La Sociedad Rural apoyó al Gobierno pero pidió por la eliminación de las retenciones y el fin del cepo cambiario

El titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, manifestó el apoyo de la principal entidad agropecuaria argentina al Gobierno, pero marcó reclamos de medidas para el sector, entre ellas, la eliminación de las retenciones a las exportaciones y la unificación cambiaria. “Confiamos en su palabra”, le dedicó al presidente Javier Milei durante su discurso de inauguración de la exposición anual.

“Seguimos agobiados por las retenciones, que tratan en forma desigual al campo. Son un impuesto distorsivo, discriminatorio y confiscatorio. Un impuesto arcaico aplicado intermitentemente desde el siglo XIX que saquea a los productores. Si se eliminaran, habría respuestas de inmediato de aumento de producción y empleo. Las retenciones producen desaliento y desaparición de productores agropecuarios”, comentó Pino.

“Usted sabe muy bien cuál es el problema fundamental del que estamos hablando. Los productores seguimos agobiados por los derechos de exportación —conocidos como las retenciones—, que tratan en forma desigual al campo, en comparación con los demás sectores económicos y productivos”, insistió el presidente de la entidad.

“Los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones. Si seguimos trabajando así es porque confiamos en su palabra”, mencionó el dirigente empresario, que dijo estas palabras mirando directamente al jefe de Estado. Pino acompañó también ese reclamo con otros relacionados a “trabas impositivas” múltiples entre los impuestos nacionales y provinciales, la necesidad de “terminar con los diferentes tipos de cambio y eliminación del cepo cambiario” y la falta de infraestructura vial.

Antes, Pino había aclarado que hablaba “desde una postura esperanzada, pero realista”.

“Podríamos centrarnos en la queja y el reclamo: existirían motivos suficientes. En cambio, preferimos en este momento apelar a la paciencia del hombre y la mujer del campo, porque creemos útil darle al Gobierno un espacio de confianza, como se lo dio la ciudadanía en las elecciones de 2023. En efecto, las autoridades actuales han hecho una serie de movimientos positivos hacia políticas de Estado fundamentales, junto con la última actividad legislativa y los postulados del pacto de Mayo: se han eliminado fideicomisos y restricciones a la importación y a la exportación, ha habido una apertura en el mercado, se han reducido aranceles, se ha prorrogado la quita de las retenciones al sector lácteo, y se ha eliminado la sobretasa en los préstamos financieros a los tenedores de soja. Estamos atentos a ver si esos movimientos positivos continúan y se siguen concretando en otras medidas de gobierno”, reconoció el titular de la SRA.

Además, el dirigente ruralista enfatizó que los productores del agro “siempre responderá productivamente a cualquier alivio que reciba en sus costos” y apuntaló esa afirmación dando un ejemplo reciente: “Este año, en el momento de tomar decisiones para la siembra del trigo, se produjo una baja en los precios de fertilizantes y fitosanitarios, y, al mismo tiempo, una leve mejora de los precios internacionales. ¿Cuál fue la respuesta de los productores? Sembramos 400.000 hectáreas más de trigo. Imagínense ahora nuestra respuesta, si el Estado se encargase de mejorar las condiciones económicas en que debemos desarrollar nuestra actividad”.

Por otra parte, apuntó que los síntomas de repunte de la actividad económica “vienen de la mano del campo”. En los últimos 8 meses, precisó, la producción agraria creció “más de un 100%” y defendió el accionar de los productores, al señalar: “No somos magnates egoístas que, como a veces se dice, ‘se sientan sobre la soja’ y ‘no liquidan’ sus productos, especulando con las oscilaciones de su precio y despreciando las necesidades de divisas del país y las necesidades de alimentos de la población; el productor no es un especulador, sino una persona eficiente en el manejo de lo que produce”.

Y describió qué es lo que hace el productor: “Debe usar su producción no para ‘liquidarla’ sin más, sino pensar en pagar sus costos, equiparse de maquinaria, personal e insumos, conservar el suelo, su principal recurso, y, no menos importante, proveer a sus necesidades personales y a las de su familia. ¿En qué rama de la actividad económica se liquida sin más la producción entera, que debe garantizar la vida de la empresa y su personal durante todo el año? Hasta los trabajadores en relación de dependencia deben administrar cuidadosamente el producto de su trabajo. ¿Por qué no habría de hacerlo el productor agropecuario? Que no se llame especulación a lo que es, simplemente, sana y buena administración”.

Pino hizo un cuidadoso balance entre una postura de elogio y reconocimiento a la acción del Gobierno y de afirmación del reclamo más longevo e importante del campo: la eliminación de los derechos de exportación, a sabiendas de que Milei llegó al evento molesto por un reciente comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) acerca de que “los tiempos del Gobierno no son los tiempos del campo”.

A diferencia del reclamo de CRA, Pino prefirió enmarcar el efecto negativo de las retenciones en el caso concreto de un productor llamado “Martín”.

“Entre 2003 y 2016, este señor produjo eficientemente, pero tuvo que pagar más de 2 millones de dólares en concepto de retenciones, que fueron destruyendo su negocio. Hoy sigue alquilando y ya perdió el capital que le hubiera permitido comprar su ansiado bien de familia. Esta triste historia se multiplica en cada lugar de nuestra Patria. El Estado ha recaudado cerca de 200.000 millones de dólares en los últimos 22 años, solamente en concepto de retenciones. Flaco beneficio, si se considera que los productores agropecuarios, que a fines del siglo 20 éramos 300.000, no sólo no nos hemos multiplicado, sino que nos hemos visto reducidos a 230.000 en este momento”, señaló.

Preparado el terreno, el dirigente ruralista planteó aún más directamente la cuestión cuando mirando a Milei señaló: “Señor Presidente: los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones. Si seguimos trabajando es porque confiamos en su palabra”.

Y, entonces, se refirió a la advertencia de Juan Bautista Alberdi: “‘En efecto, ¿quién hace la riqueza? La riqueza, ¿es obra del Gobierno? ¿Se puede decretar la riqueza? No. El Gobierno tiene el poder de estorbar o ayudar a su producción, pero no es obra suya la creación de la riqueza’. En ese sentido, existen muchas otras trabas impositivas injustas a eliminar: las superposiciones entre impuestos nacionales, provinciales y municipales; las aduanas internas, prohibidas por la Constitución Nacional, pero disfrazadas de impuestos y tasas; y otras maniobras, hechas a medida para cubrir deficiencias y faltas de control en la gestión”.

Y continuió: “Un tercer problema que debemos señalar es la existencia de diferentes tipos de cambio, que deben ser unificados, así como debe ser eliminado el cepo cambiario”.

Pino planteó además “el problema del costo argentino”, señalando que el productor local soporta no solo la presión impositiva, sino que carga con altísimos costos logísticos, por deficiencias de infraestructura. “En la Argentina -dijo- el costo de trasladar una tonelada de maíz producida a 700 kilómetros del puerto de Rosario puede llevarse hasta el 25% del total del valor del grano. Aunque parezca increíble, hacer llegar ese mismo tonelaje desde Rosario hasta los puertos de Europa… cuesta la mitad. Las 7 razones son claras. No hay buena infraestructura vial. Bueno… A decir verdad, no hay infraestructura vial. El transporte por tren está prácticamente en desuso. La hidrovía es deficiente por falta de dragado. Son trabas logísticas que debería resolver el Estado, usando los impuestos para cuidar de los bienes comunes de los argentinos, y reactivando la obra pública con transparencia y eficiencia”.

En su discurso, el titular de la Rural también señaló los problemas de seguridad en el campo y expuso la cuestión de la coparticipación en términos que seguramente agradaron a Milei. “Valoramos el objetivo de que el Gobierno Nacional no utilice más la coparticipación como mecanismo político de premios o castigos a las Provincias (...) esto significa que los gobiernos provinciales ya no tienen la billetera del gobierno nacional para corregir problemas de su administración; cada gobierno provincial debe, en adelante, hacerse cargo de facilitar y estimular la actividad económica privada en su territorio (...) Los gobiernos provinciales tienen la obligación de generar por sí mismos marcos de desarrollo e inversiones. Ante el repliegue de la Nación, es cada Provincia la que debe ordenar sus cuentas públicas, combatir la ineficiencia y la corrupción, utilizar la creatividad para conseguir inversiones, y bajar los impuestos para estimular la producción y el comercio”.