El precio del boleto de colectivo: el detrás de escena del conflicto entre el Gobierno, CABA y Buenos Aires por la quita de subsidios

La intención del Gobierno nacional de equiparar el trato que reciben la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el de las provincias respecto a los subsidios al transporte abrió una nueva disputa por fondos públicos y el costo político de un eventual impacto en los castigados bolsillos de los usuarios, en el marco de la hoja de ruta de ajuste fiscal que impulsa el presidente Javier Milei. En el interior dejaron de recibir subvenciones desde febrero y hubo fuertes incrementos.

Los funcionarios del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no tardaron en salir al cruce de la medida. En esas jurisdicciones advirtieron sobre posibles paros en los próximos meses y los efectos sobre los pasajeros, respectivamente.

En ese marco, los boletos aumentarán desde el lunes un 37,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por lo que el mínimo pasará de $270 a 370 pesos. La gestación del plan de ajuste está en manos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien calibra el ritmo de su hoja de ruta en base al timing entre el objetivo de equilibrio en las cuentas públicas y no poner en riesgo la desaceleración de la inflación.

En la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, a cargo del cordobés Franco Mogetta, aseguraron a Infobae que la intención de que Buenos Aires y CABA asumieran el costo de financiar los subsidios fue parte del diálogo que mantuvieron con sus interlocutores de esas respectivas gestiones durante los últimos meses.

“Queremos terminar con las iniquidades que hay con el interior. En el caso de CABA, es la única jurisdicción que no cubre el 100% de las compensaciones a las líneas de colectivos. Nosotros asistimos con la tarifa social que es un descuento del 55%”, explicó un funcionario al tanto de las conversaciones. El de la Ciudad parece ser el entuerto más dificultoso.

Ante la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, Mogetta dijo esta semana que el plan inmediato es abandonar desde septiembre cualquier tipo de subvención para las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro del territorio porteño, algo que estaba previsto desde 2012, cuando se traspasó el subte y el premetro, pero que nunca se materializó. Pasado a números: el costo que Transporte nacional quiere dejar de cubrir son unos $7.000 millones que destina a subsidiar ese 45% que le toca a la Nación.

A eso se suma la intención de Nación de traspasar el costo por el descuento de la Red SUBE que se aplica en el AMBA de forma automática, solo para las tarjetas registradas, en esas 31 líneas. El primer viaje se paga el boleto pleno, el segundo con descuento del 50% y el tercero con 75% de rebaja.

“Con el costo del boleto integrado y las 31 líneas, teniendo en cuenta que hubo una recomposición de tarifas, el gasto mensual va a ser de $12.500 millones para la Ciudad desde septiembre”, calcularon en un despacho de la dependencia que conduce Mogetta.

A través de una carta enviada este miércoles a Caputo, el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, sostuvo que es la Nación quien regula y controla el servicio, y define la estructura de costos del sistema, al tiempo que advirtió por eventuales problemas con las operadoras.

“Mediante la presente se informa que, en el caso de que el Estado Nacional no efectivice la parte de las compensaciones que le corresponde realizar, conforme a lo oportunamente comprometido y en el marco de la doctrina de los actos propios, corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiere generarse con las empresas prestatarias del transporte público automotor”, consignó la carta.

El gobierno de Milei avisa que podría realizar por decreto ese traspaso. Sin embargo, fuentes que conocen el sector destacaron a este medio que ese proceso debe realizarse a partir de un “acta acuerdo” entre las partes.

Este tema genera desconcierto en las cámaras empresarias de colectivos, que reclaman a la Ciudad que postergue el traspaso de la competencia para pagar el 45% de los fondos para sostener el sistema mientras que en paralelo anuncian la construcción de un sistema eléctrico de pasajeros que se llamará “MIMUBE”. De hecho, en junio enviaron una carta dirigida a Macri a la que accedió Infobae haciendo mención al tema.

En el caso que se decida no continuar subsidiando el boleto de colectivos, este podría ubicarse entre los $1.350 y $1.400, según estimaciones de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta).

Por su parte, el gobierno bonaerense paga el 100% de las compensaciones por $70.000 millones que reciben las líneas de colectivos que circulan exclusivamente por su jurisdicción. Esos son los fondos con los que se cubre la diferencia entre el precio del boleto, actualmente en $270 para el mínimo, y el precio “real” del pasaje. La disputa con Nación tiene que ver con la intención de Caputo de que la provincia afronte, en las líneas numeradas del 200 para arriba que circulan en Buenos Aires, el costo por el descuento de la Red SUBE.

“Nosotros vamos a agotar la vía administrativa y luego iremos con un recurso a la Corte”, advirtió esta semana el ministro de Transporte de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio.

En la Secretaría de Transporte de la Nación aclararon que con el último aumento de boletos anunciado, Buenos Aires pasaría de abonar a las empresas $70.000 millones a $56.000 millones mensuales para subsidiar la tarifa, mientras que con el traspaso del boleto integrado el costo total sería de $62.000 millones. “Son casi $10.000 millones menos de lo que venían pagando”, apuntaron.

Las empresas que continuarán recibiendo subvenciones tanto por boleto integrado como por tarifa por parte de la Nación son las 123 de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA y el interior del país.

Dentro del AMBA siguen con subvenciones las líneas: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195.

En el interior del país: Línea 906 Santa Fe - Paraná; Línea 907 Santa Fe - Paraná; Línea 902 Chaco – Corrientes; Línea 904 Chaco - Corrientes; Línea 908 Viedma – Patagones; Línea 911 Neuquén - Río Negro; Línea 912 Apóstoles - Colonia Liebig; Línea 914 Neuquén - Río Negro; Línea 915 Buenos Aires - Santa Fe; TP 249 Buenos Aires - Santa Fe.

El Gobierno Nacional además seguirá subsidiando a los 5,3 millones de pasajeros que reciben la Tarifa Social con $25.000 millones por mes. Esta implica un descuento del 55% en el precio del boleto a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales en las 60 localidades de todo el país en las que está implementado el sistema SUBE.

En las provincias, el boleto de colectivos se encuentra solo subsidiado por los gobiernos provinciales, ya que Nación eliminó el Fondo Compensador del Interior (FCI) por el cual se compensaba a esos pasajeros. Ese fideicomiso tuvo en 2023 un presupuesto de $102.000 millones que fueron cortados en febrero, cuando solo se habían transferido unos $17.000 millones.

En Rosario, por ejemplo, el estudio de costos hecho por el municipio arrojó que el boleto debería salir $1.355. Actualmente el costo es de $940. ¿Quién pone la diferencia? La municipalidad. ¿El motivo? Un aumento fuerte en el pasaje impactaría de lleno en la economía de las familias y los trabajadores, ya que es un gasto diario e imposible de evitar.

Lo mismo en la ciudad de Córdoba, donde la Federación Empresaria del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) estima que el pasaje debe estar a $1.700 y, actualmente, el monto que pagan los cordobeses es $940. Los $1.000 son puestos por el estado municipal.