Milei y Jorge Macri cierran hoy el traspaso a la Ciudad de 31 líneas colectivos: qué va a pasar con el boleto y los subsidios

En una negociación que buscó evitar aumentos inmediatos en el precio del boleto de colectivo para los usuarios, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) acordó hacerse cargo de la totalidad de las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente en territorio porteño. Este traspaso, que será formalizado hoy mediante la firma de un Acta Acuerdo entre el presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, representa un cambio significativo en la administración del transporte público en la Ciudad, aunque sin implicar, por ahora, un incremento en el costo del boleto para los pasajeros.

Según confirmaron fuentes del Gobierno de la Ciudad, a partir del primero de septiembre, CABA asumirá la responsabilidad total sobre los subsidios que actualmente son compartidos con el Gobierno Nacional. En consecuencia, la gestión de estas líneas, incluyendo la definición de recorridos, frecuencias y tarifas, pasará completamente a manos de la administración porteña. Esta transición, que se extenderá por un período de hasta seis meses, se realizará de manera ordenada para evitar cualquier interrupción en el servicio.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la estabilidad en la tarifa del boleto de colectivo. A pesar de que la Ciudad deberá asumir el 100% de los subsidios que anteriormente compartía con la Nación, las autoridades porteñas garantizaron que, en el corto plazo, no habrá aumentos en el precio del pasaje para los usuarios. Fuentes del Gobierno de la Ciudad señalaron que “se hará un gran esfuerzo para que la tarifa que paga el pasajero no aumente en este momento”. No obstante, también advirtieron que el nuevo esquema de subsidios, en el que CABA cubrirá el 66% del costo del boleto, “se tiene que ir corrigiendo” a lo largo del tiempo.

Además de asumir los subsidios, CABA también se encargará de administrar el programa Red SUBE en las 31 líneas transferidas. Esto permitirá que se mantengan los descuentos del 50% y 75% en combinaciones de viaje dentro de las dos horas de iniciado el primer trayecto. Esta continuidad en los beneficios para los usuarios es una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad en el marco de la nueva gestión del transporte público.

El traspaso de las 31 líneas de colectivos a la órbita porteña se enmarca en un proceso más amplio de transferencia de competencias que comenzó con la gestión del subte en 2012. Este proceso ha sido impulsado por la búsqueda de mayor autonomía por parte de la Ciudad de Buenos Aires en la administración de servicios públicos, un reclamo histórico que ha cobrado fuerza en los últimos años. En este contexto, el acuerdo que se firmará hoy se presenta como un paso clave en la consolidación de esa autonomía.

El convenio también busca evitar la implementación inmediata de un decreto que el Gobierno Nacional tenía listo para modificar el Decreto 656/1994, que actualmente regula el transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Este decreto habría permitido al Ejecutivo Nacional oficializar los cambios en la administración de las líneas de colectivo de manera unilateral, sin el consenso de la administración porteña.

El acuerdo de transferencia implica un desafío financiero para la Ciudad de Buenos Aires. Asumir la totalidad de los subsidios que hasta ahora eran cubiertos en un 45% por la Nación, representará una carga adicional para el presupuesto porteño. Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que esta nueva responsabilidad obligará a postergar algunas inversiones y otros gastos programados para los próximos meses.

Según cálculos oficiales, el costo “real” del boleto en las 31 líneas transferidas es de $863, de los cuales $371 son abonados por el usuario, mientras que el resto es cubierto mediante subsidios. Con el nuevo esquema, CABA tendrá que cubrir los $221 que antes aportaba junto con los $271 que hasta ahora eran financiados por el Gobierno Nacional. Esta situación, según advierten fuentes porteñas, podría llevar a una revisión futura de las tarifas si no se encuentra un mecanismo sostenible para financiar el subsidio.