Mientras renegocia el pago del swap a China, el Gobierno se prepara para pagar con reservas una parte de ese crédito

El Gobierno baraja, como una certeza casi ineludible, la posibilidad de tener que pagar una parte del swap con China en el corto plazo, con la tranquilidad de contar con las reservas en el Banco Central en caso de que fracase la negociación para extenderlo.

Calificadas fuentes oficiales indicaron a Infobae que no hay una definición todavía, pese a que el mes próximo vencen USD 2.900 millones y en julio otros USD 1.900 millones de este crédito del banco central de China. Entre otros motivos, porque la negociación no transita solamente por carriles financieras, sino también políticos-estratégicos. La postura oficial es que el swap es, como otros, un compromiso contractual que hay que cumplir y que, dado el escaso tiempo que resta hasta los vencimientos, es bastante difícil que puedan refinanciar todo ese dinero.

Con el tiempo que corre –y sin avances diplomáticos- el equipo económico cree que la negociación terminará en un punto medio, con una parte refinanciada y la otra abonada a término. Si este fuera el escenario, el BCRA asegura estar tranquilo, porque jura tener las reservas para abonar el swap entero, al haber pasado de reservas netas negativas por USD 11.000 millones a una situación de equilibrio.

¿Qué podría pedir China a cambio de extender este crédito? Tal vez, la reactivación de las represas Cepernik y Kirchner, y una mayor participación en la red ferroviaria argentina, indicó un conocedor de la estrategia de ese país, que no descarta que el presidente Xi Jinping quiera un gesto público por parte de Javier Milei para destrabar el tema del swap.

Y si bien el segundo semestre es menos generoso en materia de acumulación de reservas luego de la liquidación fuerte del agro, la conducción económica cree que no tendrá problemas ni en materia cambiaria ni en cumplir la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en este plano.

En este sentido, aclararon que las metas contemplan la estacionalidad y, si se observa la pauta de septiembre, se podrá observar que es menor a la de junio.

Al respecto, el sobrecumplimiento de la meta del primer trimestre de las reservas (era de USD 6.000 millones para marzo) le da al BCRA el oxígeno para la segunda mitad del año, dado en que confía también en haber llegado a la recta en el segundo trimestre (es de USD 9.200 millones para junio). Para fin de septiembre, cuando termina el programa, la variación positiva debe ascender a USD 7.600 millones.

Mientras tanto, el Gobierno reza para que el directorio que conduce Kristalina Georgieva se reúna para aprobar políticamente lo que el staff conducido por Rodrigo Valdés ya avaló: las metas del primer trimestre, que también se cumplieron en materia fiscal y de política monetaria. Este paso del board habilitará el desembolso de unos USD 900 millones a la Argentina.

El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo afirmaron en forma explícita que comenzaron la negociación de un nuevo programa que reemplace el firmado por Alberto Fernández en 2022, destinado a refinanciar la deuda contraída por Mauricio Macri en 2018.

Al respecto, parecen haberse evaporado las falsas ilusiones de contar con un monto gigante como otros USD 15.000 millones para levantar el cepo y unificar el tipo de cambio, dejando un esquema de flotación, por expectativas más modestas y realistas.

En Washington no quieren mostrar generosidad con un socio del organismo que ha incumplido históricamente todos los acuerdos que firmó, aunque reconozcan el fuerte viraje registrado desde diciembre último con Milei. Sin embargo, Argentina es una sola -tanto para Washington como para Beijing- y el equipo económico se resignó a que el FMI siempre exagere su rol de auditor duro, aunque la política económica actual se parezca más a la de los manuales del organismo multilateral.

Para Washington, hacen falta más pruebas concretas de la sustentabilidad política y social del ajuste, como la sanción definitiva de la ley bases y el paquete fiscal, y la implementación completa del aumento en las tarifas de los servicios públicos, que quedó algo demorada por el “neogradualismo” del Gobierno.