Desde hoy los usuarios residenciales de los servicios públicos de electricidad y gas natural que se sumen a la tarifa social dejarán de ser automáticamente incluidos dentro del segmento de bajos ingresos en el esquema de segmentación de subsidios vigente según una norma que publicó el Gobierno. Por tanto, esos beneficiarios deberán completar el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para evitar pagar más cara la energía en sus próximas boletas.
La medida se conoció este lunes a través de la Disposición 1/2024 de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, a cargo de Mariela Beljansky, en la que se prorrogó por un mes, hasta el 4 de septiembre, la fecha límite para que cerca de 1,7 millones de hogares que perciben la tarifa social, pero todavía no se anotaron en el RASE, hagan el trámite y puedan mantener las subvenciones. De no hacerlo, comenzarán a pagar como si estuvieran dentro del sector de altos ingresos.
Es que el Gobierno de Javier Milei avanza en una “depuración” de algunos beneficiarios que, entienden, no necesitan recibir asistencia del Estado para afrontar el pago de sus facturas como parte de la hoja de ruta de ajuste fiscal. Esa es una de las misiones que tiene a su cargo el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y su equipo.
La gestión de Alberto Fernández puso en marcha en 2022 la segmentación tarifaria por la que todos los usuarios debían anotarse en el RASE o perderían el subsidio. Allí se dividió a los hogares en altos ingresos (Nivel 1), Ingresos bajos (Nivel 2) e Ingresos Medios (Nivel 3). Los últimos datos oficiales arrojan que los N1 son 5,3 millones, los N2 son 8 millones y los N3 son 2,7 millones.
A pesar de las múltiples campañas de información y búsqueda en el territorio, muchos sectores que calificaban para recibir la asistencia no hicieron el empadronamiento por falta de recursos o desconocimiento. Es por eso que se decidió incluir automáticamente, todos los meses, a los beneficiarios de las tarifas sociales, nacionales o provinciales, dentro de los criterios de tarifas que rigen para el universo de bajos ingresos, es decir, Nivel 2.
En el caso de la electricidad, desde el Pacto Fiscal de 2018 los criterios para determinar si un usuario recibe tarifa social corresponden a las provincias porque cada una tiene su propio ente regulador, a excepción del AMBA. Es ahí donde pone el ojo Energía. En el caso del gas, por ser regulado a nivel nacional, el Gobierno cuenta con mayor información para el cruce de datos.
Es así que cada mes se comparan los listados de beneficiarios de tarifa social con el RASE para que los hogares que están dentro del primero pasen a tener los beneficios del Nivel 2 de la segmentación. La Disposición 1/2024 deja sin efecto ese proceso, por lo que ahora habrá que anotarse en el RASE.
“La baja de los mecanismos provisorios de inclusión automática en el RASE en nada impiden que quienes lo necesiten presenten, en cualquier momento, tal solicitud. La solicitud de inscripción puede realizarse por toda persona mayor de 18 años, en forma ágil y gratuita, a través del formulario digital correspondiente. Aquellos usuarios que no tengan acceso a medios digitales o que de otra forma necesiten asesoramiento para completar el correspondiente formulario, podrán solicitar asistencia en forma presencial en las oficinas UDAI de Anses”, detalla la norma.
A pesar de las múltiples campañas de información y búsqueda en el territorio, muchos sectores que calificaban para recibir la asistencia no hicieron el empadronamiento por falta de recursos o desconocimiento
En tanto, la disposición oficializó la extensión por un mes, hasta el 4 de septiembre próximo, la posibilidad de que los usuarios residenciales de los servicios públicos de luz y de gas natural que tienen tarifa social, no se anotaron en el RASE y ya perciben subsidios, hagan el trámite para evitar perder la subvención. La fecha límite original era el 5 de agosto.
No es necesario que los hogares que ya hicieron el empadronamiento se vuelvan a inscribir, a menos que quieran actualizar sus datos.
La decisión de Energía tiene que ver con evitar un impacto mayor al bolsillo de las facturas que comenzaron a llegar tras los aumentos, la quita de subsidios del primer semestre y un mayor consumo invernal. En agosto, el Gobierno habilitó un incremento del 4% mensual y retomó el sendero de ajuste.
“Corresponde contemplar que el presente invierno ha presentado características extraordinariamente rigurosas que impactan sobre los usuarios más vulnerables. Que así las cosas, se considera prudente otorgar un plazo adicional para que se completen las inscripciones en el RASE por parte de los usuarios que nunca se inscribieron en forma directa y que necesiten solicitar el beneficio, a la par que se considera que corresponde dejar sin efecto, hacia adelante, el mecanismo de inclusión automática en el RASE que había sido previsto, con carácter provisorio, en la Resolución N° 631/22″, explicó Planeamiento Energético.
El Observatorio de Tarifas y Subsidios en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet, estimó en su último informe que una familia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios recibió en julio una factura de gas natural 1.208% más alta que en diciembre, “debido al aumento de tarifas en abril y junio, además del consumo estacional por el pico invernal”.
A su vez, el gasto en transporte aumentó 410%, en agua 249% y en energía eléctrica 229%, según el estudio. Los usuarios subvencionados no recibieron incrementos más benignos.
En ese marco, durante el primer semestre los subsidios a la energía que pagó el Estado sumaron el equivalente de USD 3.158 millones, según la consultora Economía y Energía. Eso implica un recorte del 46% interanual, es decir, un ahorro de USD 2.618 millones respecto a igual período del año previo.
Buena parte de ese resultado tuvo que ver con menores precios internacionales y la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, que permitió sustituir importaciones. El objetivo oficial es sostener ese resultado para finalizar el año con una erogación de 1% del PBI respecto al 1,5% con el que cerró 2023, una caída superior a los USD 3.000 millones.
“Si bien los subsidios al sector energético disminuyeron interanualmente un 46%, solo explican el 13% de la contracción total del gasto primario del Estado. Otro 3% tuvieron que ver con otras partidas, entre las que se encuentra transporte”, destacó Economía y Energía. Casi el 40% del recorte del gasto público tuvo que ver con las partidas sociales, entre ellas, jubilaciones y pensiones.