El Gobierno de Javier Milei analiza otorgar un subsidio por hasta 12 meses para que empresas privadas contraten empleados públicos que pasen a “disponibilidad”. Esta es una de las ideas del flamante ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, en su plan para racionalizar el gasto estatal.
La intención es que, en el marco del objetivo para reducir personal y achicar la estructura del Estado que tiene en mente el principal ideólogo de la Ley Bases, los empleados que se encuentren en planta permanente pero pasen a quedar afectados por la restructuración o reducción de organismos puedan insertarse en el sector privado formal.
El personal que no sea reubicado estará obligado a recibir capacitación o desarrollar tareas para otro organismo durante 12 meses, con goce de sueldo. Luego de ese período, si ese trabajador no encontró un puesto en el sector privado será despedido e indemnizado. La alternativa que baraja el Gobierno, que “no será inmediata” según explican, es que exista un régimen de “incentivos” a empresas para que contraten a los ex empleados públicos.
“Cuando se fusionan o cerrás organismos, ¿qué haces con la gente? Se le protege el salario durante 12 meses y después se le da una indemnización. Vamos a hacer un esquema para que en esos 12 meses el trabajador pueda ir a una empresa privada y le diga: ‘Probame’. Y esa plata, esos 12 meses se la vamos a dar a la empresa. Si el trabajador quiere se la damos a él, pero si elige se la damos a la empresa”, explicó recientemente Sturzenegger en declaraciones a Radio Mitre.
En paralelo, Sturzenegger trabaja en la eliminación o la reforma de unos 60 organismos públicos, que saldrán del organigrama estatal de un tirón, se achicarán considerablemente o se fusionarán con otras áreas.
Los pocos ejemplos que dejaron trascender desde la Casa Rosada son el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), que depende del Ministerio de Capital Humano bajo la órbita de Sandra Pettovello; el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que funciona en la Jefatura de Gabinete de Guillermo Francos y donde acababan de nombrar al exfuncionario de Mauricio Macri, Claudio Avruj; y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que depende de la cartera de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona.
Los fundamentos no se oficializaron, pero girarán en torno a la idea de que no tienen un fin necesario para la función pública, o que fueron usadas de manera irregular durante la administración kirchnerista para desviar fondos públicos. En lugar de sanearlas, el Gobierno se dispone a suprimirlas.
En su designación como ministro se había establecido que las atribuciones de Sturzenegger tendrían injerencia sobre otras áreas, previa consulta con sus respectivos ministros o secretarios. Pero por ahora, en Desregulación y en las carteras cuyos organismos serán afectados mantenían la reserva sobre la forma en que se articulará el decreto y la fecha en que se pondrá en marcha.
La Casa Rosada había anunciado el cierre del INADI en febrero, como parte de una política “integral” de “desmantelamiento de diferentes institutos” que son “grandes cajas de la política o simplemente lugares para generar empleo militante”, según dijo en ese momento el vocero Manuel Adorni. Pero recién se concretaría a partir del decreto de “Fredy”, como llaman a Sturzenegger los amigos.
El resto de los organismos se mantuvieron en reserva, por ahora. Pero en el organigrama del Estado operan también el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU); el Instituto Nacional del Teatro (INT) -en Cultura-; Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner; el Instituto Nacional “J. D. Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas -en Capital Humano- entre varios otros cuya existencia fue cuestionada o asociada a un “curro” del Estado, en línea con el relato de Milei contra la casta que lo llevó a la Casa Rosada.
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