Industria del juicio: para las ART, la única forma de bajar la litigiosidad laboral es con los Cuerpos Médicos Forenses

Durante el Primer Coloquio Anual del CIDeS (Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro), los referentes del sector de aseguradoras de riesgos de trabajo pusieron sobre la mesa el problema de la alta litigiosidad laboral y la necesidad imperiosa de la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF).

Alejandro Simón, Presidente de CIDeS, sostuvo que el sector del seguro sufre el “flagelo de la judicialidad”. Y describió aspectos recurrentes y distorsivos como la falta de uniformidad en los criterios jurisprudenciales para la determinación del daño, los mecanismos de actualización de los pasivos judiciales que afectan la solvencia y estabilidad financiera, los incentivos que fomentan la disposición a iniciar acciones legales muchas veces injustificables, los esquemas de honorarios periciales que generan conflictos de interés y distorsionan la realidad de los daños sufridos, mecanismos de mediación obligatoria que han demostrado ser ineficaces, entre otros

Con un panel específico sobre el impacto de la litigiosidad en Riesgos del Trabajo, la UART, Unión de Aseguradores de Riesgos del Trabajo, expuso el acuciante panorama que el creciente número de demandas genera y dejó en claro el camino para resolver la problemática: constitución de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF). La visión fue compartida tanto por el resto de los panelistas, que abordaron diferentes aspectos de la problemática, como por la mayoría de los disertantes presentes a lo largo de la jornada.

Mara Bettiol, presidente de UART, sostuvo que la litigiosidad va en aumento a pesar de que disminuyeron significativamente los accidentes por las políticas de prevención y control, mejoró la cobertura en servicios y extensión, aumentaron y se mantuvieron actualizadas las indemnizaciones dinerarias, se realizaron numerosas modificaciones al sistema y se cuenta con más de 20 fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalidan su funcionamiento.

“No hay razones vinculadas al desempeño del Sistema que justifiquen el volumen actual de ingreso de nuevos juicios, cercanos a la cantidad pre-reforma de 2017″, sancionada específicamente para disminuir las demandas. En efecto, en 2023 ingresaron 117 mil nuevos juicios. Lo cual contrasta con la caída sistemática de los fallecimientos y de los accidentes en el ámbito laboral. Acumulando en fallecimientos una caída del 80% que implicó haber salvado 17.700 vidas y una caída en accidentes del 50% que evitó 3,9 millones de accidentes”, reclamó.

Explicó Bettiol que al problema de la cantidad de juicios, se suma el aumento del valor de los juicios por la aplicación de tasas de actualización inalcanzables e impredecibles, ya que en los diferentes tribunales del país se utilizan disímiles criterios para calcularlas.

La solución, para la UART y para la mayoría de los actores del Sistema es cerrar la brecha existente entre el procedimiento administrativo y el judicial, para determinar daños sobrevinientes de un accidente de trabajo. ¿Cómo hacerlo? El mecanismo se encuentra previsto en la Ley 27.348. Son los Cuerpos Médicos Forenses. Su puesta en marcha depende de la decisión de cada Superior Tribunal de las provincias adheridas y en CABA de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), al menos hasta tanto se traslade el fuero laboral a CABA.

A la fecha Mendoza es la única provincia que lo puso en marcha, el año pasado. El procedimiento pericial de la Ley 27.348 prevé que los profesionales sean elegidos por concurso de antecedentes y no por simple anotación en un listado, que cobren honorarios por sueldo o acto médico y no como porcentaje de la sentencia en base al daño que ellos mismos determinan y que se refieran al Baremo (tabla de medición de incapacidades) que también forma parte de la Ley, como lo hacen las Comisiones Médicas.

Dalmiro Garay, titular de la Corte de Mendoza, presentó el esquema de reformas que hay en la provincia cuyana que al momento es la única que tiene establecidos los cuerpos médicos. En siete años de reformas, pasaron de 28.000 juicios anuales a unos 15.000. “Es el 49% del punto de partida. Los peritos cobran medio JUS, que hoy son $200.000 por pericia” valor desacoplado del porcentaje de daño que determinan, dijo el magistrado.

Fernando Pérez, gerente General de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), indicó que ese organismo procurará continuar promoviendo la adhesión a la Ley de las provincias que aún no lo han hecho y enfatizó que van a trabajar por conformar el cuerpo de peritos en las cortes provinciales, así como para simplificar el baremo y dar curso al proyecto de ley de prevención que se trabajó en el pasado conjuntamente con los actores sociales.