Las provincias de Neuquén y Río Negro buscan ser tenidos en cuenta en la próxima licitación de las concesiones de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue, ubicadas sobre el Río Limay, para que continúen en manos del sector privado durante los próximos 30 años. En el gobierno nacional aseguran que escucharán las propuestas de “buena fe”, pero afirman que las decisiones serán tomadas por Nación.
Esas fueron las definiciones a las que accedió Infobae luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibiera este miércoles en su despacho de Casa Rosada a Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, gobernadores de Neuquén y Río Negro, respectivamente, en donde el tema represas fue el foco de la charla, además de cuestiones vinculadas a Vaca Muerta. También participaron el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.
Según dejaron trascender los mandatarios provinciales a través de un comunicado conjunto publicado en sus cuentas oficiales de la red social X, el Ejecutivo se comprometió a que los pliegos de las futuras licitaciones tendrán participación de ambas provincias, garantizando que sus observaciones y pedidos sean plenamente considerados en las decisiones que se tomen, dijeron.
“En este encuentro, reafirmamos nuestras demandas respecto al uso del agua y los aspectos ambientales, económicos y financieros relacionados con las represas en los ríos Limay y Neuquén”, resaltó el comunicado. “Destacamos la importancia de que el desarrollo energético respete los intereses y derechos de nuestras provincias”, añadieron los gobernadores.
“Vamos a escuchar sus sugerencias de buena fe, pero quien decide es el Estado nacional”, sostuvo una fuente del gobierno.
El Gobierno prorrogó a mediados del mes pasado, por un plazo máximo de un año las concesiones de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue. En los próximos seis meses habrá un llamado a concurso internacional para la venta del paquete accionario mayoritario de las represas, en busca de que sean operadas por nuevas concesionarias en los próximos 30 años.
La decisión se conoció a través del Decreto 718/2024 que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y del ministro de Economía, Luis Caputo. “Que es intención del Estado Nacional volver a licitar las concesiones bajo un proceso competitivo nacional e internacional, en cabeza de las sociedades creadas al efecto”, dice la norma en sus considerandos.
Se trata de las represas Alicurá, el Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que finalmente no pasarán a manos de la empresa Energía Argentina, como se preveía hace unos meses atrás, para continuar en manos de AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, respectivamente.
El artículo 6 del citado decreto prevé que “dentro de los 180 días corridos la Secretaría de Energía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las sociedades”. En ese período, la dependencia que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo trabajará en la confección de los nuevos contratos de concesión, medidas de seguridad y de manejo de aguas entre otros aspectos claves del proceso.
Ante la consulta de Infobae, fuentes oficiales comentaron que no está determinado aún el monto de venta del paquete accionario. “Eso depende del esquema de negocio que se le dé y las condiciones del pliego”, mencionaron. Además explicaron que el proceso de concurso y licitación durará, como máximo, un año.
Las centrales fueron concesionadas por 30 años en 1993 durante la presidencia de Carlos Ménem, hasta agosto de 2023, con la posibilidad de prorrogar los contratos por un año más. Desde entonces, hubo una prórroga transitoria para las operadoras que ahora se extendió por hasta un año más.
Este es un tema sensible por dos frentes. El primero es que Neuquén y Río Negro reclamaron en su momento que se las tenga en cuenta para el reparto de los activos. Se amparan en que la Constitución marca la propiedad provincial de los recursos, en este caso las aguas que alimentan la generación hidroeléctrica.
Durante su exposición ante Diputados por la primera Ley Bases, Chirillo había dado una respuesta tajante contra ese argumento: “Cuando el contrato vence, los bienes que fueron dados en uso revierten al Estado Nacional, la represa y los equipos de la concesionaria. Esto es bastante claro en la Ley 15.336 que no fue alterada por la Reforma Constitucional de 1994″.
En total, la potencia nominal instalada entre todas las centrales es de unos USD 4.170 Megawatts (MW), que representan en torno al 10% y 15% de la matriz energética nacional. Desde este año, comenzarán a vencer otras 15 represas concesionadas que, aunque son de menor caudal de generación, se espera que corran la misma suerte que las del Comahue.