RIGI, concesiones y empleo público: el Gobierno acelera con la letra chica de la Ley Bases

El Gobierno buscará acelerar esta semana con la reglamentación de distintos aspectos de la ley de Bases, entre ellos la letra chica del régimen de grandes inversiones (RIGI), que es mirado de cerca por las empresas de distintos rubros para saber qué operaciones quedarán alcanzadas por el nuevo esquema con facilidades tributarias y cambiarias. También estará sobre la mesa esta semana la oficialización de un esquema para que los empleados de organismos públicos que se cierren tengan apoyo salarial del Estado mientras se incorporan al sector privado y los cambios a la ley que regula las concesiones de obra pública.

El RIGI es el punto de la ley de Bases más esperado por el sector privado y es señalado como uno de los motores que pueden tener las empresas para realizar grandes inversiones en un puñado de sectores beneficiados por las facilidades que otorga ese régimen. Fuentes del equipo económico aseguraron a Infobae que la reglamentación se trabajará en los próximos días y que se dará a conocer sobre el cierre de la semana. Las empresas están en alerta porque buscan garantía por parte del Gobierno, en especial los industriales, de que la redacción fina asegure que la exención de aranceles para insumos y bienes de capital no excluya al sector fabril local.

A grandes rasgos, el RIGI sostiene que durante 30 años, las exportaciones que surjan de los proyectos que ingresen a ese esquema no pagarán retenciones; tributarán sólo 25% del Impuesto a las Ganancias; podrán tomarse a cuenta de ese impuesto el 100% del impuesto al cheque y gozarán de un mecanismo de compensación de los créditos fiscales de IVA durante la etapa de construcción. A su vez, en materia cambiaria, a partir del segundo año de iniciado el proyecto podrán dejar el 20% de las ganancias fuera del país; el 40% al tercer año y luego la totalidad.

El Gobierno le puso números a las perspectivas de inversión que un sector como el de energía podría tener cuando el RIGI quede establecido en su letra chica. En una presentación reciente del vicepresidente del Banco Central Vladimir Werning en Colombia, donde participó del XIX Conferencia Anual de Estudios Económicos del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) en Cartagena, estimó que el rubro tiene en el horizonte inversiones potenciales por algo más de 54.000 millones de dólares. Es un número que ya había expuesto hace pocas semanas ante ejecutivos de fondos de inversión en Nueva York.

Otro tema en el que trabajó el equipo económico para que sea oficializado en estas horas tiene que ver con los cambios a la ley de concesión de obra pública (la N° 17.520), también incluida en la ley de Bases. Un capítulo clave que se reglamentó este lunes en el Boletín Oficial y tiene que ver con el segmento de solución de controversias.

“Los contratos podrán prever mecanismos de prevención y solución de controversias, conciliación o arbitraje y que las discrepancias de carácter técnico o económico podrán ser sometidas a un Panel Técnico o Tribunal Arbitral. En caso de optarse por la vía del arbitraje con prórroga de jurisdicción, se prevé que la cláusula arbitral deberá ser aprobada por el Poder Ejecutivo e informada al Congreso”, resumió los cambios de la Ley Bases un informe del estudio Marval O’Farrell Mairal.

Actualmente, ante incumplimientos de contrato por parte del Estado, las empresas suelen acudir al tribunal internacional del CIADI, perteneciente al Banco Mundial. La letra chica buscará afinar ese proceso, en favor de las empresas concesionarias.

Además del RIGI y la obra pública, el Gobierno buscará avanzar como próximo paso en la reglamentación del nuevo esquema que sostendrá el pago del salario durante un año para trabajadores de organismos que el Estado busque cerrar, una de las ideas que en los últimos días verbalizó el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. La intención es que, en el marco del objetivo para reducir personal y achicar la estructura del Estado, los empleados que se encuentren en planta permanente pero pasen a quedar afectados por la restructuración o reducción de organismos puedan insertarse en el sector privado formal.

El personal que no sea reubicado estará obligado a recibir capacitación o desarrollar tareas para otro organismo durante 12 meses, con goce de sueldo. Luego de ese período, si ese trabajador no encontró un puesto en el sector privado será despedido e indemnizado.

“Cuando se fusionan o cerrás organismos, ¿qué haces con la gente? Se le protege el salario durante 12 meses y después se le da una indemnización. Vamos a hacer un esquema para que en esos 12 meses el trabajador pueda ir a una empresa privada y le diga: ‘Probame’. Y esa plata, esos 12 meses se la vamos a dar a la empresa. Si el trabajador quiere se la damos a él, pero si elige se la damos a la empresa”, explicó recientemente Sturzenegger en declaraciones a Radio Mitre.

Sturzenegger también introdujo cambios a la manera en que el Estado contrata empleados. A través del decreto 695/2024, el Gobierno ya había publicado la semana pasada una serie de modificaciones en el sistema de empleo público, que se centran en la implementación de un nuevo sistema de ingreso, así como en la reestructuración y reubicación del personal estatal.

Una de las principales innovaciones es la introducción de una “Evaluación General de conocimientos y competencias” para trabajar en el Estado. Esta evaluación será anónima y la diseñará y reglamentará la Autoridad de Aplicación. La identificación del candidato se realizará únicamente una vez calificado.

El decreto establece que la máxima autoridad de la jurisdicción o del organismo descentralizado correspondiente al cargo concursado será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos, “así como de las previsiones pertinentes de las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública”. En casos pertinentes, la Unidad de Recursos Humanos podrá consultar a la Oficina Anticorrupción, la cual deberá expedirse en un plazo de cinco días.

Además, las personas designadas deberán presentar una declaración jurada patrimonial y sus antecedentes laborales cuando la función a desempeñar lo requiera. También se ha estipulado que “no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica”.