Obra pública: el Presupuesto 2025 promete más fondos pero los gobernadores reclaman por los proyectos ya transferidos

La Casa Rosada y los gobernadores ya comenzaron, en las últimas horas, una danza clásica que le sigue a toda presentación de los proyectos de Presupuesto: la pelea por las cifras finas de financiamiento a obras de infraestructura y de transferencias a las arcas provinciales. Los primeros números muestran que en 2025, tras el muy marcado recorte de partidas discrecionales de este año, habría una recomposición en términos reales, aunque todavía en niveles presupuestarios bajos.

El tema apareció en la agenda de la primera reunión que sostuvieron los funcionarios del Gobierno nacional con la mayoría de los mandatarios provinciales que, de manera presencial o por videoconferencia, escucharon de primera mano cuáles son los lineamientos de la ley de ingresos y gastos. La Casa Rosada aseguró a los mandatarios que ese cálculo de USD 60.000 millones de ajuste adicional que le correspondía a las provincias fue solo “figurativo” ya que no había manera de sostener en términos prácticos esa cifra pronunciada por Javier Milei.

En el intercambio entre el Gobierno nacional y las provincias, el reclamo por la obra pública fue uno de los que verbalizaron los mandatarios en distintas oportunidades a lo largo de la reunión de dos horas. En las provincias aseguran que las planillas con el detalle de ejecución prevista de obras públicas no coincide con los convenios firmados entre Nación y gobernaciones en los últimos meses.

Así, por ejemplo, hay proyectos que el gobierno central trasladó a las jurisdicciones subnacionales con el financiamiento incluido y en la letra chica, observaron desde los equipos técnicos de las provincias, parte de ese fondeo no estaría contemplado. También otras obras que la Casa Rosada se reservó -como por ejemplo rutas nacionales- tampoco tendrían presupuesto incluido.

Los números, en términos nominales, muestran que las partidas para el gasto de capital tendrían incrementos en términos reales, después del fuerte recorte que registraron a lo largo del 2024. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), por un lado, calculó de acuerdo a las cifras dadas a conocer en el proyecto de ley, que este año la inversión real directa de la Nación terminaría con una caída interanual real de 46,4%, y sería así la segunda partida con mayores recortes, por detrás de las transferencias de capital, que tendrían un ajuste de casi 83 por ciento a lo largo de 2024.

Ya para 2025 habría una leve recuperación de este renglón del gasto. Para la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), se prevé que el gasto de capital para el año 2025 ascienda a $4,277 billones, lo que implicaría, al descontarle la inflación, un crecimiento real de 6,8 por ciento ”contrastando con la tendencia observada desde el inicio de actual gestión, durante la cual se ha verificado una muy significativa desaceleración de la inversión pública”, indicaron.

Entre los componentes del gasto de capital, el mismo centro de estudios estimó que las transferencias de capital caerían en el mismo número -6,8% interanual- y proyectó que de esa forma su participación en el total de las erogaciones de capital disminuya en 7,5 puntos porcentuales “reflejando la continuidad de la conducta observada desde el inicio de la actual administración, de reducir este tipo de asignaciones”.

En ese sentido, planteó ASAP que “del mensaje del proyecto se desprende que las asignaciones más significativas estarán destinadas a provincias y municipios, Enarsa, AySA y ADIF S.E”, una de las empresas públicas encargadas del control y operación del sistema ferroviario.

Por otra parte, más allá de la contracción de las transferencias de capital, las que sí crecerían serían las partidas de inversión real directa (las que en 2024 habrían tenido un recorte superior al 46%). En contraposición, estima que la inversión real directa subiría 24,7% en términos reales y que así su participación en el total “se incremente 6 puntos porcentuales el próximo año, pasando del 35,9% al 41,9% en 2025″.

Las planillas presupuestarias que el Poder Ejecutivo elevó al Congreso muestran, por ejemplo, que las partidas para Vialidad Nacional crecerán en términos nominales un 68% hasta poco más de 1 billón de pesos (cerca de tres cuartos se utilizarán para construcción y mantenimiento de rutas). Un 63% lo harán los envíos para el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento hasta 108.000 millones de pesos.

Un análisis hecho por la consultora Politikón Chaco, especializada en finanzas provinciales, estimó en base a las planillas oficiales que “las transferencias a provincias y municipios proyectadas para el año 2025 serían del orden de los $3,6 billones”. De ese total, $3,3 billones serían transferencias corrientes y $300.000 millones, transferencias de capital.

“La novedad para este caso es que, aun partiendo de la base que son valores nominalmente bajos en relación con el presupuesto (equivaldrían al 3,1% del gasto), estas transferencias a provincias y municipios tendrían un incremento del 69,9% respecto al cierre estimado para el 2024″, algo que podría estar explicado en los números nominales bajos de este año por tratarse de un presupuesto prorrogado.

“El crecimiento estaría impulsado principalmente por las transferencias corrientes (+77,4%) y en menor medida por las de capital (+21,1 por ciento). Así, estas transferencias consolidadas crecerían casi el doble que el gasto total estimado (+32,8 por ciento). Esta proyección cae en cierta contradicción (principalmente discursiva) con el deseo del Estado nacional de continuar profundizando el recorte de envíos no automáticos”, remarcó como una curiosidad el informe.

De todas formas, todavía no hay información suficiente para “determinar con exactitud cuál o cuáles serían los programas donde se apoyaría la suba estimada, al no contar con los datos desagregados de los mismos”. “De igual manera, el proyecto no desagrega la distribución de estas transferencias por distritos”, completó.

El Gobierno prometió reuniones bilaterales caso por caso para revisar los números, y los gobernadores piensan ir a Buenos Aires con otros reclamos en la valija además de la obra pública, como deudas atrasadas de compensación por el pacto fiscal (desde una provincia arriesgaron una cifra cercana para todas las jurisdicciones de cerca de $400.000 millones) y las cajas jubilatorias no transferidas, que todavía están en etapa de auditoría.

En el sector constructor, con los primeros números en la mano, creen que el recorte en el fondeo para la obra pública será sostenido en 2025 y que así los gastos de capital tendrán un caída en el peso que tienen en el presupuesto total. Una fuente del sector estimó que pasarían de representar el 1,6% del PBI a 0,7 por ciento.