El Juez Federal de Río Cuarto, Jorge Aníbal Pinto, resolvió a favor del Banco de la Nación Argentina (BNA) en un conflicto judicial contra la Municipalidad de General Deheza, Córdoba, otorgando una medida cautelar que suspende temporalmente el cobro de los tributos municipales. La decisión llega luego de que, en diciembre de 2023, el Banco Nación fuera obligado a pagar más de un millón de dólares en concepto de impuestos municipales por ese solo mes, lo que la institución financiera consideró un monto desmedido.
El conflicto legal se desató cuando el BNA presentó una acción judicial alegando la inconstitucionalidad de las Tasas Municipales impuestas por la localidad cordobesa, que desde 2019 viene ampliando la base sobre la cual se calcula el tributo, asimilándolo al esquema de Ingresos Brutos. En este contexto, el Banco Nación decidió reclamar la devolución de los montos que considera excesivos, abonados desde 2019.
La medida cautelar obtenida por el BNA podría prevenir el cierre de su sucursal en General Deheza, dado que el peso de los impuestos locales ha crecido considerablemente en los últimos años. El costo de los gravámenes supera actualmente los salarios de los empleados de la sucursal, lo que perjudica la capacidad del banco para expandir el crédito destinado a familias y pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
Daniel Tillard, presidente del Banco Nación, destacó que la eliminación de estos costos es esencial para mantener la política de crecimiento crediticio del banco: “La promesa de inflación cero de nuestro Gobierno viene acompañada con crecimiento del crédito a favor de las familias y de las empresas. Para lograr este objetivo, desde el Banco Nación atacamos los costos que encarecen nuestros créditos”, afirmó.
El fallo judicial supone un alivio temporal para la institución financiera, mientras continúa su lucha por ajustar los impuestos a niveles más razonables que permitan su operatividad en General Deheza.
El caso de General Deheza no es el único conflicto que enfrenta el Banco Nación en materia impositiva. Hace apenas seis días, la entidad presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de La Pampa por el aumento significativo del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre los créditos. A través de un decreto, la provincia incrementó la alícuota del 7% al 15,47%, una medida que, según el BNA, perjudica gravemente su capacidad para otorgar financiamiento en esa región, especialmente a pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
La acción judicial contra La Pampa tiene un carácter preventivo, ya que la entidad teme que otras provincias puedan replicar esta política fiscal, lo que afectaría aún más su operatividad. Fuentes del Banco Nación destacaron que el aumento de impuestos locales podría generar un impacto negativo en el crédito disponible para sectores productivos, no solo en La Pampa, sino en otras partes del país si medidas similares se implementan en otras jurisdicciones.
Este conflicto se enmarca en un contexto más amplio, en el que el gobierno nacional ha buscado reducir la carga impositiva a nivel provincial y municipal como parte de su estrategia para combatir la inflación y fomentar el crecimiento económico. El presidente del BNA, Daniel Tillard, ha subrayado en varias ocasiones la importancia de limitar estos gravámenes para poder expandir el crédito destinado a familias y PyMEs, alineándose con las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
Además, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, ha tomado medidas concretas en esta línea, anunciando una resolución que prohibirá a las provincias y municipios incluir tasas adicionales en las facturas de servicios públicos esenciales como electricidad y gas. Esta iniciativa busca transparentar los costos, aliviar la carga impositiva de los consumidores y evitar que se sigan encareciendo productos y servicios clave para el funcionamiento de la economía local.