Por qué proyectan que en el segundo semestre Nación y Provincias tendrán más recursos fiscales

Aunque entre enero y abril la recaudación fiscal cayó fuertemente respecto de iguales meses de 2023 (desde -4,1 en enero a – 14,8% en marzo), el aumento de casi 10% de la recaudación fiscal de mayo, debido a un fortísimo aumento de los resultados del impuestos PAIS y del impuesto a Ganancias corporativas, cambió el panorama fiscal.

Tanto es así, que un estudio privado proyecta que la mejora del mes pasado se prolongará en lo que resta del año, debido a la próximos cuotas de anticipo de Ganancias en función de los resultados de los balances cerrados en diciembre pasado, que por la devaluación de diciembre registraron importantes ganancias contables.

El saldo fiscal dependerá también de la evolución del gasto, que tuvo una drástica caída y cerraría este año 5,4% del PBI por debajo del registro de 2014. El resultado final dependerá de si el gobierno mantiene el durísimo ajuste que aplicó en los primeros meses del año.

“Entre los años 2016 y 2023, los ingresos totales y erogaciones primarias del Sector Público Nacional ejecutados durante el primer cuatrimestre representaron, en promedio, un 27% y 26%, respectivamente, del total ejecutado en el año. Si en 2024 se repite la estacionalidad de ingresos y erogaciones, entre mayo y diciembre se estarían ejecutando el 74% del gasto y 73% de los ingresos anuales, de modo que a fin de año el gasto primario treparía a 12,5% del PIB, mientras que los ingresos totales resultarían equivalentes a 14,2% del PIB. De ser así, el 2024 finalizaría con un superávit primario de 1,7 puntos del PIB”, dice un pasaje de un estudio de Marcelo Capello, Nicolás Cámpoli y Juan Manuel López, economistas del Ieral de la Fundación Mediterránea.

Además, una recuperación en la actividad económica podría mejorar la recaudación en los próximos meses, generando recursos adicionales para Nación por el equivalente a 0,42% del PIB. Si adicionalmente se mantiene la trayectoria del gasto, el resultado primario alcanzaría el 2,1% del PIB. De yapa, estiman los autores, si el Congreso aprueba el paquete fiscal, habría recursos adicionales por entre 0,23% y 0,44% del PIB y el resultado primaria podría llegar a entre 2,3 y 2,5% del PIB.

Esto implicaría también una mejora de la situación fiscal de las provincias, que en el primer cuatrimestre sufrieron severos recortes de recursos de origen nacional, incluida la casi total desaparición de los envíos “discrecionales” o no automáticos.

Algunas cuestiones podrían modificar estos cálculos. El estudio asume que las erogaciones siguen con un nivel parejo de ajuste el resto del año, pero también reconoce la proyección puede sufrir alteraciones si la política de gasto público es modificada por leyes aprobadas en el Congreso que terminen prevaleciendo sobre el eventual veto presidencial. “Es el caso de la nueva movilidad previsional que ha pasado a ser tratada en el Senado tras ser aprobada en Diputados, una iniciativa que responde a legisladores de la oposición”, dice el trabajo.

Más peliagudo aún será mantener el ajuste y la disciplina fiscal en 2025 si, como dijeron el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el gobierno pretende eliminar el impuesto PAIS, el que más aportó a la mejora de la recaudación en lo que va del año. Si el gobierno quiere cumplir esa promesa, estiman los autores, el gobierno necesitará reducir aún más el gasto; más precisamente el equivalente a 1% del PBI. Para dimensionar el esfuerzo, téngase en cuenta que el proyecto de cambios a la movilidad jubilatoria que tuvo media sanción de Diputados sumaría a las erogaciones, de entrada, 0,40% del PBI.

Una de las constataciones más llamativas del estudio es que pese a que a menudo desde sectores de la oposición más dura, como el kirchnerismo, se señala que la reducción del gasto es insostenible porque se debió en buena medida a dejar de pagar cuentas, como los envíos de fondos al sistema energético a través de Cammesa, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrica, en el primer cuatrimestre del año los gastos pagados equivalieron a 93,2% de los devengados, contra 85,8% en 2023. Esto es, el porcentaje de cuentas impagas del actual gobierno fue, de enero a abril, inferior al de cuentas impagas del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en igual período del año pasado. De este modo, dicen los autores “el ajuste en el gasto este año no parece esconder un aumento inusual en la deuda flotante”.

En la primera parte del año, dice el trabajo, el ajuste se basó en gran medida en la licuación de salarios y jubilaciones, recortes en obra pública, transferencias a provincias y gasto en subsidios, medidas política y socialmente complicadas y que contribuyeron a la recesión que atraviesa la economía.

“El gran desafío para el 2025 pasa por mantener el equilibrio fiscal aún con una posible eliminación del impuesto PAIS, y con un ajuste del gasto que se apoye más en reformas del Estado a largo plazo (…) el impuesto PAIS aporta recursos por 1,5% del PIB en 2024, pero fue establecido en forma extraordinaria, pierde vigencia a fin de año, es altamente distorsivo e incompatible con una posible salida del cepo cambiario”, dice otro pasaje del estudio.

La proyección de gastos e ingresos arroja para 2025 un superávit primario del 1,1% del PBI, inferior a 2024 pero –aclara el estudio- “con la posibilidad que el próximo año se pueda regresar a los mercados internacionales de deuda y obtener financiamiento suficiente para cancelar los servicios de capital y una porción de los intereses a pagar”.

El gran desafío de 2025, concluyen los autores, es sostener el ajuste fiscal mejorando su calidad, que implicaría, entre otras cosas:

• Eliminación del Impuesto PAIS
• Mejor recaudación de ciertos impuestos, como IVA y cheques, por aumento del nivel de actividad económica
• Mayor recaudación de Ganancias, por vigencia de una reforma tributaria durante todo el año
• Gastos de capital, incluyendo transferencias de capital a provincias, igual a 40% del nivel de 2023, pero con puesta en marcha de proyectos de inversión por participación pública y privada (PPP).
• Reducción de los subsidios a la mitad de lo observado en lo que va de 2024.
• Nivel de erogaciones en línea con la inflación, pero ahorro adicional por Reforma del Estado en erogaciones de funcionamiento y otros.