El gobierno publicará en las próximas semanas una resolución de la Secretaría de Energía en la que plasmará un “plan de emergencia” para mitigar los riesgos de cortes de luz masivos durante el próximo verano cuando se combinará el típico salto del consumo energético por las altas temperaturas y una menor oferta en la generación. La hoja de ruta contempla acciones de corto y de largo plazo, según pudo confirmar Infobae con fuentes oficiales y del mercado.
El riesgo de apagones no es algo nuevo en la Argentina, pero genera temor en los despachos oficiales por el eventual impacto político que tendrían los faltantes de suministro tras el fuerte aumento de tarifas que se aplicó este año. Incluso se abrieron disputas entre funcionarios del área económica en los últimos meses y las empresas tanto de transporte como de distribución apuntan a que se trata de un problema en la generación que los “excede”.
El secretario coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, reconoció este martes durante su paso por el evento por los 110 años de Shell en Argentina que “va a ser un verano complicado” en materia energética y que desde su llegada en julio trabaja junto a un comité en medidas para la mitigación de eventuales problemas en el suministro eléctrico.
Del informe de gestión ante el Congreso que dio el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se desprende que el gobierno tiene en la mira tres acciones principales para paliar una posible crisis:
- Reprogramar (adelantar) las salidas por mantenimiento programado de centrales eléctricas originalmente previstas para el verano.
- Gestionar con países limítrofes (Brasil y Paraguay principalmente) la disponibilidad del vínculo de intercambio de energía eléctrica para el verano.
- Gestionar la disposición de la reserva de transformadores de alta potencia del Sistema de Transporte en Alta Tensión.
En esa hoja de ruta aparecen algunos interrogantes que son analizados por los equipos de Energía. Uno de ellos es que las inundaciones en el sur de Brasil ponen en jaque que haya una asistencia de energía por parte del país limítrofe y que Paraguay tomó más agua del Río Paraná para generar electricidad en Yacyretá.
El otro punto de tensión es el de la demorada definición sobre la salida de la central nuclear Atucha I que cumple 50 años y tiene licencia para operar hasta finales de septiembre. El gobierno evalúa aplazar el mantenimiento previsto para que pueda funcionar otras dos décadas, con obras que demandarán dos años y USD 460 millones en inversiones, para contar con los 362 MWh de potencia que brinda la planta.
En un informe publicado en junio, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Cammesa, alertó que el total de energía producida localmente y las importaciones desde países vecinos no alcanzará a abastecer el pico de demanda que se espera para el verano, durante el período de febrero-marzo 2025. Cammesa estimó que hay 19% de probabilidades de que la generación se quede “corta” y el país sufra apagones.
Chirillo repitió en varias oportunidades que el retraso tarifario de los últimos años implicó un consumo desmedido de los hogares y un “riesgo de colapso” para el sistema
La demanda de energía podría llegar a los 30.700 MW, unos 1.000 MW más que el récord histórico que se tocó en febrero de 2024 de unos 29.653 MW. El foco oficial está puesto en los grandes centros urbanos, donde se consume más del 50% de la electricidad: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Mendoza y Córdoba.
En el plano de las distribución, Francos resaltó en su informe al Congreso que se implementó el Programa para la Mejora del Factor Potencia, “que como iniciativa propende a la utilización eficiente de la energía eléctrica y las instalaciones de distribución, con el fin de atender las necesidades de un sistema que se encuentra al límite de su capacidad y que, ante circunstancias de alta demanda, se ve superado”.
La normativa establece una modificación en el límite del factor de potencia inductivo, pasando del actual valor de 0,85 (un parámetro en vigencia desde hace más de 60 años), a un nuevo valor de 0,95 para todas las categorías tarifarias, en sintonía con las normativas que rigen a nivel internacional, e incluso de aplicación actual en jurisdicciones provinciales y municipales de la Argentina.
Otro eje es el “Programa de Medición Inteligente” en las áreas de concesión de Edenor y Edesur con la introducción de medidores inteligentes para recopilar información en tiempo real, diferenciar las tarifas según franjas horarias y permitir un sistema “prepago” para usuarios de menores ingresos. Sin embargo esa hoja de ruta es de mediano y largo plazo.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, repitió en varias oportunidades que el retraso tarifario de los últimos años implicó un consumo desmedido de los hogares y un “riesgo de colapso” para el sistema. La quita de subsidios y los aumentos en los servicios públicos, tanto de luz como de gas, podrían ayudar a reducir la demanda y la posibilidad de cortes. Se trata del efecto “disciplinador” de los incrementos en la demanda.
En ese sentido, Energía lanzó una línea de financiamiento para la compra de electrodomésticos de mayor eficiencia energética por hasta 24 cuotas sin interés y tasas preferenciales. El “Programa de Reconversión y Eficiencia Energética” está destinado a usuarios residenciales, comercios e industrias pyme.
Del otro lado se encuentra el pedido del gobierno a las empresas de transporte y distribución para que aceleren sus planes de inversión, en busca de una mejora de la red tras el reconocimiento de tarifas más altas durante le gestión Milei después del congelamiento que impuso la gestión anterior. En los despachos oficiales saben que observar ese progreso llevará tiempo, al menos dos años.
Por último, Francos destacó en el Congreso que el Decreto 55/2023 en donde se declaró la emergencia energética abre el proceso de la Revisión Tarifaria Quinquenal para el período 2025-2029. Allí se contempla inversiones obligatorias para dicho periodo para todas y cada una de las licenciatarias, tanto de transporte como de distribución.
“Como puede observarse, la normativa aplicable prevé los mecanismos para el desarrollo de la infraestructura en un contexto de prestación privada del servicio”, sostuvo el jefe de Gabinete.
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