Cómo quedó el RIGI en el paquete fiscal que se votará en Diputados: a quiénes beneficiará

La Cámara de Diputados trata en el recinto el dictamen final que podría darle la sanción definitiva al proyecto de Ley Bases que impulsa el Gobierno de Javier Milei. La norma ratifica las modificaciones que se realizaron en el Senado, incluyendo los cambios en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con la que el oficialismo busca dinamizar la actividad económica con beneficios a las empresas que decidan realizar una inversión de al menos USD 200 millones.

La Cámara alta realizó modificaciones en el RIGI que serán ratificadas en el texto final que se convertiría en ley esta semana. Una de ellas es la delimitación de sectores económicos que podrán ingresar al esquema de incentivo, por lo que ya no podrá ser “cualquier” actividad.

Por otro lado, hubo un gesto de los senadores a los proveedores de la industria local y cambios sobre los beneficios cambiarios que tendrán los proyectos únicos en la Argentina. También se otorga la posibilidad de reclamar ante tribunales extranjeros, el CIADI o la ICC, en caso de incumplimientos.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) busca brindar incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema de protección de derechos adquiridos a los titulares de un único proyecto de inversión, pero que deberá ser superior a los USD 200 millones.

Las empresas que quieran adherir tendrán dos años para hacerlo y el Poder Ejecutivo queda autorizado a extender ese plazo por hasta un año.

Quienes ingresen al RIGI tendrán, para el proyecto ingresado, beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años. Entre ellos se encuentra una mayor flexibilidad para girar divisas al exterior, uno de los principales reparos que ponen los empresarios a la hora de invertir.

Si bien se mantuvo el monto base de inversión de USD 200 millones, sí hubo cambios en la capilaridad del régimen. Antes se encontraba abierto a “cualquier sector” y ahora será delimitado.

La Cámara alta realizó modificaciones en el artículo 165 del RIGI para limitarlo a cortos sectores como foresto-industria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas.

Por otro lado, se buscó darle lugar a los proveedores locales ante las advertencias de la industria local por una posible “competencia desleal” con firmas extranjeras. En concreto el compromiso para este caso será “cómo mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión, siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado”.

Las ventajas que ofrece el RIGI para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU), es decir la inversión que deberá ser superior a USD 200 millones, van desde mejores condiciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

En cuanto a la parte impositiva, habrá una reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los VPU. Se buscará una amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura. Los quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros cinco años podrán ser transferidos. Habrá una devolución de saldos a favor de IVA en un plazo no mayor a tres meses. Además, se permitirá el cómputo del 100% del impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.

Por otro lado, las empresas tendrán una exención del pago de Derechos de Importación para traer bienes de capital, repuestos, partes e insumos. Durante los primeros tres años del proyecto no habrá tampoco derechos de exportación, o sea retenciones.

Otro retoque importante será en el artículo 196 –incentivos cambiarios–, que limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios a las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos. Será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40%, después de tres años; y 100%, a partir de los cuatro años.

Ahora bien, cuando se trate del cobro de exportaciones declaradas como “Exportación Estratégica de Largo Plazo”, a efectos de la excepción de la obligación de ingresar y liquidar en el mercado de cambios, los plazos indicados en los incisos precedentes se computarán de la siguiente manera:

• Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido un (1) año contado desde la fecha puesta en marcha de los Vehículos de Proyecto Único (VPU);
• Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido dos (2) años contados desde la fecha puesta en marcha del VPU;
• Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU
• H2: Las críticas a los cambios del RIGI en el Senado

Una de las principales críticas sobre los cambios en el Senado que tuvo el Rigi es que las regalías mineras quedaron fijadas en 3%, al igual que el esquema vigente, pero las provincias podrían elevarlas al 5% para nuevos proyectos de inversión.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) se manifestó en contra de ese punto hace dos semanas, cuando se conoció el cambio. Básicamente, el sector minero afirma que la modificación, que aumenta en 67% el monto de las regalías a pagar a las provincias, modifica la ley 24.196 de inversiones mineras, sancionada en 1993 “es un contrasentido y supone un retroceso en el camino hasta aquí transitado con el propósito de generar condiciones de mayor competitividad para el país”.

“La Ley de Inversiones Mineras busca ser un paraguas que brinde certezas a las empresas con voluntad de aportar para la Argentina inversiones de gran volumen, de carácter productivo y con largo plazo de recupero. La modificación de esta herramienta clave tendrá consecuencias en la confianza en nuestro país como destino de inversiones y tendrá los efectos contrarios a los que se busca propiciar con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)”, dice un pasaje.

CAEM afirma además que la Argentina “ya posee una carga tributaria mayor a la de aquellas naciones con las que competimos por las inversiones. La presión impositiva argentina es alta y sumamente regresiva”.

Según las mineras, el cambio “impactaría negativamente en los proyectos productivos de oro y plata, que hoy representan el 70% de las exportaciones del país”. Se trata de un segmento, prosigue, en que por falta de nuevas inversiones, los yacimientos existentes son ya maduros, con costos de producción altos y en aumento. Por lo cual, explica, “subir la presión impositiva impactará acortando su vida útil, y en consecuencia, habrá menor recaudación, alcanzando un resultado opuesto al buscado”. Para peor, afirma, se trata de un subsector minera donde no habrá recambio, pues no hay en cartera proyectos nuevos que puedan iniciar producción en los próximos años.

Más aún, según CAEM el aumento de las regalías “también afectará a los proyectos de litio, tanto los que están en construcción como los que están en producción”.