
El gobierno de Javier Milei tiene listo un decreto que podría conocerse en las próximas horas y con el cual traspasará a Jorge Macri el manejo de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a partir de septiembre, según anticiparon a Infobae fuentes del Ejecutivo Nacional, en medio de negociaciones de última hora entre las partes.
La decisión, que se da en paralelo con la disputa por la coparticipación, implica no sólo la potestad de definir recorridos, tarifas y frecuencias, sino también una quita de los subsidios que reciben esas empresas para mantener sin aumento los pasajes y el retiro de financiamiento del boleto integrado de la Red SUBE (para quienes hacen más de un viaje en un rango de dos horas) en esa jurisdicción. Son $8.500 millones por mes que están en juego.
Este medio supo que por estas horas se mantiene abierta la negociación entre Nación y CABA sobre si el traspaso de las competencias se hará efectivo a partir de septiembre o si habrá un “período de transición” que modere el impacto sobre el sistema. Las conversaciones se mantienen casi de manera directa entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el alcalde Macri. En las empresas esperan que se llegue a un punto en común pero advierten que, caso contrario, peligra la continuidad del servicio.
La norma se encuentra redactada. Entre los detalles a los que accedió Infobae contempla cambios en el Decreto 656 de 1994 en el que se dispuso que el transporte en jurisdicción nacional quedó en la órbita de Nación y se basa además en el traspaso que se definió en 2012, cuando la Ciudad pasó a controlar el subte. También se contempla el traspaso de los atributos para definir recorridos, frecuencias y tarifas. Las negociaciones podrían terminar en un período más ordenado para que la idea del gobierno de Milei se haga efectiva.

En la Ciudad aseguran que no cuentan con los fondos para compensar a las empresas por el retiro de Nación y que no es posible hacerse cargo del sistema de un día para otro. “Para nosotros es necesario un tiempo de al menos seis meses como para poder implementar todo, porque además debe pasar por la Legislatura”, dijo este miércoles en una entrevista radial el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua.
Fuentes del sector consideran que al final del día las gestiones de Milei y Macri llegarán a un acuerdo. En la Ciudad explican que el costo “real” del boleto en las 31 líneas apuntadas es de $863 de los cuales $371 los pone el usuario mientras que Nación subsidia $271 y los otros $221 los aporta CABA. Si no hay acuerdo, el boleto en esos colectivos debería pasar a $642 y en caso de que no haya incremento las empresas alertan que corre riesgo la continuidad del servicio por los $7.000 millones al mes que dejarán de recibir.
El otro problema es que en las otras 103 líneas nacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que tiene una cabecera en CABA y otra en provincia de Buenos Aires, seguirán subsidiadas por Nación, por lo cual en la misma ciudad puede haber 31 líneas con tarifas más altas. Ese es un punto por el que también advierten las empresas.

Otro frente de conflicto es el del boleto integrado de la Red SUBE, por el que CABA debería asumir otros $1.500 millones y la provincia de Buenos Aires $6.500 millones mensuales. El beneficio se aplica de forma automática en el momento del viaje solo para las tarjetas registradas: el primero se paga con tarifa plena, el segundo con descuento del 50% y el tercero con 75% de rebaja. En un rango de dos horas se pueden hacer hasta cinco combinaciones de transporte, pero debe existir un intervalo de tiempo mínimo de 2 minutos y no se puede abonar el transporte de otra persona.
La premisa de Luis Caputo es “igualar la situación que existe en todas las otras provincias del país con Ciudad y Provincia” según explicó este miércoles en declaraciones radiales. El gobierno nacional eliminó en febrero los subsidios a las líneas del interior.
De fondo se encuentra la disputa entre ambas partes por la coparticipación. Caputo comenzó a girar $20.000 millones de pesos por semana a CABA para cumplir con parte del fallo de la Corte que obligaba a Nación a devolver los fondos quitados en 2020 por Alberto Fernández. Sin embargo, Macri reclama $5 billones de pesos en deudas que se habrían acumulado por transferencias en los últimos 48 meses.
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