Un hogar promedio del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), sin subsidios, debe gastar $142.645 al mes para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar, según un informe correspondiente al mes de julio realizado por el Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-Conicet).
El monto total está conformado por $41.319 de energía eléctrica, $40.906 de transporte, $23.289 de agua y $37.131 de gas natural. Entre todos suman los $142.645 mencionados, un valor que representa un aumento del 2% con relación a junio.
El incremento se explica en el sector energético por consumos más elevados conforme se transita el pico estacional de invierno y por los incrementos aplicados en el precio de la energía eléctrica y el gas natural a partir del 1° de junio. A eso se suma el impacto de la modificación de los bloques de consumo subsidiado en energía eléctrica y gas natural vigentes a partir del 1° de junio.
Cabe aclarar, que la cobertura tarifaria, estimada como el promedio ponderado de costos de los servicios públicos en el AMBA a cargo del usuario, es del 41% en el mes de julio. Eso quiere decir que la prestación de los servicios públicos en el AMBA para los hogares de altos, medios y bajos ingresos paga tarifas que en promedio cubren el 41% de los costos, mientras que el Estado se hace cargo del 59% restante, aunque la cobertura es dispar entre hogares y entre servicios. En este caso, se analizó el total pagado por un usuario sin ninguna clase de subsidios.
El aumento anual
Con respecto a diciembre de 2023, el costo de la canasta total se incrementó 374% a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte (enero y febrero), energía eléctrica (febrero y junio), agua y gas natural (abril y junio). En detalle, en el último mes del año pasado la canasta de servicios tenía un valor de $30.105, mientras que en julio llegó a $142.645.
En la desagregación por servicio se observa que el incremento más importante en tarifa final fue para el gas natural con un aumento del 1.208% respecto a diciembre de 2023 y es explicado tanto por el aumento de tarifas en abril y junio como por el consumo estacional en el pico invernal. A su vez, el gasto en transporte aumentó 410%, en agua 249% y en energía eléctrica 229%.
Con estos valores, en julio, la canasta de servicios públicos del AMBA ocupa el 15% del salario promedio registrado estimado del mes a la vez que el peso proporcional del gasto de cada servicio presenta valores similares para el transporte, la energía eléctrica y el gas natural.
El peso de la energía eléctrica
Como se mencionó, la energía eléctrica es el servicio de mayor peso sobre la canasta total, por lo que resulta interesante analizar qué incidencia tiene sobre cada categoría de usuario y en cada provincia en particular.
En este contexto, es necesario recordar que al mes de julio de 2024 se encuentran vigentes las Resoluciones 90/24 y 92/24 de la Secretaría de Energía que determinan los bloques de consumo subsidiado, las bonificaciones y los precios estacionales de la energía eléctrica a partir de junio 2024 en todo el territorio nacional.
Un análisis transversal indica que la factura final promedio de un hogar de altos ingresos es 1,8 y 1,5 veces superior respecto de la factura de un hogar N 2 y N 3 respectivamente. En detalle, un usuario de altos ingresos paga en promedio $51.229 (promedio país), mientras que uno de bajos ingresos abona $27.259.
En relación a la división por provincias, se observa una brecha de 267% entre la provincia con mayor factura promedio (Mendoza, con $52.654) y la que menos paga (los usuarios del AMBA de Edesur, con $14.320). No se toman en consideración Formosa, Santa Cruz y La Rioja, porque sus cuadros tarifarios no están actualizados en el informe.
“Al momento de realizar un análisis tarifario comparativo es necesario puntualizar que en el sector de distribución conviven empresas públicas (provinciales), empresas privadas y cooperativas, alcanzadas por marcos regulatorios nacionales, como en el caso de Edenor y Edesur, provinciales y municipales en el caso de cooperativas”, aclararon desde el IIEP.
“Si bien el precio estacional es el mismo en todas las jurisdicciones, la dispersión de tarifas es multicausal. La regulación de los valores agregados de distribución (VAD) en cada jurisdicción responde a un proceso complejo de identificación de costos que reflejan las características propias de la red, de la región en donde se presta el servicio y de la frecuencia de actualizaciones sobre los costos de distribuir la energía”, agregaron.
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