El Gobierno decretó que los aviones del Estado no podrán ser utilizados para ninguna actividad privada

El Gobierno nacional dispuso mediante un decreto que las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas en ninguna actividad privada, y solamente estarán afectadas a las tareas que hacen a su condición jurídica esencial al servicio del poder público.

“Las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público”, mientras que queda prohibida “su utilización en cualquier actividad aérea que, por su condición, pueda ser considerada propia de una aeronave privada”, dispone el decreto 2024-712 firmado por el presidente Javier Milei y publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.

La normativa especifica que “las aeronaves privadas de titularidad del Estado Nacional, de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, de los Municipios y de entes descentralizados, desconcentrados o de empresas estatales, podrán realizar actividades aerocomerciales de transporte aéreo y trabajo aéreo en cuanto cuenten con las autorizaciones correspondientes otorgadas por la autoridad aeronáutica”.

El articulado también indica que “los servicios de navegación aérea deberán otorgar prioridad de operación a las aeronaves públicas”, las cuales “podrán ser objeto de todo tipo de contratos interjurisdiccionales de utilización, siempre que todas las partes involucradas pertenezcan al Sector Público”.

El decreto instruye a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que, en el término de 120 días contados a partir de su publicación, dicte una normativa específica relativa al uso de aeronaves públicas o privadas de propiedad estatal.

En su considerando la norma alega que “las aeronaves públicas son empleadas por los respectivos Estados propietarios en funciones de interés común, de bienestar general y de servicio comunitario, por lo que deben contar con prioridad de operación por parte de los servicios de tránsito aéreo, entendiéndose por tales los servicios de información de vuelo, de alerta, de asesoramiento de tránsito aéreo y de control de tránsito aéreo (servicios de control de área, control de aproximación”.

Por esto mismo, agrega: “La propia naturaleza jurídica de las aeronaves públicas determina que el vínculo contractual sobre ellas se encuentre restringido a entidades públicas o pertenecientes al Sector Público y que la operatoria no entrañe lucro, sin perjuicio de la compensación o atención de los gastos operativos en que hubiera incurrido el organismo titular de la aeronave”.

El uso de las aeronaves del estado tuvo un cambio importante a partir de este Gobierno ya que el presidente Milei comenzó su gestión haciendo uso sólo de vuelos comerciales, pero por recomendación del Ministerio de Seguridad, dejó de tomar vuelos regulares.

“El Ministerio de Seguridad nos advirtió sobre ciertos riesgos que existen sobre que el presidente siga volando en vuelos comerciales comunes. El Presidente no puede viajar más en vuelos comerciales y el Ministerio de Seguridad les ha elevado a todas las partes un informe reservado del por qué de esta sugerencia. Efectivamente el Presidente dejará de usar vuelos comerciales para viajar”, afirmó el vocero Manuel Adorni en abril ante una pregunta de Infobae.

Como muestra de austeridad, Milei había anunciado reiteradas veces durante la campaña electoral que no utilizaría la flota presidencial de aeronaves y que se trasladaría en vuelos comerciales. Así lo hizo cada vez que viajó al exterior en los primeros meses de su gestión. Pero la seguridad hizo modificar ese criterio: en abril, el Presidente debió trasladarse a Bariloche para asistir al Foro Llao Llao y allí se reactivaron los viajes en los aviones oficiales.

Más allá de esto, en la Casa Rosada admitieron en su momento que fue un error dejar de utilizar la flota oficial para los viajes del Presidente, y recordaron que tuvo que suspender un viaje a Dinamarca por los riesgos que implicaba que tomara un vuelo comercial en medio de la escalada de tensión por el ataque de Irán a Israel.

La ministra Patricia Bullrich había dado quien brindó la primera advertencia para que el Gobierno cambie de posición. Impulsó la idea de que, a pesar de las restricciones presupuestarias en medio del ajuste económico generalizado, había que “cuidar” al Presidente y que no debía seguir viajando en vuelos de línea.

“No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente. Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al Presidente”, aseguró la ministra de Seguridad.