Argentina ganó terreno en una evaluación de políticas PyME de la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó su segunda evaluación del Índice de Políticas para PyMEs, en el cual Argentina presentó avances respecto a las iniciativas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas pero retrocesos en cuanto al marco institucional.

“La segunda evaluación en Argentina destaca la amplia gama de programas e iniciativas del país destinados a fomentar el desarrollo de las PyMEs. Estos esfuerzos abarcan varios esquemas de apoyo para PyMEs y emprendedores, al ofrecer una amplia gama de servicios de desarrollo empresarial y medidas para mejorar el acceso a las oportunidades de contratación pública”, señala el informe.

Además, la organización destacó el “sólido” conjunto de ayudas financieras diseñadas para permitir y fomentar la innovación de las PyMEs, así como un plan que promueve la integración de las PyMEs en las cadenas de suministro, con el objetivo de transformar la estructura productiva y tecnológica del país.

En la dimensión de Innovación y tecnología, Argentina tiene una puntuación global de 3,58, lo que supone una mejora considerable respecto a la puntuación de 3,21 registrada en 2019. “Los resultados relativamente buenos de Argentina en esta dimensión se deben a su marco político cohesionado y bien coordinado y a una sólida oferta de ayudas financieras para permitir y fomentar la innovación de las PyMEs”, explicó el estudio.

Desde la evaluación de 2019, la OCDE señala que Argentina intensificó sus esfuerzos para facilitar los negocios internacionales mediante la creación del Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones (CPPPE) en 2020.

Al igual que en la edición de 2019, Argentina sigue obteniendo buenos resultados en el ámbito del acceso al financiamiento y el tratamiento de la bancarrota y la insolvencia de las PyMEs.

Al respecto, tiene una puntuación global de 4,00 en la dimensión Acceso al financiamiento, la más alta de la región y de 4,42 puntos en gestión de quiebra e insolvencia de las PyMEs. “El país ha avanzado notablemente en el desarrollo de procesos para gestionar la quiebra y la insolvencia de las PyMEs. También ha ampliado las opciones de financiación alternativa para las PyMEs, incluidos los planes de préstamos basados en activos (ABL) y los instrumentos de inversión de capital, respaldados por un marco normativo específico”, resaltó el estudio.

Además, el país tuvo una puntuación de 3,87 en la subdimensión del Marco legal, regulatorio e institucional, por encima de la media regional, debido principalmente al desarrollo en la regulación del mercado de valores y el registro de activos, y a una ponderación relativamente menor en las garantías para las PyMEs.

A pesar de estos avances, el país “enfrenta continuos retos en su marco institucional para las PyMEs, principalmente debido a la falta de claridad de las orientaciones estratégicas y a la falta de continuidad de las políticas”, consideraron.

En este sentido, Argentina tiene una puntuación global de 3,28 en la dimensión Marco institucional del índice, por debajo de la evaluación de 2019 (3,47). “Este descenso se atribuye a las persistentes inconsistencias en el marco político, a direcciones estratégicas poco claras y a la falta de continuidad de las políticas, influidas por la pandemia del COVID-19 y el progresivo deterioro del marco macroeconómico, junto con cambios metodológicos en la evaluación”, indicó la OCDE.

Por otra parte, afirman que el país “aún no ha formulado una estrategia específica para el desarrollo del sector de las PyMEs”. Sin embargo, destacan el plan de mediano plazo lanzado en 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, Argentina Productiva 2030.

“La nación está mejorando activamente las medidas para aumentar la productividad a través de su plan a mediano plazo denominado Argentina Productiva 2030 Plan de Desarrollo productivo, industrial y tecnológico, aprobado en 2023. Este plan aboga por la integración de las PyMEs en las cadenas de suministro, con el objetivo de remodelar la estructura productiva y tecnológica del país”, afirman.

Por este motivo, el país alcanza una puntuación global de 4,04 en la dimensión de Transformación productiva, lo que refleja un cambio positivo importante con respecto a la puntuación de 3,78 en 2019.

No obstante, aseguraron que “las medidas de políticas para PyMEs se introducen en respuesta a las solicitudes del sector o a emergencias económicas. La elección de un nuevo presidente en noviembre de 2023 que apoya un enfoque de laissez-faire económico puede llevar a una revisión significativa del enfoque intervencionista, lo que repercutirá en la política para PyMEs del país. La puntuación de la subdimensión de Planificación estratégica, diseño de políticas y coordinación es 2,89″.

Por otro lado, en la subdimensión de Medidas para abordar la informalidad, Argentina registró un aumento marginal en la puntuación, alcanzando 3,82 en comparación con 3,76 en 2019. “El gobierno ha concentrado sus esfuerzos en reducir el trabajo informal, principalmente a través de la creación del Registro Público de Empleadores sancionados por incumplir la normativa laboral. Además, ha habido una reducción de las cotizaciones sociales para los emprendedores individuales y las microempresas”, afirmaron.

En cuanto al entorno operativo y simplificación de procedimientos, aseguraron que el sistema normativo es complejo y las cargas administrativas son elevadas.

“Durante la administración 2019-2023, la simplificación legislativa y la reforma regulatoria se estancaron. Esto se debe en parte al impacto de la pandemia del COVID-19 en la actividad legislativa y en parte al deterioro del marco macroeconómico, que obligó al gobierno a reaccionar ante emergencias económicas y limitar su compromiso en la búsqueda de reformas regulatorias. Sin embargo, hubo avances en la prestación de servicios de administración electrónica, como refleja la puntuación global de 2,57 de dicha dimensión”, dijeron.

Respecto a la simplificación legislativa y reforma normativa, la OCDE subrayó que hasta octubre de 2023, el gobierno no disponía de un plan estratégico para llevar a cabo programas de simplificación legislativa y reforma normativa. Por eso la puntuación para la dimensión Simplificación legislativa y análisis de impacto Regulatorio se mantiene en el mismo nivel que en 2019, en 1,63.

“Sin embargo, la nueva administración está participando activamente en los esfuerzos para agilizar los procesos regulatorios”, afirmaron.