La presentación del proyecto de Ley de Presupuesto, encabezada por el presidente Javier Milei este domingo en el Congreso, entronizó el déficit cero y la disciplina fiscal para el manejo de las cuentas del Estado. El texto, que fue celebrado por inversores y economistas afines al Gobierno por sus ambiciosos objetivos fiscales, cosechó su buena cuota de elogios. Pero a la hora de analizar los números finos, el texto oficial también se encontró con objeciones y dudas de parte de los analistas. Ya sea por demasiado ambiciosas o por directamente difíciles de proyectar, los especialistas expresaron varias dudas: entre allas, las proyecciones de inflación y del dólar oficial, el ahorro que deberán hacer las provincias y el aumento de impuestos.
Inflación
En primer lugar, el Gobierno espera que el tipo de cambio oficial cierre 2024 en $1.019 y alcance los $1.207 en diciembre de 2025. A su vez, se proyecta una inflación del 104,4% para este año y 18,3% para 2025. El año que viene y en 2026 el PBI crecería 5% anual.
“Llaman la atención varias estimaciones, como por ejemplo que el IPC de 2024 da 104,4% interanual en diciembre, para lo cual se necesitaría una inflación de apenas 1,2% mensual en el último cuatrimestre”, planteó la consultora 1816. Es una meta muy difícil de alcanzar y, dada la marcha actual del nivel general de precios, implicaría un freno inmediato de la inflación en lo que queda del año.
Por ejemplo, la mayoría de las estimaciones privadas, incluyendo el Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central, esperan que la inflación tenga un piso de 3% hasta fin de año.
En tanto, Outlier afirmó: “La tasa de inflación prevista para 2025 es del 18,3%, lo que se traduce en un 1,4% mensual. Por lo tanto, el proyecto parecería prever que la tasa de inflación acelere levemente en 2025 respecto al cierre de 2024, lo cual resulta contradictorio. Posteriormente, se proyecta una disminución para 2026″.
Dólar y política cambiaria
Otro de los puntos que genera dudas por su nivel de optimismo es el cambiario. El presupuesto muestra una extensión en el tiempo de la política cambiaria actual, lo que no sería del todo consecuente con una salida del cepo. O, el menos, sería ser un escenario de unificación cambiaria sin el más mínimo sobresalto.
“El incremento del dólar oficial de 18,3% en todo 2025 (lo mismo que subiría el Índice de Precios al Consumidor) es consistente con un crawling peg de 1,4% mensual el año que viene. En diciembre de este año el dólar promediaría $1.019,9 (y $1.207 en diciembre 2025), lo que significa que de aquí a fin de 2024 se mantendría el crawl de 2%, destacó 1816.
Desde EpyCa precisaron: “La actual tasa de devaluación fija irá reduciéndose, para terminar el año 2025 en torno al 0,6% de suba mensual nominal”.
La consultora Outlier afirmó en su análisis: “El proyecto de presupuesto en cuestión consagra la continuidad del crawling peg del 2% mensual hasta fines de 2024, lo que no parece ser consistente con una unificación cambiaria en 2024. El escenario 2025 sólo sería consistente con una unificación cambiaria que logre que el dólar contado con liquidación converja al oficial, que no se retrase demasiado en el año y que sea seguida por un régimen con nula o baja flotación”.
“Lo dicho tiene requerimientos de reservas elevados. Igualmente, no hay demasiadas referencias al respecto. La palabra CEPO no aparece en todo el mensaje, tampoco términos como ‘controles de cambios’ o ‘unificación cambiaria’. Toda la cuestión de flexibilización cambiaria es la gran omisión”, agregó.
Asimismo, resaltó: “Para 2025, se supone un ajuste del tipo de cambio nominal (TCN) inferior al 20% y similar a la inflación minorista. Si se mantiene un esquema de crawling peg mensual, esto implicaría una reducción de su ritmo en línea con la disminución de la inflación. Esta tendencia se profundiza en 2026. De la combinación de los supuestos anteriores, se desprende una apreciación real del 20% en 2024 y una leve depreciación real en 2025 y 2026. Esta última resulta extraña en un contexto de esquema cambiario que parece suponer la continuidad del crawling peg y del proceso de desinflación”.
Cuentas públicas
Uno de los puntos que más inquietud generó es la estimación de una suba de 100,4% anual en los ingresos derechos de exportación en 2025, algo difícil de lograr con la nominalidad proyectada y con la intención oficial de no aumentar impuestos. Entre los economistas, la cifra no cierra para nada: implica un crecimiento enorme de las ventas al exterior o, en todo caso, una suba de la alícuota de las retenciones.
El propio ministro de Economía, Luis Caputo, debió salir a calmar las aguas por este tema. A través de la red social X explicó que “la base de comparación del 2023 quedó muy baja porque hubo mucho adelantamiento de exportaciones. Ahora vamos a sacar un aclaración. Nada para preocuparse”.
La duda fue generalizada entre los especialistas.
En su informe, Outlier remarcó que “con proyecciones de crecimiento de exportaciones del 9% anual y un aumento del tipo de cambio oficial del 18% entre puntas, se proyecta recaudar el doble en materia de derechos de exportación. Algo similar ocurre con los aranceles a las importaciones, ya que con un crecimiento de los valores importados del 15% y un ajuste del tipo de cambio oficial en 18%, se proyecta recaudar un 50% más en términos nominales. De hecho, el proyecto supone que la presión tributaria sobre el comercio exterior se incrementa en 0,5 puntos porcentuales del PBI”.
Pero no sólo las retenciones llamaron la atención por su aumento previsto. Asimismo, atrajo las miradas el fuerte aumento estimado en la recaudación del monotributo (+196,9%) e impuesto a los combustibles (+155,4%).
Además, del proyecto de desprende que llegarán nuevos aumentos fuertes de tarifas por quita de subsidios en 2025. Los usuarios cubren el 64% del costo de generación de electricidad y van a pasar a pagar el 84%.
En paralelo, el gasto tributario, o beneficios impositivos, aumenta de 3,48% a 3,54% del PBI en 2025. Puntualmente, el régimen de promoción económica de Tierra del Fuego pasa de representar el 0,15% del PBI a 0,18% y el Régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, 0,04% a 0,06%. En contraposición, se reducen los beneficios para las pymes: el Régimen para el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa baja de 0,07% del PBI a 0,06%.
“En 2025, la Administración Pública Nacional tendrá déficit financiero por -0,4% del PIB. El Gobierno enfatiza que sin transferencias a empresas públicas, habría superávit; y por ende, se entienden también las iniciativas para privatizar empresas públicas. El Sector Público Nacional tendrá superávit primario de 1,3% del PIB y equilibrio financiero. Con crecimiento del 5% en el PIB, lograr ese nivel de superávit primario del 1,3% del PIB parece difícil”, consideró el informe de EPyCA.
“En el caso de las transferencias, está claro que el foco seguirá estando en el ajuste de los subsidios económicos. Las transferencias discrecionales a las provincias ya han caído significativamente. En tanto, el déficit operativo de las empresas públicas es el único renglón con caída nominal, proyectándose una reducción de más de 40%”, afirmaron desde Outlier.
Por su parte, Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía, dijo: “Con esos objetivos de superávit primario, no se alcanzará el equilibrio financiero ‘verdadero’, ya que la cuenta de intereses presenta serios defectos de contabilización estatal (entre otros, el que genera que los intereses que pagaba el BCRA por los Pases y Leliq se computara en forma nominal y si los “capitaliza” el Tesoro no se computen como tales, lo que le permite decir al gobierno que hicieron un ajuste de 10% de intereses del cuasifiscal, lo cual es una falacia, y le permite no computar adecuadamente intereses de Lecap, Lefi y otros), y es bastante más alta que el 1,3% que se establece en Presupuesto 2025″.