El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó esta mañana los alcances de la reglamentación de parte de la Ley Bases, específicamente la que contempla las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas. En declaraciones radiales, el funcionario dio detalles de cómo funcionará a partir de ahora el ingreso al Estado y qué pasará con los trámites, y en este contexto anticipó algunas de las medidas que preparan con el ministro de Economía, Luis Caputo, vinculadas con la licencia de conducir.
Ante una consultora periodística respecto de si el gobierno trabaja en la posibilidad de que la patente le pertenezca a la persona y no al vehículo, el funcionario respondió que “la patente puede ser de la persona o del auto, pero que la cosa no va por ahí”. Y seguidamente dijo: “Vos tenés que sacar una licencia de conducir. ¿Por qué la tenés que renovar? Esos trámites pueden cambiar. En los Estados Unidos, por ejemplo, no se renueva pero la persona tiene que mandar una declaración jurada de que mantiene un buen estado de salud para conducir”.
De esta manera, Sturzenegger dio a entender qué es lo que está en estudio y que anunciarían, según adelantó, en las próximas semanas con el ministro Caputo. Incluso, puso el ejemplo de México: “López Obrador puso una licencia vitalicia”.
Por otra parte, el ministro se refirió al cierre de los registros automotores y al trabajo que se está realizando para simplificar trámites y reducir costos. “Lo que paga en el registro a veces no es todo el costo del registro, sino que el 70% son impuestos, y muchas veces provinciales. Eso, a menos que las provincias decidan reducirlo, seguirá. Nosotros podemos reducir los sobrecostos que se generan en los registros y trabajar para cambiarle la experiencia a lusuario, poder hacerlo online”, señaló, al tiempo que agregó: “Vamos a habilitar el proceso para que pueda hacerse digital. Y no sólo el registro, sino que vamos a buscar que cualquier otro contrato se pueda firmar online”. La idea es que pueda lograrse que sea sencillo conseguir la firma digital de manera remota, por ejemplo, para un contrato de alquiler, detalló el ministro.
Sobre los cambios en la Ley de empleo público, uno de los capítulos ya reglamentados, Sturzenegger remarcó que “el objetivo es dejar atrás para siempre la idea de Estado colonizado por militantes políticos y que el ingreso al sector público sea algo más profesional”, lo que “honra a los contribuyentes”.
La norma establece que para ingresar al Estado todas las personas deberán rendir un examen que no tendrá intervención humana y que lo corregirá una computadora. Si esa persona está por encima del nivel mínimo de competencias, podrá seguir el proceso. Los concursos continuarán, pero previamente a ello todos deberán rendir este examen introductorio, explicó Sturzenegger.
Otro cambio que se implementó se vincula a las adscripciones. Hasta ahora sucedía que trabajadores del Estado que eran reclamados por alguna otra repartición seguían cobrando el sueldo del organismo que lo había contratado originalmente. A partir de ahora, quien se haga cargo de un trabajador de otra repartición, tendrá que hacerse cargo de financiar ese puesto.
Por otro lado, se reglamentó el “régimen de disponibilidad”. ¿Qué significa? Que cuando se cierra una repartición esos trabajadores pasan a ese régimen, se les paga el sueldo durante 12 meses y luego se realiza el empalme con otra dependencia del Estado o también podrá hacerse con un trabajo privado. Según explicó el funcionario, esa persona podrá hacer que el empleador privado tome a cuenta su salario en el sector público. “Es una manera de ayudar a su reinserción. Si la persona no quiere, sigue cobrando su sueldo y si al año no es reubicada, deja el sector público y cobra su indemización”.
Sturzenegger se refirió, por ejemplo, al cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y señaló que “parte de los empleados de allí pasarán a este régimen de disponibilidad”. “El nivel de dislate en la gestión de los recursos; los alquileres que no se pagaban; sueldos que no se sabía a quién iban; el mandato que había recibido el organismo y que no había cumplido. ¿Qué fue todo esto?”, cuestionó el ministro.
Hasta ahora, la reestructuración inicial realizada por el Estado desde diciembre incluye 20.000 despidos, pero este número crecerá a partir de ahora, ya que comenzará un proceso más minucioso de cierres de organismos o fusiones que llevará tiempo pero que dejará a muchos empleados en este régimen de disponibilidad, ya reglamentado.
Sobre el mecanismo anti-coimas, el funcionario se refirió al instrumento de “silencio positivo” que será incluido para los trámites administrativos. ¿Qué quiere decir?: que si el Estado en cierto tiempo no responde, la persona queda automáticamente autorizada a avanzar. Sin eso, estaba la posiblidad de que el funcionario le cajoneara el trámite y habilitaba las posibles coimas, según el Gobierno.
Por otro lado, respecto de las multas que el Gobierno puede poner y que hoy las empresas o ciudadanos debían pagarla antes de recurrir a la Justicia, a partir de ahora podrán recurrirla sin abonarla.
En paralelo, Sturzenegger señaló que están “revisando un montón de trámites que no deberían existir”.