Grandes inversiones, reforma laboral, blanqueo: los cambios que traerá aparejada la ley Bases

Con la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal comienza una nueva etapa de gestión del gobierno que dirige Javier Milei. Desde el Estado entienden que este nuevo contexto permitirá un “saneamiento del Estado y nuevas inversiones”, algo que iniciará formalmente con el ‘Pacto de Mayo’ -un acuerdo entre gobernadores y el Ejecutivo- a realizarse durante un acto por el día de la independencia argentina el próximo 9 de Julio.

“La aprobación de esta norma significa un paso más dentro de las reformas del presidente Milei y todo su gabinete. Esta ley permitirá el saneamiento del Estado y nuevas inversiones”, destacó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno).

En este marco, es válido repasar cuáles fueron los puntos centrales aprobados en la Ley Bases que prometen fomentar la economía, generar inversiones e incentivar el mercado laboral.

Las empresas que operen en sectores como la forestoindustria, la infraestructura, la minería, la energía, la tecnología, el turismo, la siderurgia, el petróleo y el gas tienen la oportunidad de inscribirse en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destinado a fomentar grandes inversiones.

Para calificar, las compañías deben realizar una inversión mínima de 200 millones de dólares. Las reglas del régimen permiten a los inversores recaudar un porcentaje de las exportaciones dos años después del inicio de la inversión: el 20% en el segundo año, el 40% en el tercer año, y el 100% a partir del cuarto año. Las ganancias netas estarán sujetas a un impuesto del 7%, que se reducirá a 3.5% después de siete años de adhesión al régimen, según lo informado por medios de comunicación.

El régimen también prevé un incentivo para pequeños productores de provincias que se adhieran al RIGI. Las grandes compañías inscritas deberán emplear personal local y destinar al menos el 20% de su inversión a proveedores locales. Esto busca fomentar el desarrollo económico en las provincias y generar empleo local.

Según el Gobierno, este esquema tiene el propósito de impulsar el crecimiento económico a través de inversiones significativas en sectores clave y apoyar a los productores más pequeños, promoviendo tanto el desarrollo industrial como la integración regional.

Entre lo aprobado por el Congreso figura también un nuevo régimen de regularización de bienes y activos no declarados, que estará vigente desde la promulgación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con una posible prórroga hasta el 31 de julio del mismo año. Este régimen permitirá a las personas que posean capitales fuera del control del Estado adherirse al blanqueo de sus activos.

Para aquellos que deseen regularizar montos inferiores a USD 100.000, podrán hacerlo sin pagar impuestos siempre que ingresen el dinero en el sistema financiero argentino y no lo retiren hasta el 31 de diciembre de 2025, o lo destinen a ciertos tipos de inversiones específicas.

En el caso de montos superiores a USD 100.000, se aplicarán diversas tasas impositivas según el período en que se efectúe el blanqueo. La primera etapa, hasta el 30 de septiembre de 2024, tendrá una tasa del 5%; la segunda etapa, de octubre a diciembre de 2024, aplicará una tasa del 10%; y la tercera etapa, de enero a marzo de 2025, impondrá una tasa del 15%.

Las personas que opten por este blanqueo también verán un incremento del 20% en la alícuota del impuesto a los Bienes Personales, pasando del 0,5% al 0,6%. Además, los participantes en este régimen no podrán adherirse a blanqueos similares futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.

Este régimen de regularización excluye a los funcionarios públicos de los últimos diez años, así como a su núcleo familiar directo, incluyendo hermanos, cónyuges, convivientes, padres e hijos.

Se introduce un período de prueba de seis meses para nuevos empleados, ampliable a ocho meses o un año dependiendo del tamaño de la empresa. Participar en bloqueos o tomas de la empresa será considerado como injuria laboral grave y justificación para el despido.

También se plantea un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones, financiado con un aporte mensual del empleador que no supere el 8% del salario. Se trata de un sistema similar al que utiliza la UOCRA y que, para aplicarse, deberá ser acordado a través del convenio colectivo de trabajo. Además, se establecerán indemnizaciones agravadas en casos de despido por discriminación.

Para el caso de los trabajadores independientes o monotributistas, podrá contratar a otros tres trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo.