Blanqueo: el Gobierno achica la estructura de AFIP y refuerza el equipo de inspección antes de reglamentar la medida

El Gobierno prepara la reglamentación y el diseño de la letra chica de dos capítulos clave del paquete fiscal aprobados en el Congreso: el blanqueo y la moratoria impositiva. En ese contexto, la AFIP, que tendrá a su cargo las resoluciones que implementen la exteriorización y el plan de pago de deudas impositivas, achicó su estructura y reforzará los equipos de inspección antes de que se pongan en marcha las dos medidas.

Un decreto que se publicará en las próximas horas determinará que el organismo tributario, que conduce Florencia Misrahi, unificó en dependencias de la Dirección General de Impuestos (DGI) actividades de control operativo impositivo y previsional que funcionan en el ámbito metropolitano, una reorganización que ya había tenido lugar en delegaciones de AFIP del interior del país.

Según aseguraron fuentes de la entidad, se tratará de una reducción de estructura pero no de personal, y tendrá como finalidad “modernizar los controles de fiscalización en miras a la moratoria y blanqueo”. Para que puedan quedar operativas esas dos medidas de la ley Bases, primero el Ministerio de Economía debería emitir decretos reglamentarios y, luego la AFIP, resoluciones generales con la letra chica. Ese proceso, esperan en el Gobierno, comenzaría a desandarse desde la semana próxima.

El decreto dispone la eliminación de los cargos de tres subdirecciones generales, ocho direcciones y otras jefaturas. En ese sentido, indicaron que 700 empleados que trabajan en la Dirección General de Recursos de Seguridad Social quedarán integrados a la DGI y así reforzarán el equipo de fiscalización, que hoy cuenta con unos 1.000 agentes.

Por otra parte, según se desprende del decreto, en la Dirección General de los Recursos de Seguridad Social permanecerán “la distribución de los fondos con destino a los subsistemas de seguridad social, el contacto con las instituciones públicas y privadas en materia de seguridad social, así como la investigación y denuncia en caso de trata de personas”, mencionaron fuentes del organismo tributario, que además aseguraron que la readecuación de la estructura implicará una reducción de costos.

El Gobierno tiene, como escenario de base, una proyección en la que el blanqueo de capitales incluido en el paquete fiscal de la Ley Bases, le aporte una recaudación de 0,3% del PBI. Esa estimación de recaudación fue revelada por el Gobierno en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y quedó plasmada, en un pie de página, en el informe del staff técnico en que realizó cálculos sobre cuánto podría aportar el paquete fiscal al plan de ajuste de 5 puntos del PBI que necesita el ministro de Economía Luis Caputo para llegar al déficit cero en el primer año de mandato.

El Fondo decidió no incluir esa estimación del equipo económico dentro de su propio cuadro, posiblemente al considerar que no tiene elementos para anticipar si la exteriorización de activos sería o no exitosa. De todas formas, el número expuesto de un ingreso tributario equivalente a 0,3% del PBI, que puesto en otras cifras implicarían unos 1,72 billones de pesos, o USD 1.900 millones a valor del tipo de cambio administrado por el Banco Central.

Si ese número se cristalizara, la suma de recaudación adicional que le daría al Gobierno la Ley Bases más un grupo de medidas esperadas para el segundo semestre sería superior al 1% del PBI. Esto es así porque 0,38% del Producto estarían explicado por el paquete fiscal (la enorme mayoría por la reversión de la quita de Ganancias para 800 mil empleados) y otros 0,21% por mayor IVA ante subas de tarifas e impuesto PAIS para giro de dividendos.

El impuesto especial del blanqueo prevé un esquema de tasas progresivas de 5%, 10% y 15% que la AFIP cobraría a quien ingrese según la etapa de la exteriorización en que los contribuyentes se adhieran. El escalonamiento, siendo más barato cuanto antes se formalice, está planeado para empujar a un ingreso temprano. Una particularidad de este blanqueo es que el pago de la multa debe ser realizado en dólares.

Existe también en paralelo un artículo que estipula que por activos de hasta USD 100.000 no se aplicará ninguna alícuota. Una segunda vía para el blanqueo a costo cero para declaraciones juradas superiores es dejar depositado el dinero exteriorizado en una cuenta bancaria especial y dejando el dinero hasta el 31 de diciembre de 2025. Si el contribuyente decidiera retirar esos fondos antes de esa fecha, pagará un 5% de retención como pago único.

También podrán estar incluidos en ese blanqueo sin costo quienes utilicen el dinero exteriorizado para realizar una serie de inversiones que reglamentará el Ministerio de Economía, pero cuyos lineamientos centrales ya se conocen por el articulado de la ley.

La moratoria, en tanto, fue el capítulo I del paquete fiscal y llevó como nombre Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, que prevé un esquema para pagar deudas vencidas al 31 de marzo pasado. Los contribuyentes tendrán hasta 150 días corridos desde la entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la AFIP para ingresar.

Las personas humanas que ingresen a la moratoria y paguen en 60 cuotas tendrán que abonar por anticipado un 20% del total. El resto se actualizará con una tasa del Banco Nación. Las Micro y Pequeñas Empresas (o bien personas que califiquen de esa forma) tendrán que abonar un 15% a cuenta y contarán con 84 cuotas. Para medianas empresas, será 20% a cuenta y 48 cuotas y, para el resto, 25% de pago anticipado y 36 cuotas.