El Gobierno acordó con la empresa que quiere comprar IMPSA un mes más para negociar y habría otras firmas interesadas

El Gobierno aceptó un pedido de la empresa norteamericana ARC Energy para presentar su oferta de compra de la mayoría accionaria de IMPSA a mediados de septiembre y asegura que, sin trámite formal, hubo consultas de otras firmas interesadas en la situación de la metalúrgica con sede principal en la provincia de Mendoza. La Nación, que tiene el 63% de las acciones de IMPSA y busca desprenderse del control de la compañía -un camino que también tomará el gobierno mendocino- anunció este lunes que también pondrá a la venta participaciones accionarias en cuatro centrales hidroeléctricas.

Según mencionaron fuentes oficiales a Infobae, el Poder Ejecutivo dio el visto bueno para que el plazo original en que ARC Energy debía tener finalizado su proceso de debida diligencia para evaluar el estado de la empresa que busca comprar, que terminó ayer domingo, sea extendido hasta el 15 de septiembre. Tendrá así un mes más para terminar de evaluar cuál será la oferta económica final para adquirir el paquete accionario que vende el Estado nacional.

Una vez que llegue a ese plazo, se hará pública la oferta y se iniciará el plazo de mejoramiento de esa oferta, en el que durante los siguientes 60 días, otros posibles interesados podrán mejorar la propuesta inicialmente presentada. Si durante ese período no se presentaran nuevos ofrecimientos, se iniciará el proceso de capitalización de la firma.

La compañía de origen norteamericano realiza por estos días el proceso due dilligence, que es uno de los pasos formales que requiere cualquier operación de adquisición o fusión de empresas, y que le permite a una firma tener un estado completo y actualizado (desde lo contable como los activos y las deudas hasta la situación de su plantilla laboral), sobre la compañía que busca comprar. Si bien desde la Secretaría de Desarrollo Productivo que encabeza Juan Pazo aseguraron que hubo interés de otras empresas, la única que tiene trámite formal es la norteamericana.

En mayo de 2021, el gobierno de Alberto Fernández decidió realizar una operación de capitalización del holding fundado por la familia Pescarmona, lo que dejó a la participación accionaria del Estado nacional por encima del 60% del total. De esa manera, el Estado nacional pasó a ser el accionista principal de la tradicional empresa metalúrgica.

Esa capitalización incluyó USD 20 millones por parte del Estado nacional y otros USD 5 millones por parte de la provincia de Mendoza, ambos en capital de trabajo. Así, la provincia se reservó el 20% de las acciones y un 15% quedó en capitales privados. La participación de la familia fundadora se redujo al 5% del total del grupo empresario.

La capitalización propuesta por ARC Energy estará destinada a capital de trabajo y serán canalizados por el Fondo de Inversión Americano (IAF), especializado en temas de energía, y está integrado por referentes de dicha industria. ARC junto a IAF fue manteniendo contactos con el gobierno nacional y el de Mendoza, previo al envío de la propuesta formal para conocer el estado de la empresa, situación de los proyectos en ejecución y la capacidad productiva del Centro de Desarrollo Tecnológico con el que cuenta IMPSA, afirmaron desde la compañía.

Desde ARC y IAF se planteó un escenario de due diligence para conocer los detalles de la situación general de la empresa y colaborar en el proceso de reestructuración de la deuda con el objetivo de poder generar las condiciones necesarias para el relanzamiento de Impsa a los mercados internacionales.

En relación al proceso iniciado, Jason Arcenaux, CEO de ARC Energy y Partner & Founder de IAF, afirmó: “IMPSA es una empresa con una historia única en el mundo y referente en América Latina, que cuenta con un capital humano de altísima formación y con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial”.

“En la recorrida que hicimos en el Centro de Desarrollo Tecnológico de Mendoza, pudimos observar el potencial de la empresa para crecer en el mercado y llevar alianzas estratégicas con compañías referentes de la industria de todo el mundo” agregó Arcenaux.

Si bien no estaba incluida en el listado de empresas a privatizar, el Gobierno reglamentó recientemente el segmento de la ley de Bases sobre enajenación de compañías públicas. El listado de empresas autorizadas por el Congreso fue reducido a ocho: Energía Argentina (ENARSA), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

“El Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos”, mencionó el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Entre las compañías que el Gobierno aceptó eliminar del mega proyecto (las excluidas) se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA (Radio y Televisión Argentina).