Jorge Macri habló de la polémica por los colectivos: “Si no hay subsidios, las empresas van a colapsar o las tarifas van a aumentar”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos le pidió públicamente al gobierno nacional la conformación de una mesa de trabajo para negociar el traspaso de las 31 líneas de colectivos que circulan en la Capital Federal y dejarán de ser subsidiadas el 1° de septiembre, según anticipó el Ministerio de Transporte de la Nación.

“Esperamos un marco de diálogo para que el gobierno no se retire de ese subsidio porque como mas de una vez el Presidente ha dicho la ley de gravedad existe y si no hay subsidio o las empresas van a colapsar o la tarifa van a aumentar y ninguna de las dos cosas son buenas”, aseguró Jorge Macri al lanzar un nuevo programa de enseñanza de inglés.

Al ser consultado sobre la polémica -que ya provocó una declaración de las empresas de colectivos sobre posibles interrupciones en el servicio-, el mandatario porteño informó que la intención de su gestión es continuar pagando la porción de subsidio que abona actualmente (en torno al 55%) e inició diálogos político y técnico con el Poder Ejecutivo para iniciar una discusión que derive en el traspaso de las 31 líneas que circulan por Capital pero están bajo la órbita directiva del Ministerio de Transporte de la Nación.

“Estamos hablando con el gobierno para que no retire el subsidio de su porción de la tarifa porque es un momento en que la gente no está en condiciones de absorber un aumento de esa magnitud”, sentenció Jorge Macri en un acto que compartió con su vicejefa, Clara Muzzio, y autoridades del área educativa.

Para entender la raíz del conflicto, hay que retrotraerse a un anuncio realizado por el Poder Ejecutivo Nacional, que anticipó que a partir del 1° de septiembre no sólo dejará de subvencionar a las 31 empresas de jurisdicción porteña, sino también dejará pagar los subsidios por el boleto integrado de la Red SUBE en las líneas del AMBA.

La medida implicará un impacto en el bolsillo de muchos usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en particular los que realizan más de un viaje de ida o de vuelta en su jornada, y en las empresas advierten que puede poner en riesgo la continuidad del servicio. El ahorro del Tesoro nacional sería de unos $15.000 millones mensuales.

“En el marco del ordenamiento de subsidios al transporte, el Gobierno Nacional definió terminar con los favoritismos hacia algunas jurisdicciones en relación a los recursos destinados a financiar al transporte y garantizar el federalismo y la igualdad de condiciones en todos los distritos”, informó el Ministerio de Transporte a través de un comunicado.

Las 31 líneas de colectivos que recorren exclusivamente la Ciudad de Buenos Aires dependen del gobierno nacional. Nunca se realizó la transferencia operativa del servicio como sí sucedió con los subtes o la Policía. La Secretaría de Transporte de la Nación tiene la exclusiva facultad de decidir si mantiene o quita los subsidios, aumentar sus tarifas, cambiar sus recorridos o dar de baja los permisos de circulación.

El gobierno porteño exige ahora que le cedan el control de esos colectivos lo que le permitirá -entre otras cosas- participar de la elaboración de la estructura de costos, fijar tarifas y el monto final de los subsidios, que actualmente pagan en conjunto con la administración nacional.

En rigor, el gobierno nacional no puede transferir unilateralmente competencias o traspasar el aporte de subsidios a la Ciudad de Buenos Aires sin su consentimiento, que debe realizarse a través de un acuerdo firmado y avalado por la Legislatura porteña y el Congreso Nacional. Hacerlo de otra forma es inconstitucional y viola el artículo 75 de la Carta Magna, explican fuentes a cargo de las negociaciones.

El Ministerio de Economía de la Nación envió una nota fechada el 19 de julio, en la que comunicaba su decisión de que la Ciudad se haga cargo a partir del 1 de septiembre próximo de la totalidad de los subsidios a las 31 líneas de colectivos que tienen su recorrido dentro del territorio porteño.

El 8 de agosto, la Ciudad respondió mediante nota oficial dirigida al ministro de Economía de la Nación Luis Caputo el rechazo al planteo y advirtió que en caso de que el Estado Nacional decida recortar los subsidios a su cargo se deberá hacer responsable de la decisión y de los conflictos que puedan surgir.

“El Gobierno tiene la potestad de bajar o eliminar subsidios al transporte público de Colectivos en el AMBA. También tiene la responsabilidad de definir la tarifa, la habilitación de las unidades y los recorridos. Lo que el Gobierno no puede hacer es quitar los subsidios sin corregir las tarifas. No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa. Una u otra decisión son potestad plena y exclusivas del Gobierno Nacional”, explican en el gobierno porteño.

“Más allá del recorrido que tengan, las líneas son habilitadas y administradas por la Nación. Si la discusión fuera solo la “ubicación en el mapa”, entonces el Puerto debería ser de la Ciudad -como en otras jurisdicciones-, o el Aeroparque. Entonces lo que creemos es que todas las situaciones previas a la autonomía de la Ciudad que todavía continúan vigente deben discutirse, pero no se pueden resolver de una forma unilateral”, agregan.