Juicios laborales: estiman que la litigiosidad por riesgos de trabajo le costó al sector privado USD 400 millones en 2023

El Gobierno estimó que el alto nivel de litigiosidad laboral por riesgos de trabajo tuvo para el sector privado un costo en 2023 de unos 400 millones de dólares, un monto que calcularon equivalente al necesario para incorporar al mercado laboral a 100 mil trabajadores. Son proyecciones de la Superintendencia de Servicios de Riesgo de Trabajo que fueron presentadas en el marco del coloquio organizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (Cides).

El presidente del Cides, Alejandro Simón –también CEO del Grupo Sancor Seguros–, cuestionó que la falta de “uniformidad de criterios jurisprudenciales” preparan el terreno para resultados distintos ante casos legales similares. Simón dijo que el sector del seguro sufre el “flagelo de la judicialidad”.

“La falta de uniformidad en los criterios jurisprudenciales para la determinación del daño, los mecanismos de actualización de los pasivos judiciales que afectan la solvencia y estabilidad financiera, los incentivos que fomentan la disposición a iniciar acciones legales muchas veces injustificables (cuyos costos incluso no recaen en la parte que realiza reclamos finalmente rechazados en su procedencia o magnitud). Esquemas de honorarios periciales que generan conflictos de interés y distorsionan la realidad de los daños sufridos”, enumeró.

“Hay causas y síntomas y formas de atacarlos. Claramente el problema (del sistema) es la alta litigiosidad que en demasiados casos terminan en los tribunales en lugar de acuerdos pre judiciales”, resumió Simón ante Infobae. Además, anticipó que esperan que el Gobierno, a través del Banco Central, establezca una tasa de referencia para actualización de los intereses de los juicios de este tipo. “El ministro (Luis Caputo) habló de agravar las penas para los casos de fraude” contra compañías de seguros, agregó Simón.

Esa tasa que determinaría el BCRA, detalló, “han habido cada vez más casos en que se aplica CER pero hubo casos en que se aplican intereses sobre interés y sobre inflación y la idea es que en lugar de que cada juzgado establezca tasas, que haya un valor de referencia. Cómo va a surgir se nos escapa pero va a buscar un equilibrio entre las partes”, concluyó el CEO de Sancor Seguros.

De acuerdo a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), cuyo gerente general Fernando Pérez participó de uno de los paneles del evento en el hotel Alvear Palace, los datos muestran que existe una “litigiosidad creciente” desde los 40 mil casos que hubo como piso por efecto del Covid hasta los cerca de 120 mil juicios actuales.

“El ahorro para todo el sistema equivaldría a la contratación de 100 mil trabajadores al año. En 2023 fueron casi 400 millones de dólares. Y desde 2017 hasta hoy se calcula en 3.275 millones de dólares”, indicó Pérez.

Para Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), lo más importante para el sistema es que las compañías del sector “vuelvan a su esencia que no es administrar juicios sino la prevención”.

El superintendente de servicios de seguro Guillermo Plate, en tanto, aseguró que “si no sabemos cuánto es la tasa de los pasivos, es imposible la previsibilidad y tener activos que ‘matcheen’ esa tasa. Ahí está el verdadero problema”, indicó.

“Más allá de cantidad enorme de juicios, el interés del asegurado y el trabajador, lo vital es la previsibilidad que no le podemos dar al sistema a pesar del esfuerzo del sistema para seguir adelante. el sistema aporta muchísimo al trabajador y al mercado laboral”, puntualizó y dijo que los incentivos y honorarios de peritos o abogados son altos en comparación con “lo que le queda efectivamente al trabajador. Ahí nos damos cuenta a lo que nos enfrentamos”, concluyó.

Plate enfatizó que “se necesita tener una superintendencia fuerte, que supervise y pueda ayudar a la Justicia”. “El proyecto que tengo se inscribe en el proyecto general del gobierno, transparente, eficiente y profesionalizada, apuntando a la desregulación del sector”, sintetizó.

“Hay que eliminar registros que no sirve para nada. Acabo de eliminar un seguro obligatorio que se le impone a una persona que iba a tomar un viaje de larga distancia sin que lo supiera. Así no es como se capitaliza el sistema”, dijo el funcionario. El regulador dijo que “hay aseguradoras que hemos excluido del sistema porque llenaban de juicios los juzgados”.

El superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, expresó que “la Ley 27.348 tuvo por objeto ordenar la litigiosidad” cuando se sancionó en los años 90′. En ese sentido, recordó que se había logrado reducir de 120.000 juicios laborales anuales a solo 40.000. “Hoy lamentablemente volveremos a estar con un saldo de 120.000 juicios. La solución es cumplir con la ley”, dijo Morón.

Por su parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que la Argentina “necesita una planificación institucional” para evitar la “excesiva litigiosidad”, por lo que abogó por la conformación de procesos pre judiciales, a fin de conseguir que no todos los conflictos lleguen a la instancia de los tribunales.

“En la Argentina estamos acostumbrados a que los problemas no se resuelvan, más bien se trasladan, y los de la litigiosidad los hemos hablado infinidad de veces y nunca los resolvimos”, planteó.

Sin embargo, aseveró que “el problema de la excesiva litigiosidad no beneficia a ninguna de las partes pero es soluble, es hora de que nos pongamos a resolverlo, respetando ciertos valores fundamentales: respetar los contratos, limitar las emergencias e intervenciones y buscar soluciones de política de Estado para ir a la causas”.

Más temprano, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona propuso aumentar las penas contra aquellos que realizan fraudes contra las compañías de seguros e ir por los beneficios patrimoniales que, eventualmente, consiguen los implicados a través de esas “estafas”. Las denuncias de falsos siniestros contra las compañías de seguro representan “un tremendo ataque a la propiedad y al mercado, que daña al sistema de seguros, pero va a más allá, porque afecta a la economía en general”.

En la actualidad, estas maniobras “tienen penas de entre uno a seis años de prisión, porque se trata como una estafa común, y si es tentativa, es mucho menor, por lo que puede haber “probation”. “La pena de fraude a compañías de seguro no pueden ser tan baja. Tenemos que aumentarlas, como pasa en Alemania o España”, dijo el funcionario.