El Tribunal de Nueva York dictó su sentencia en el caso de los bonistas que demandaron al Gobierno de La Rioja por el incumplimiento del pago de una deuda de USD 16 millones que data de febrero pasado.
Cabe recordar, que el 24 de febrero la provincia de La Rioja incumplió con el pago de USD 26,3 millones de capital e intereses adeudados bajo sus Bonos Verdes emitidos internacionalmente. El gobierno riojano decidió pagar solo los intereses y comunicar que iniciaba formalmente un proceso de reestructuración, bajo argumentos de una situación fiscal compleja. Esa maniobra dejó un saldo deudor de más de USD 16 millones, que sirvió como disparador de la causa judicial.
Meses más tarde, sin haber llegado a un acuerdo con los acreedores y habiendo incumplido otro pago similar por USD 26 millones a finales de agosto, La Rioja recibe un fallo desfavorable por parte de la Justicia de Estados Unidos.
En concreto, el Tribunal de Nueva York ordenó al gobierno de esa provincia pagarle USD 39,9 millones a los bonistas, más un dinero adicional que se sumará día a día. ¿Cómo se divide el pago? Por un lado, La Rioja tendrá que abonar USD 25.964.556 a Beauregarde Holdings LLP por daños, más un adicional de intereses diarios de USD 6.107 hasta que se dicte la sentencia final. Por otra parte, tendrá que abonar USD 12.765.640 por daños a Beauregarde Holdings II LLP, más USD 3.002 diarios y deberá pagar otros USD 1.126.286 a Sandglass Select Fund, más un interés diario de USD 264, también hasta que se dicte la sentencia definitiva. El fallo fue dictado por la jueza Jessica Clarke.
El origen de la deuda
El bono en cuestión es denominado en dólares y fue emitido en 2017. Durante el gobierno de Cambiemos una docena de provincias, con el mercado internacional de deuda abierto para la Nación, hicieron sus propias colocaciones de títulos en moneda extranjera. En el caso riojano, fue una emisión de un bono verde para la construcción de un parque eólico, por USD 200 millones en una primera instancia en febrero de ese año y con USD 100 millones más en agosto, con una tasa de interés de 9,75% anual.
La deuda fue reestructurada en 2021, con el acuerdo del 99% de los tenedores de refinanciar los vencimientos de capital. Como resultado de esa renegociación, el bono pasó a tener un interés de 3,5% que subirá hasta el 8,5% anual en 2028. La provincia, gobernada por Ricardo Quintela, tampoco cumplió con ese nuevo acuerdo, presuntamente por la situación macroeconómica registrada el año pasado.
Los bonistas, por su parte, se organizaron alrededor del bufete Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan especializado en este tipo de reclamos, y decidieron ir directamente a los tribunales de Nueva York -el contrato del bono determina que ante un incumplimiento la jurisdicción de litigio es Estados Unidos- y sostuvieron en un comunicado que “el desprecio temerario” del gobierno de Quintela por sus obligaciones financieras “perjudica directamente a la población a la que se supone debe servir, al desalentar la inversión y, por ende, la creación de empleo y la actividad económica en la provincia”.
El texto además apunta que “La Rioja es la única provincia que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales” de todas las que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2021.
La Rioja aludió a que las dificultades económicas sufridas por la alta inflación, la devaluación de diciembre y el ajuste fiscal que cortó las transferencias desde Nación a las provincias complicaron sus posibilidades de pago.
En lo que resta del año, las provincias tienen en su calendario financiero una serie de giros a sus bonistas. En total, el 2024 contempla pagos por unos USD 1.955 millones desde las provincias, de los cuales faltan pagar alrededor de USD 912 millones, según estimaciones de Politikón Chaco. Buenos Aires será la que tendrá la carga de intereses más pesada (USD 350 millones en septiembre), seguido por Córdoba (USD 176 millones), Entre Ríos (USD 63,8 millones), Mendoza (USD 58,4 millones), Río Negro (USD 43,4 millones) Salta (USD 36,2 millones) y Chubut (USD 33 millones).
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