bastará para cubrir ese pico de demanda y estimó en 19% la probabilidad de que la generación no alcance y haya apagones. El récord histórico de febrero pasado fue de 29.653 MW. La mayor preocupación oficial son los grandes centros urbanos, que explican más del 50% del consumo eléctrico del país: Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Las advertencias y los riesgos no son nuevos. El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo dijo varias veces que el retraso tarifario de los últimos años implicó un consumo desmedido de los hogares y un “riesgo de colapso” del sistema. La quita de subsidios y los aumentos, tanto de luz como de gas, habrían reducido ese riesgo, pero de ningún modo lo eliminaron.

Por eso la Secretaría de Energía trabaja en un “Programa de Emergencia Verano 2024-2025″ a plasmarse en una resolución a cuyo borrador accedió Infobae. El objetivo, dice, es “evitar, reducir o mitigar la crítica condición de abastecimiento de energía para el período estival 2024/2025, que comprende las acciones propias que implementará esta Secretaría de Energía en los segmentos de generación, transporte y distribución”

El documento recuerda que “a partir de 2003 en general y desde 2013 en particular, no se han dado señales económicas suficientes para incentivar las inversiones necesarias acordes al crecimiento de la demanda de dicho servicio” lo cual “impactó en los planes de mantenimientos periódicos y permanentes, en las tareas de reparación del parque generador y en los recursos económicos destinados a tal efecto, todo lo cual no resulta remunerado adecuadamente por la regulación aplicable al día de la fecha”.

En sus considerandos, el borrador menciona “la previsión de temperaturas medias de hasta 30 grados en Buenos Aires durante el verano 2025″ y procura evitar colapsos de tensión, que considera “eventos muy críticos que pueden producirse durante los días de las olas de calor prolongadas y generan picos de demanda sin precedentes”. Esa situación, dice, “puede resultar desestabilizante para el área llevándola al black out (apagón masivo). Esto requiere que el sistema eléctrico esté preparado para manejar una alta demanda continua sin comprometer la estabilidad de la red”.

Por eso, y “para prevenir grandes cortes de demanda por colapsos de tensión (…) es necesario la instalación de automatismos que predispongan cortes preventivos en tiempo real acotados de demanda para evitar el colapso de la oferta y consecuentemente la pérdida del área”, dice el documento.

Ya en su parte resolutiva, el segundo artículo establece en materia de generación acciones para gestionar y obtener la importación de energía y potencia de Brasil “en horas de elevada exigencia de días críticos que oportunamente definirá la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica (Cammesa) y crucialmente en horas picos, en condiciones firmes”. Otro objetivo es llegar a un acuerdo con Paraguay “a fin de ejercer el derecho preferente de adquisición de la energía” que el país vecino no consumo de Yacyretá, y en tercer lugar a que Cammesa realice intercambio (swaps) energéticos, temporales e Inter temporales “con el objeto de minimizar los riesgos de abastecimiento”.

Otra medida contemplada es “un esquema de remuneración adicional, complementaria y excepcional en base a potencia (fijos) y generación (variables) que promueva la disponibilidad de las centrales de generación térmicas en meses y horas críticas”, esto es, la posibilidad de que generadores ubicados en “nodos críticos” apliquen una suerte de sobrecargo tarifario en base a “Acuerdo de Disponibilidad de Potencia y Mejora de la Eficiencia para los meses de verano e invierno”.

El programa también contempla que Cammesa implemente “un procedimiento de despacho de carácter excepcional que permita realizar un uso estratégico de las unidades de generación de energía eléctrica tendiente a reducir los riesgos de restricciones de abastecimiento en los períodos de mayor consumo”. Esa posibilidad, dice Energía, “podrá incluir la posibilidad de reservar el despacho de las horas de operación remanentes de aquellas unidades que se encuentren próximas a finalizar su vida útil para permitir su aprovechamiento durante los momentos de máxima exigencia del Sistema Argentino de Interconexión”. De allí surge, en lenguaje técnico, la posibilidad de los “cortes programados” que mencionó Francos.

Además, el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) deberá hacer un seguimiento e informar sobre obras en ejecución de la red de Alta Tensión y Transporte Troncal “con un avance igual o superior al 80%, con el objetivo de crear mecanismos que permitan su puesta en servicio comercial en el menor plazo posible”, amén de exigir a las distribuidoras de jurisdicción federal (esto es, Edenor y Edesur) a que presenten un “Programa de Atención de Contingencias, ante situaciones de indisponibilidades en sus áreas de concesión”.

Ese programa, además, deberá detallar las “Unidades Generadoras Móviles” con que cuenten las distribuidoras, para que Cammesa las incluya en su programación de despacho de energía “tanto estacional como mensual y semanal”. El esquema incluye un “régimen de sanciones” en caso de incumplimientos.

Durante este “período emergencial”, dice el borrador de resolución, también las distribuidoras del interior deberán informar a sus reguladores los generadores móviles que tengan en su red “para ser utilizadas en el periodo de verano”. Eso será tomado por Cammesa “como oferta de energía en la programación del despacho, tanto estacional como mensual y semanal”.

La posibilidad de cortes programados y la disposición masiva de generadores móviles tiene aire de familia con la crisis energética del verano 1988-1989, sobre el final del gobierno de Raúl Alfonsín. Esos cortes programados, también relacionados con la salida de operación de una central atómica y la baja de generación hidroeléctrica en las represas del sur, debido a una sequía, empeoraron notablemente una situación ya crítica que culminó en la hiperinflación de mediados de 1989.

El “Programa de Emergencia Verano 2024-2025″ incluye también “un mecanismo que contemple un adecuado incentivo a la instalación de sistemas de control y/o compensación con el fin de evitar colapsos de tensión” y en el caso de las distribuidoras “que cuenten con medidores inteligentes instalados en sus redes y/u otro mecanismo que permita su adecuado control y fiscalización, se incluirán mecanismos que estimulen el ofrecimiento a Cammesa de reducciones programadas de cargas de sus usuarios no residenciales, la que será remunerada de acuerdo a su contribución de energía al sistema”.

Ese mecanismo de reducción de cargas apuntará a los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS), Grandes Usuarios Menores (GUMES) y Grandes Usuarios del Distribuidor (GUDIs), a instrumentarse con participación de Comercializadores del Mercado Mayorista o Distribuidoras “que actúen como agregadores de ofertas de reducción de carga a precio”. En otras palabras, el gobierno está dispuesto a acordar con los grandes usuarios y consumidores de energía remunerarles su reducción de consumo para reducir la posibilidad y cantidad de cortes en el consumo residencial.

Ya antes de avistar esta emergencia, el gobierno contemplaba la posibilidad de nuevos incrementos tarifarios en busca de un equilibrio entre el ajuste fiscal, la desaceleración de la inflación y el sufrido bolsillo de los usuarios, para llegar a marzo de 2025 habiendo eliminado por completo los subsidios. Al respecto, Energía lanzó una línea de financiamiento para la compra de electrodomésticos de mayor eficiencia energética por hasta 24 cuotas sin interés y a tasas preferenciales. El “Programa de Reconversión y Eficiencia Energética” está destinado a usuarios residenciales, comercios e industrias pyme.

Se trata de un equilibrio riesgoso: quienes sufran cortes, sobre todo sin son masivos y prolongados, pagan ya tarifas más elevadas fundadas en el mensaje oficial de que de ese modo el sistema funcionaría mucho mejor. Como muestra el gráfico de arriba, de un informe de la consultora Economía y Energía, en los primeros 7 meses del año los usuarios residenciales del AMBA tuvieron un aumento nominal en sus tarifas del 223% para el Nivel 1 (grupos de mayores ingresos, que ya habían tenido aumentos anteriores y pagan tarifa plena), de 472% en el Nivel 2 (usuarios de menores ingresos) y de 379% en el Nivel 3 (ingresos medios).

Como publicó Infobae, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios UBA-Conicet, en septiembre una familia promedio del AMBA necesita $141.543 por mes para pagar los servicios de luz, agua, gas y transporte. De ese total, $32.202 en promedio se destinan al pago de energía eléctrica.

Según Salvador Gil, uno de los mayores expertos de eficiencia energética de la Argentina, “existen mecanismos que podrían incentivar un uso más racional y eficiente de la energía, incluso bajo las condiciones actuales”.

Como ejemplo, mencionó la implementación de medidas “como otorgar un descuento del 10% a aquellos usuarios que, durante el verano, logren reducir su consumo en al menos un 10% comparado con el año anterior”. Al mismo tiempo, agregó, “se podría aplicar un recargo del 10% a aquellos usuarios con consumos superiores a 250 kWh/mes que incrementen su consumo en más del 5 por ciento”.

Según el también doctor en Física y profesor de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) en la que dirige la carrera de Ingeniería en Energía, “estas simples medidas, orientadas a prevenir cortes de energía, podrían servir como incentivo para que los usuarios adopten prácticas de uso más eficiente. Si además se complementan con una buena explicación y herramientas para que los consumidores gestionen mejor su demanda, creo que esto podría tener un impacto positivo en la reducción de la demanda y mitigar el riesgo de interrupciones en el suministro”

El experto recordó que en el año 2007, en el caso del gas, se aplicó el Plan PURE (Plan de Uso Racional de la Energía) “y dio resultado el primer año, con una reducción del 10% en los consumos pico; luego, como los premios y castigos eran montos fijos, el programa se diluyó con la inflación”.