Una importante sociedad de Bolsa tuvo que pagar $12.000 millones tras una maniobra financiera sospechosa

Un incidente como mínimo incómodo durante un millonario canje de deuda lanzado por el Ministerio de Economía en marzo pasado terminó con una importante sociedad de Bolsa de la City porteña, en parte propiedad de un hijo del actual presidente del Banco Nación, forzada a pagar más de $12.000 millones a la Secretaría de Finanzas. La empresa en cuestión, Max Capital, había salido beneficiada por un subterfugio en las condiciones de la operación para comprar deuda del Tesoro en condiciones mucho más favorables que el resto. Finanzas detectó la diferencia y exigió la devolución. Algo que se concretó, en forma voluntaria, en las últimas semanas.

El episodio se conoció gracias a una comunicación de Max Capital a la Comisión Nacional de Valores. En el reporte al mercado, la sociedad de bolsa informó que realizó un pago voluntario de $12.461.210.886 al Ministerio de Economía, en el marco de la observación hecha por la Secretaría de Finanzas tras una operación de conversión de bonos realizada en marzo de 2024. De ese total, $10.034.693.629 corresponden al capital y $2.426.517.257 a la actualización, calculada aplicando la tasa de política monetaria del Banco Central de la República Argentina.

El comunicado detalla que la objeción realizada por el Ministerio de Economía surgió en el contexto de la “conversión de determinados bonos elegibles por una canasta de instrumentos”, anunciada el 8 de marzo de 2024. En ese sentido, Max Capital destacó que “el pago mencionado se efectuó sin reconocer hechos ni derecho alguno vinculados a la objeción realizada”, dejando en claro que el pago voluntario sirvió para poner fin a cualquier reclamación adicional.

En cuanto al origen de la controversia, la sociedad explicó que la diferencia se debió a un ajuste basado en “el principio de tratamiento igualitario que el Estado Nacional pretende otorgar a la operación”, y que “Max Capital propuso realizar el pago por el monto equivalente a la diferencia entre los valores en efectivo bajo los parámetros de la Conversión citada y el integrado por Max Capital en la fecha de liquidación”.

Más tarde, en un comunicado interno dirigido a sus empleados, Max Capital explicó un poco más su versión del episodio. La empresa destacó que la operación se realizó “en tiempo y forma y en línea con los términos establecidos en la licitación”, pero que fue en un diálogo posterior con la Secretaría de Finanzas donde surgió la observación sobre la liquidación. En ese momento, Max Capital propuso realizar una devolución voluntaria que fue aceptada por el Ministerio de Economía.

Desde la compañía se enfatizó que esta decisión no generó impacto financiero para la empresa y que fue tomada en el marco de un entendimiento de las necesidades fiscales del Estado Nacional. “Consideramos lógico y razonable tomar esta decisión que beneficia al erario público y no implica ningún impacto financiero para la empresa”, expresaron en el comunicado.

Max Capital, además, aseguró que comprende “el esfuerzo que está realizando el Estado Nacional en pos de ordenar las cuentas públicas” y que su decisión de contribuir fue una muestra de colaboración en ese proceso.

El incidente fue confirmado por el Ministerio de Economía.

“En la operación de canje del 8 de Marzo, Max Capital ofreció entregar bonos como todos los oferentes. Al momento de la liquidación no lo hizo, eligiendo pagar un monto en efectivo que resultaba inferior al monto equivalente de bonos que hubiera aportado en la liquidación”, dijo a Infobae el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

“Ante la objeción de la Secretaría de Finanzas, Max Capital ofreció voluntariamente realizar el pago por esta diferencia actualizada por la tasa de política monetaria del BCRA por un total de $12.461.210.886″, agregó el colaborador del ministro de Economía, Luis Caputo.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dijo a este medio que no hubo sumario. El detalle es importante a nivel legal, porque el acuerdo implica la extinción de la “objeción” por parte de Finanzas.

El 8 de marzo pasado, Finanzas lanzó un canje de títulos ajustables a dólar linked y CER que vencían este año por bonos del Tesoro con vencimientos a 2025, 2026, 2027 y 2028. La operación estaba pensada para que los tenedores entregaran sus bonos a cambio de otros, con mayores plazos e incentivos financieros en materia de rendimientos para que la operación fuera voluntaria y conveniente para las partes.

El problema que surgió con Max Capital es que las condiciones de la operación tenían un apartado que permitía hacer ofertas en efectivo por los nuevos bonos. Es decir, en lugar de entregar bonos viejos a cambio de bonos nuevos, suscribir los nuevos títulos a cambio de dinero líquido. En principio, no parece haber gran diferencia entre las dos opciones salvo por un tecnicismo: el apartado para la suscripción en efectivo aclaraba que el dinero se tomaría según el “valor técnico” de los bonos.

De nuevo, más jerga financiera, pero el problema es que el valor técnico de los bonos es el precio que deberían tener si cotizan “a la par”, es decir, a un valor al que fueron emitidos más el rendimiento que van acumulando durante su vida en el mercado.

Pero en marzo último, con gran parte del mercado desesperado por cubrirse contra la inflación, cepo cambiario y tasas en baja, la demanda por bonos ajustados por CER era enorme. Tan enorme que todos esos bonos cotizaban muy por encima de “la par”, muy por encima de su valor técnico. Esto era porque había mucha más demanda por cobertura CER de la que el mercado podía proveer. Eran momentos en los que no era raro que empresas y fondos de inversión tomaran bonos ajustados por inflación que prometían un rendimiento negativo del 15%, es decir pérdidas frente a la inflación esperada de ese tamaño, con tal de tomar cobertura frente al ritmo de avance de los precios.

Dicho de otro modo, el valor de mercado de los bonos CER en ese momento estaba muy por encima de su valor técnico. Y Max Capital logró comprarlos a valor técnico, un negocio redondo.

La objeción, admitieron en la empresa, llegó en pocas semanas. La operación de devolución de los beneficios por $10.034.693.629 obtenidos al comprar muy por debajo del valor del mercado fue dificultosa en términos de su estructuración legal, aseguraron fuentes de la firma a este medio. De ahí que tomara varios meses en concretarse. Y que se completara con intereses equivalentes a la tasa de referencia para cubrir ese plazo.

La Alyc (sigla para agente de liquidación y colocación, el término legal con el que se conoce a las sociedades de Bolsa) no es de las más notorias del mercado por el tipo de cliente, mayorista, al que atiende. Pero ya había atraído las miradas el año pasado, cuando el Ministerio de Economía conducido en ese entonces por Sergio Massa había hecho pública su intención de denunciarla penalmente.

Un informe de autoría de la empresa, redactado por uno de sus empleados para clientes angloparlantes, alertaba en abril del año pasado sobre la inminencia de una devaluación del dólar oficial y arrojaba dudas respecto a la continuidad del titular del Palacio de Hacienda. En medio de un mercado cambiario agitado, el análisis había sido señalado como un ataque orientado a desestabilizar.

Max Capital saldó la crisis con un pedido público de disculpas y atribuyó a un “error de un empleado” aquel entredicho. que quedó así saldado.

Pero muy a su pesar, Max Capital también es reconocida en el mercado como la Alyc de Ignacio Tillard, hijo de Daniel Tillard, hoy presidente del Banco Nación de la mano de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

Tillard padre no tiene vinculación comercial o societaria alguna con la empresa de Ignacio, su hijo. Apenas es familiar. Pero, su larga carrera en el sector público genera limites claros a las operaciones de Max Capital. Cuando Daniel Tillard conducía Bancor la Alyc se vio forzada a reducir prácticamente a cero sus operaciones con la entidad financiera cordobesa. Y desde que el banquero quedó a cargo del Nación, lo mismo debió hacer con la entidad pública. Algo serio para Max, porque sus principales clientes son fondos comunes de inversión y los fondos Pellegrini del BNA están entre los jugadores más importantes de ese mercado.

Casualmente Ignacio Tillard, fundador junto a otros 12 socios de Max Capital, está retirándose de la sociedad. Sus allegados dicen que no hay relación alguna con su salida, prevista para los próximos meses, y la llegada de su padre al banco público. Tampoco que haya relación con este episodio, aunque recientemente comunicó su decisión de renunciar al directorio, en una nota con fecha del 2 de septiembre comunicada al mercado. Es, normalmente, el paso previo a vender su participación en la sociedad y encarar su propio proyecto.