En julio el Gobierno nacional continuó con un muy marcado ritmo de recorte del gasto público pero que en este caso no le alcanzará para mostrar superávit en las cuentas públicas como sí logró en los primeros seis meses del año, por un total de 0,4% del PBI. En un contexto de caídas sostenidas en los ingresos fiscales, desde agosto el Poder Ejecutivo contará con refuerzos de recaudación por la moratoria y la recomposición de Ganancias, que compensarán la reducción del impuesto PAIS.
Algunas mediciones privadas, con datos recopilados de julio, estimaron cuál fue el comportamiento de las cuentas públicas en el séptimo mes del año. El equipo económico anticipó que julio mostrará superávit primario pero déficit financiero, por la alta carga de pago de intereses de deuda.
Analytica, por un lado, tiene un monitor de ritmo de gasto público que elabora de manera mensual. Para el caso de julio, calcularon que la motosierra hachó en un 27% en términos interanuales las erogaciones primarias. Es un número alto pero no de los más elevados del año (había sido de 39% interanual en marzo, 35% en febrero, y 34% en diciembre y junio).
Pasado a números concretos -con nominalidad actual- implicaría un recorte desde 9,1 billones de pesos hasta 6,7 billones. En julio los sectores del presupuesto más ajustados fueron transferencias a provincias (-95%), obra pública (-85%), Bienes y servicios (-29,6%) y gasto en personal (24,6 por ciento). Y al analizar el acumulado de los primeros siete meses del año, el desplome del gasto primario es de 31%, desde 63,8 billones de pesos a 43,9 billones. En ese lapso enero-julio las transferencias de obra pública cayeron 81%, las que son no automáticas a provincias lo hicieron en 74%; y entre las más onerosas, jubilaciones y pensiones cayeron 23% en términos reales.
Otro informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), estimó que “a partir de diciembre de 2023 se observa una creciente brecha entre las tasas de variación interanual de los ingresos y de los gastos totales, con los primeros evolucionando sostenidamente por encima de las erogaciones. A su vez, desde el último mes de 2023 se observa que en todos los meses los gastos experimentaron variaciones interanuales negativas (o sea, por debajo de la inflación), a diferencia de los ingresos, que oscilaron entre caídas y crecimientos”, identificaron.
“En julio el nivel de caída interanual del gasto total evidenciado en el mes anterior, mientras que variación de los ingresos experimentaron una reducción de la retracción interanual alcanzada en junio, lo que implica una ampliación de la brecha entre ingresos y gastos”, plantearon. A la ASAP sus cálculos le dan que julio habría terminado con superávit tanto primario como financiero, incluso aunque el Gobierno ya adelantó que no será así.
Esa diferencia está explicada en las particularidades de la metodología de medición que utilizan las consultora y centros de estudios privados, que toman en consideración el gasto devengado (órdenes de pago emitidas pero no necesariamente pagadas de manera efectiva) y a la administración pública nacional, mientras que el informe de la Secretaría de Hacienda, que se conocerá el viernes de la semana próxima, mide base caja, es decir, lo que se pagó en concreto, y de todo el sector público nacional.
Julio tuvo presiones adicionales por el lado del gasto -realizado pero también atrasado, es decir, por deuda flotante acumulada- y podría mostrar una foto distinta. La cuenta de intereses de los pasivos del Tesoro será alta porque durante julio se pagaron los cupones de los bonos en dólares, que le exigieron a las arcas pesos equivalentes a unos USD 2.600 millones.
A esa situación se le suman los pagos atrasados del sector público, que al 30 de junio llegaron a 2,7 billones de pesos, habiendo aumentado casi 70% respecto al saldo deudor acumulado hasta mayo, de $1,1 billones, según datos de la Tesorería General de la Nación. Es habitual que en los cierres de semestre aumente la deuda flotante, pero el aumento registrado en junio excedió largamente las medidas normales. Por caso, el rubro Transferencias pasó de $517.000 millones a $1,2 billones.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) también publicó un informe con datos fiscales hasta julio, enfocado en el ritmo de ejecución presupuestaria. “Entre las principales conclusiones podemos destacar que se detectó una fuerte caída de la ejecución real respecto al mismo período del año 2023, del orden del -30%, lo cual implica un significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración. Paralelamente, se verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que dicha función representó nada menos que el 11% del total de gastos”, explicaron.
“En materia de obra pública, el escenario es de una paralización casi total de las partidas presupuestarias, con caídas cercanas al 100% en programas como Apoyo para Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica”, concluyeron.
Los ingresos tributarios tuvieron caídas significativas a lo largo del año, pero algunas de las iniciativas incluidas en el paquete fiscal otorgarán un refuerzo fiscal desde agosto. Según estiman en el equipo económico, la vía más próxima será la de la moratoria impositiva, que podría empezar a reflejarse en los números de la recaudación de AFIP de este mismo mes. El plato fuerte será la recomposición de la cuarta categoría de Ganancias, desde septiembre. Como contrapartida, el Estado perderá parte de los ingresos por el impuesto PAIS, que ese mes pasaría de 17,5% de alícuota a 7,5 por ciento.
El Gobierno tiene, como escenario de base, una proyección en la que el blanqueo de capitales le aporte una recaudación de 0,3% del PBI. Si así ocurriera, la suma de recursos tributarios adicionales a partir de la reglamentación de la Ley Bases y del Paquete Fiscal en el segundo semestre sería superior al 1% del PBI, entre las que se encuentran precisamente la moratoria y Ganancias. Un elemento más para la ecuación: el gasto extra en que podría incurrir la Nación por el proyecto de movilidad jubilatoria que se debate en el Senado
El resultado de las cuentas públicas comenzó a tener un peso aún mayor a medida que se cristalizó la segunda fase de política económica del gobierno de Javier Milei. La magnitud del superávit determinará, en adelante, la solvencia del Tesoro para pagar los intereses de las nuevas Letras de Liquidez (LeFi) que comenzaron a circular el lunes pasado, por $10,85 billones.
Además de las LEFI, las Lecap que desde mayo iniciaron el proceso de migración de deuda desde el Central la Tesoro, también deberán ser pagadas con superávit. Y, posiblemente, también los pagos de deuda en dólares que se realicen en adelante se harán con dólares comprados con excedente fiscal.