
Según Martín Guzmán, las últimas medidas económicas del Gobierno de Javier Milei son “otro paso para la dolarización”.
El ex ministro de Economía las analizó en un informe especial de Suramericana Visión, en el que repasa los objetivos planteados por el presidente e implementados por el ministro de Economía, Luis Caputo, a pocas horas de los anuncios de ambos sobre el “cierre de canillas” de emisión en una nueva etapa del programa económico, en la cual el gobierno se propone llegar a la “emisión cero”, congelar la base monetaria y hacer del peso un bien “recontra-escaso” (Milei dixit), plan que incluye también la desaparición delos pasivos remunerados del Central, a ser reemplazados por Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) del Tesoro, como ya habían anticipado el ministro y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.
Guzmán recordó que en mayo de 2023 Caputo y Bausili, desde la consultora Anker, planteaban la imposibilidad de dolarizar la economía debido a que entonces para hacer la conversión al tipo de cambio libre, dado el monto de la Base Monetaria y los pasivos remunerados del BCRA se necesitan USD 40.800 millones.
Luego, ya en el gobierno, instrumentaron un fuerte ajuste fiscal, acabando con la emisión para financiar al déficit fiscal, licuaron los pasivos del BCRA con inflación y fuerte baja de las tasas de interés y reconvirtieron parte del pasivo remunerado en pesos del BCRA en otro en dólares (el Bopreal, pero no consiguieron nuevo financiamiento de mercado ni vender las acciones de la Anses debido al rechazo a la versión de la ley Bases. De ese modo, redujeron la cantidad necesaria de dólares para dolarizar a USD 28.134 millones.
El ex ministro recuerda además que la dupla Caputo-Bausili apresuró demasiado la reducción de las tasas de interés, al punto de bajarlas 40 puntos en un mes, algo que considera positivo para reducir la inflación, pero que en el tramo final, cuando apuraron el paso, tuvieron respuesta negativa del mercado: aumento del dólar y de la brecha cambiaria, lo que a su vez azuzó un debate sobre el futuro régimen cambiario en el que entró en juego el FMI sugiriendo una salida rápida del cepo hacia un régimen de libre flotación del dólar, lo que a su vez forzaba a rediscutir las tasas de interés.

Con cierta insidia, Guzmán recuerda entonces la disputa que durante el gobierno de Macri tuvieron el entonces presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, apoyado por el FMI, y el entonces ministro de Finanzas, Caputo, que finalmente lo reemplazó. Además, señala, las críticas de Milei a Rodrigo Valdés, un alto funcionario del Fondo, aumentando la incertidumbre, mientras crecían los rumores e interpretaciones de un nuevo conflicto entre Sturzenegger y Caputo. Fue allí que Caputo y Bausili anunciaron el traspaso del pasivo del BCRA al Tesoro, que volvió a tener respuesta negativa, amén de forzar al Gobierno a un mayor ajuste fiscal que, subraya Guzmán, reforzará la recesión de la economía y disminuirá más rápidamente la cantidad de dólares necesaria para dolarizar la economía, “ya que se reduce la tasa de variación de la base monetaria y la deuda del BCRA pasa, desde la perspectiva del propio BCRA, a capitalizarse a tasa cero, lo que acelera la licuación de su pasivo”.
“La vemos como otro paso hacia la dolarización”, dice el texto del ex ministro en el sitio de SurAmericana Visión.
Coyuntura y estructura
Finalmente, Guzmán analiza los efectos estructurales y coyunturales de los anuncios de ayer de Milei y Caputo. En lo estructural, dice, hay grandes efectos, porque el valor del tipo de cambio real depende de la productividad de la economía y lo anunciado no impacta en eso. Y en lo coyuntural, generarán una mayor oferta de divisas y menor acumulación de reservas del BCRA.
Así lo explica: “para simplificar, si el BCRA compra un dólar a un tipo de cambio de $1000 por USD, y el tipo de cambio CCL al que vende es de $1500 por dólar, el BCRA termina acumulando reservas en un monto de 1/3 de dólar, mientras que antes acumulaba un dólar”.
El resultado de esa movida dependerá de las expectativas con que sea recibida. “La pregunta que los participantes de la economía formularemos, clave para la determinación de expectativas que definen oferta y demanda en el tiempo, es si el BCRA está comprando dólares caros o baratos cuando interviene en el CCL, lo que depende del valor al que convergería el tipo de cambio real en un escenario sin intervenciones. Si el BCRA compra caro, terminará provocando mayor inestabilidad cambiaria en el tiempo; en caso contrario, habrá amenguado la volatilidad. La pregunta que usted lector puede hacerse es: al tipo de cambio CCL”, escribió Guzmán, quien remarca además que las cotizaciones de los bonos en dólares “deberían sufrir el impacto de las expectativas de una menor acumulación de reservas internacionales (…) lo que afecta negativamente principalmente a los bonos con madurez más corta”.
El eje de la medida, enfatiza, “es nuevamente la dolarización, bajo la muy confundida visión de que el valor del tipo de cambio real lo determinan solamente factores monetarios. La medida implica una variación aún menor de la base monetaria, y por lo tanto una convergencia más rápida a un valor necesario de dólares para dolarizar que le resulte factible al Gobierno”.
Esperando a Donald

Guzmán concluye su análisis señalando que el plan del gobierno es “aguantar” con el régimen cambiario actual “con la expectativa de que, pasada la elección presidencial de noviembre en EEUU, el FMI apruebe un nuevo préstamo al gobierno argentino, con nuevo financiamiento”.
Esa expectativa se facilitaría si Donald Trump gana la elección, en EEUU, aclara Guzmán, en cuyo caso “el Gobierno buscaría usar esos dólares para dolarizar con apoyo geo-político, “aún si esa opción no resulta ser la preferida por el Staff del FMI”.
Más allá del eventual apoyo de Washington, recuerda el ex ministro, para obtener financiamiento extra del FMI el Gobierno necesitará la aprobación del Congreso Nacional, como estableció la “Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la Deuda Pública”, y para completar la dolarización de facto debería resolver, además de cuestiones técnicas, algo que aún no se discutió públicamente: qué posición tienen los candidatos del gobierno a la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de la misma”.
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