Pensiones por Invalidez Laboral de ANSES: quiénes dejarán de recibirlas y cuáles son los requisitos para acceder

El Gobierno Nacional está llevando a cabo una serie de auditorías exhaustivas sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que resultará en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios en los próximos meses. Esta medida surge tras la detección de irregularidades en la concesión de estas pensiones, y tiene como objetivo garantizar que solo quienes cumplan con los requisitos sigan recibiendo el apoyo del Estado.

Las auditorías, a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en conjunto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, han comenzado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se están extendiendo a otras regiones del país. Se estima que entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto afectará a personas cuyas condiciones de salud no justifican la invalidez laboral, quienes poseen bienes no declarados, o quienes tienen empleo formal.

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral están destinadas a personas que no pueden trabajar debido a problemas de salud o vulnerabilidad social, y no tienen otros ingresos. Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con una serie de requisitos estrictos, que incluyen no recibir otros ingresos del Estado, no tener empleo formal, y contar con un nivel de ingresos insuficiente para sostenerse.

El proceso de auditoría comenzó con la revisión de aproximadamente 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Estas auditorías se centraron inicialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y progresivamente se están extendiendo a la provincia de Buenos Aires y otras partes del país. El objetivo es revisar en detalle los expedientes de los beneficiarios para verificar si cumplen con los requisitos legales.

Uno de los aspectos más relevantes es la detección de irregularidades en la concesión de estas pensiones. Según estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión del beneficio. Esto representa entre 120.000 y 160.000 personas que perderán esta prestación, que equivale al 70% de la jubilación mínima en Argentina.

Las decisiones de suspensión están basadas en la identificación de irregularidades en la concesión de estas pensiones, principalmente durante gestiones anteriores. En una revisión inicial de 2.559 casos, solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir el beneficio, lo que impulsó a las autoridades a intensificar las auditorías. Entre las irregularidades detectadas se encuentran la presentación de documentación médica falsificada y el uso de radiografías repetidas en múltiples expedientes.

También se identificaron casos en los que las pensiones fueron otorgadas a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral requeridas. Además, se han detectado incompatibilidades importantes, como la posesión de bienes no declarados (vehículos, propiedades, aviones, entre otros), empleo formal, o condiciones de salud que no justifican la invalidez laboral.

Los principales afectados por la suspensión del beneficio serán aquellas personas que actualmente reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Estas pensiones están destinadas a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Según las auditorías, un porcentaje significativo de los beneficiarios actuales no cumple con estos criterios.

Entre los casos detectados como irregulares, se encuentran beneficiarios que poseen bienes de lujo, como automóviles y propiedades, que no han sido declarados. Otros beneficiarios cuentan con empleo formal, lo que es incompatible con el cobro de una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Asimismo, se han encontrado documentos médicos falsificados y casos en los que se utilizaron radiografías de animales para justificar la invalidez laboral y acceder a las pensiones.

Para quienes desean solicitar una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, es necesario cumplir con varios requisitos estrictos. Este tipo de pensión está dirigido a personas que no pueden trabajar debido a una discapacidad o enfermedad, y que no tienen otros ingresos ni formas de sustento. Los requisitos para acceder a este beneficio incluyen:

• No recibir otros ingresos del Estado: Esto significa que no se debe estar recibiendo otras ayudas o prestaciones del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo.
• No tener empleo formal: Los solicitantes no deben tener un trabajo registrado en el sistema formal. Si cuentan con empleo, no son elegibles para este tipo de pensión.
• Contar con ingresos insuficientes: Es necesario demostrar que el solicitante no tiene suficientes recursos económicos para sostenerse.
• Ser ciudadano argentino o residente con más de 10 años de antigüedad en el país: Los extranjeros residentes también pueden acceder a este beneficio, siempre y cuando cumplan con el requisito de antigüedad.
• No estar privado de libertad en un establecimiento penitenciario: Aquellos que se encuentren cumpliendo una condena en prisión no pueden acceder a una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral.

El monto de la pensión equivale al 70% de la jubilación mínima. En agosto de 2024, este valor era de $157.878, con un aumento previsto a $164.240 en septiembre, tras un incremento del 4,03% en las jubilaciones.

El proceso de auditoría de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral ya comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y se extenderá al resto del país en los próximos meses. Durante estas revisiones, se está verificando la documentación de los beneficiarios y se están detectando casos de fraude y otorgamientos irregulares.

Además de la suspensión del beneficio, se han iniciado denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades. Las autoridades buscan depurar el sistema de pensiones y asegurarse de que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente lo necesitan.

El director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ha señalado que estas auditorías no buscan perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino eliminar aquellos casos en los que se ha otorgado de manera fraudulenta. Según Spagnuolo, el objetivo es restaurar la transparencia en el sistema y garantizar que las pensiones se otorguen de manera justa.

Entre los casos más graves detectados durante las auditorías, se encuentran beneficiarios que presentaron documentación médica falsificada para acceder a la pensión. En algunos expedientes, se descubrió que una misma radiografía había sido utilizada en múltiples casos para justificar diferentes discapacidades. Incluso se detectaron casos en los que se utilizaron radiografías de animales para obtener el beneficio.

Estas irregularidades han motivado a las autoridades a iniciar denuncias penales contra los responsables. La Agencia Nacional de Discapacidad, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Poder Judicial, está investigando los casos y buscando sancionar a quienes hayan participado en la gestión indebida de estos recursos.

Aunque las auditorías comenzaron en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, las autoridades tienen previsto extenderlas a otras regiones del país en los próximos meses. Esto permitirá revisar en detalle los expedientes de los beneficiarios en todo el territorio nacional, con el objetivo de detectar más casos de irregularidades y eliminar aquellos beneficios otorgados de manera indebida.

Este proceso de auditoría y revisión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral busca garantizar que solo aquellos que realmente lo necesitan sigan recibiendo este beneficio. Las personas que no cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente verán suspendidos sus haberes, mientras que los casos de fraude y documentación falsificada serán objeto de denuncias penales.