Empleo y legislación laboral: los datos que muestran por qué la reforma es imprescindible

Mientras el Gobierno da las últimas puntadas a la reglamentación de la reforma laboral sancionada por el Congreso, el Indec informó el último jueves los datos del mercado de trabajo, a partir de la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al segundo trimestre del año.

Entre ellos se destacan la relativa estabilidad de la tasa de actividad (Población Económicamente Activa, PEA, sobre el total de la población), en 48,5%, medio punto por sobre el 48% del trimestre anterior y un décimo de punto inferior al 48,6% del cuatro trimestre del año pasado; un desempleo abierto del 7,6% (inferior al 7,7% del primer trimestre, pero casi dos puntos superior al 5,7% del último de 2023) que abarca a 1,6 millones de desocupados; y un fuerte aumento de la subocupación (personas que quieren trabajar más de lo que lo hacen), de 10,2 a 11,8%, bien por sobre los registros de años recientes.

Además, precisó el Indec, si al número desocupados y subocupados se suman los ocupados demandantes (aquellos que quieren trabajar más) y no demandantes disponibles (los que podrían trabajar más, pero ya no buscan otro empleo), la presión total sobre el mercado laboral llegó al 29,7% de la PEA. Esto es, tres de cada diez argentinos en condiciones de trabajar tiene problemas de empleo y de ingreso, porque no lo tiene, le es insuficiente o descartó conseguirlo ante la falta de puestos a cubrir.

Más allá de esas precisiones oficiales y del efecto que el nivel de actividad económica tiene sobre el mundo del trabajo, un estudio privado mostró con claridad que el problema del empleo está en gran medida vinculado a la legislación laboral, en tanto muestra que en los primeros cinco meses del año solo tres provincias (Neuquén con 3,4%, Salta con 2,8%, y Tucumán con un ínfimo 0,2%) vieron aumentar su nivel de empleo privado formal, cuatro tuvieron caídas de la ocupación formal privada superiores al 10% y otras cinco tuvieron caídas superiores al 5 por ciento.

Según Laura Caullo, investigadora del Ieral y autora del estudio, los casos de Neuquén y Salta se deben fundamentalmente a su “potencial económico” y a la “diversificación de sus matrices productivas”, que atrajeron inversión. No hay allí mucho misterio: el fenómeno de Vaca Muerta en el primer caso y la explotación del litio en el segundo.

Más relevante aún es un segundo gráfico del informe, que muestra la evolución por tipo de relación laboral. Allí se observa la declinación del trabajo privado formal y también en el sector público y la aún más pronunciada caída de trabajadores “independientes” pagadores de “Monotributo Social” (33.872 menos de un régimen que permitía acceder a programas sociales como Potenciar Trabajo, la AUH y la Tarjeta Alimentar).

“En un contexto de alta inflación -explica Caullo- muchos monotributistas no tuvieron otra opción que pasar a ser autónomos, fenómeno que comenzó a revertirse con la actualización de los topes que entraron en vigencia a partir del 1 de agosto, tras la aprobación de la Ley Bases y el denominado Paquete Fiscal”.

En consecuencia, el único tipo de empleo que creció en los primeros cinco meses del año fue el de monotributistas del “régimen simplificado” y el de trabajadores autónomos, aumento que estuvo lejos de compensar la caída de 115.000 puestos de trabajo asalariado formal.

De ahí que, el mundo del trabajo en la Argentina, supuestamente protegido por leyes de avanzada, es cada vez más informal y desprotegido en el presente (por caso, sin cobertura médica) y en el futuro (sin aporte previsional).

Por eso el estudio del Ieral habla de un “momento bisagra, que refleja no solo el impacto de la recesión, sino también indicios de un cambio de régimen”, exhibiendo declinación del empleo público y de actividades de baja competitividad, mientras que los sectores emergentes, concentrados territorialmente, ganan terreno.

Además de cuestiones ajenas al mérito político, como la existencia de Vaca Muerta en Neuquén o de Litio en el NOA, la mejor vía de salida sería un aumento del empleo asalariado privado formal, que -más allá de los vaivenes del ciclo económico- es desalentado por la rigidez de la actual legislación.

En un contexto de severo ajuste fiscal, en el que el Gobierno nacional dijo además que las provincias deben reducir su gasto en unos USD 20.000 millones, al estancamiento y eventual caída del empleo público en distritos como Formosa, Tierra del Fuego, Santiago del Estero y La Rioja se suman caídas superiores al 10% en el empleo privado formal.

La situación de esas provincias escribió Caullo “resalta la necesidad de políticas más efectivas que impulsen el crecimiento económico y la creación de empleo genuino”, para lo cual “es esencial también que las políticas públicas se enfoquen en la modernización de las instituciones laborales y en la capacitación y reconversión de la fuerza de trabajo, ajustando los programas de incentivo al empleo a las realidades de cada región”.

Como informó Infobae, los aspectos más álgidos de la reforma del mundo del trabajo, cuya reglamentación es inminente, son:

• el blanqueo laboral, que permitirá a los empleadores regularizar empleados no registrados o mal registrados sin pagar multas ni recibir sanciones (el tira y afloje ahí pasa por el grado de condonación de la deuda por viejas cargas impagas, por tamaño de empresa);
• el fondo de cese laboral, que aliviaría el temor a tomar gente para minimizar la posibilidad de indemnizaciones ruinosas en caso de despidos litigiosos);
• un nuevo régimen para trabajadores independientes, que -por caso- permita a un trabajador autónomo o monotributista valerse de hasta 3 trabajadores de su misma condición-;
• la extensión del período de prueba (que podría estirarse a 8 meses para firmas con menos de 100 empleados y hasta un año para microempresas); y
• la inclusión del bloqueo como causal de despido justificado, algo que –en el marco del tironeo entre distintas alas del gobierno- podría incluso quedar fuera de la reglamentación y ser librado a instancias judiciales.

La conclusión, sobre la que parece haber cierto consenso, es que, así como están, el mercado y la legislación laboral argentina no van más. El gráfico del estudio de Caullo sobre la evolución de las distintas formas de trabajo es elocuente. La contratación de un empleado cual, si fuera un cónyuge del que no es posible divorciarse, el trabajo estatal como sinecura vitalicia, el rechazo de la productividad como criterio posible de evaluación y retribución llevaron a que cada vez más trabajadores estén cada vez más desprotegidos.

Hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner, en su reciente carta “Es la economía bimonetaria, estúpido” admitió que el peronismo “se torció cuando no advirtió la modificación de las relaciones laborales (...) donde los trabajadores registrados en la actividad privada no sólo son minoría, sino que además, sólo el 40% de ellos está sindicalizado”, de lo cual se sigue, advirtió, “que las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo, ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores”.

La exdiputada y senadora nacional, primera dama, dos veces presidente de la Nación y una vez vicepresidente incluso reconoció: “el peronismo se desordenó cuando no avanzó sobre el viejo modelo de Estado omnipresente que derivó en ineficiencia e ineficacia”. Vicios que -agregó- “derivan en burocracia (…) observada por el resto de la sociedad no sólo con mirada crítica por la falta de resultados o de calidad de los servicios en la vida cotidiana, sino porque se termina viendo el empleo estatal como un privilegio frente al resto y, por lo tanto, un ‘gasto innecesario’ que debe ser suprimido”.