Entre otras múltiples causas que frenan el desarrollo del sistema financiero argentino, se destaca la sobrerregulación de la actividad bancaria, que a la vez impide que haya profundidad en el crédito, vuelve más caros los servicios para el usuario y limita la competencia con las fintech. Esa es la conclusión a la que llegó un documento de FIEL orientado a analizar “las consecuencias negativas de las sobrerregulaciones” sobre los bancos.
En el estudio se cuestionan múltiples aspectos de la normativa del Banco Central, que abarcan desde la gratuidad de las cajas de ahorro y las extracciones de efectivo de salarios y jubilaciones, los límites en las tasas de interés, los elevados “encajes” que los bancos deben hacer en el BCRA por los depósitos sin recibir remuneración alguna, los pedidos expresos para distribuir dividendos o cerrar sucursales, entre muchos otros.
“Este exceso de regulaciones impone sobrecostos al sistema, generando ineficiencias que limitan el desarrollo de nuevos productos y la profundización financiera, un elemento clave para impulsar el crecimiento económico”, señaló el documento elaborado por Laura D ́Amato, Mónica Panadeiros y Juan Pablo Brichetti, bajo la coordinación de Daniel Artana y Santiago Urbiztondo, economistas Jefe de FIEL. El trabajo contó con el apoyo de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).
Asimismo, FIEL destaca que hay regulaciones que favorecen a los nuevos jugadores del sistema, las fintech, en desmedro de los bancos. “La mayor competencia a partir de las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología es una excelente noticia para los usuarios siempre que no se promueva a algunos participantes en detrimento de otros que son, además, los que sostienen la infraestructura necesaria para dicha competencia. Esa mayor competencia debería ser la que determine los distintos precios, calidad y variedad de productos ofrecidos. Este es el camino que proponemos,” señaló el informe.
También criticó que las billeteras virtuales accedan al negocio del pago de salarios, jubilaciones y planes sociales, que hasta la llegada del actual gobierno estaba reservado con exclusividad a la banca tradicional. En ese sentido, el documento resaltó que todas las entidades que pagan esos haberes “deben asegurar igual protección a los depositantes, lo cual sólo puede cumplirse estableciendo requerimientos prudenciales homogéneos y universales para todo tipo de competidor, y no sólo sobre las entidades financieras como ocurre actualmente”.
Los autores celebran la llegada de las fintech y su “renovada competencia” para el sistema pero a la vez piden que “las regulaciones no otorguen ventajas arbitrarias a unos sobre otros”. Admiten que las inequidades impositivas que en su momento beneficiaban a las fintech fueron corregidas, aún “persisten asimetrías regulatorias que ‘desnivelan la cancha’ y que podrían afectar la sostenibilidad de las instituciones reguladas”.
No obstante ese reclamo, FIEL elogió el camino seguido hasta ahora por el Banco Central: “El clima de época es favorable a avanzar hacia un entorno más competitivo. En el transcurso del trabajo, el BCRA dio algunos pasos en el desmantelamiento del exceso de regulaciones y en introducir otras que favorecen la competencia”. Recordó que la actual conducción de Santiago Bausili liberó las tasas de interés e implementó el QR interoperable para los pagos con tarjeta de crédito.
Cuando se refiere a “sobrerregulaciones”, que a su juicio “generan distorsiones que atentan contra el desarrollo y la estabilidad del sistema financiero”, el documento las define como aquellas que exceden las regulaciones prudenciales, es decir, los estándares internacionales bajo los cuáles son supervisados los bancos y que fueron delineados por el Comité de Supervisión del Banco de Basilea (BIS).
En FIEL listaron las normativas excesivas, las dividieron en 3 grupos y las detallaron de la siguiente manera:
- Regulaciones que limitan artificialmente los precios de los servicios ofrecidos:
· Los bancos están obligados a ofrecer gratuitamente algunos productos y servicios como por ejemplo cajas de ahorro, tarjetas de débito, extracciones y depósitos de efectivo en sucursales y cajeros o envío de resúmenes. Si bien algunas políticas de productos y servicios financieros gratuitos forman parte de las políticas usuales para fomentar la inclusión financiera, las regulaciones vigentes no justifican adecuadamente la necesidad de imposiciones que lucen excesivas, ni evalúan los costos y beneficios asociados. Por ejemplo, la gratuidad no solo es extensiva a las personas físicas sino también a las personas jurídicas, con un costo significativo para el sector financiero.
· Los plazos de las tarjetas de crédito tienen un desfasaje forzoso entre lo que cobran y lo que pagan, que históricamente no era así.
· Limitaciones sobre tasas de interés: los bancos deben captar depósitos UVA a una tasa mínima que es superior a la de los bonos CER.
- Regulaciones que limitan las cantidades ofrecidas:
· Restricción para distribuir dividendos que requiere autorización previa.
· Exigencia de un cupo mínimo de financiamiento a MiPyMEs.
· Exceso de efectivo mínimo. En la Argentina, los requisitos de reservas o efectivo mínimo impuestos por el BCRA más que triplican los vigentes en la mayoría de las economías de la región.
· Posición global neta de moneda extranjera. Los bancos no se pueden cubrir ante devaluaciones.
- Otras regulaciones que afectan la eficiencia:
· La apertura, traslado o cierre de una sucursal bancaria requiere conformidad del BCRA, generando sobrecostos para los bancos y poniéndolos en desventaja frente a competidores que no tienen sucursales físicas como las Fintech.
· La gestión del efectivo es onerosa, en especial el exceso de requisitos para su transporte. El retiro y depósito de efectivo es gratuito, aún cuando existen costos asociados a esas tareas.
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