Juicio por YPF: Burford quiere cobrar los USD 16.000 millones y contrató a un “tiburón” de Wall Street argentino para negociar con el Estado

“No hay plata”, dicen en español con acento “gringo” y mitad en broma, mitad en serio, los ejecutivos de la oficina de Nueva York del fondo inglés Burford Capital. Son los ganadores de la sentencia en primera instancia por la que el Estado argentino fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

La muletilla presidencial que repiten en “la gran manzana” encierra una realidad incontrastable para quienes la mencionan: saben que Argentina no tiene dólares para pagar semejante cifra, ni mucho menos tampoco. Mientras la sentencia del año pasado de la jueza Loretta Preska, que encabeza el tribunal del sur de Manhattan que entiende casos vinculados a Wall Street, fue apelada por Argentina, el ganador del juicio “desembarcó” en Argentina por primera vez y busca negociar.

Lo hizo contratando a un muy conocido ex banquero argentino, con fuerte incidencia en Nueva York, para que haga lobby a su favor desde EEUU y ya trabaja con empresas locales para tratar de entender lo que está pasando en el país y qué hará Javier Milei, tanto con el rumbo general de la economía como en particular sobre qué decisiones podría tomar en la causa.

Si bien no hay hasta el momento negociaciones formales abiertas, algunos indicios le dan cierta esperanza a este bufete de abogados al que por su accionar muchos comparan con un “fondo buitre”. Hace ocho años, Burford pagó unos 30 millones de euros para quedarse con las demandas que habían iniciado dos accionistas minoritarios de la petrolera que aseguraron haber sido perjudicados por el Estado en medio del proceso de expropiación. Luego, vendió una parte de esa demanda por más de USD 230 millones y ahora es el principal beneficiario de un fallo multimillonario. Como sea, multiplicará con creces su inversión inicial y los gastos de tantos años de costoso litigio en Manhattan.

La causa es un tema que le preocupa al Gobierno, aunque no está clara la estrategia que seguirá. Ayer, en el evento del IAEF, el ministro de Economía Luis Caputo esquivó de plano la cuestión: “Es un tema del que prefiero no hablar”, dijo, lacónico.

El lobo de Wall Street argentino contratado por Burford para hacer lobby a su favor –lo había mencionado como una posibilidad el diario Cronista la semana pasada– es Gerardo “Gerry” Mato, un ex banquero que llegó a ser Chairman de Global Banking de HSBC. Tiene más de 25 años de experiencia en los mercados financieros globales, con base en EEUU, y antes de HSBC pasó por Merrill Lynch; también fue integrante del Atlantic Council, la US Chambers of Commerce y del Council de las Américas. Ahora es CEO de la consultora BluePearl Capital, donde es socio de otros dos ex banqueros argentinos. Todos estarán en Buenos Aires los primeros días de junio: tienen agenda completa y a todo nivel.

Mato es un viejo conocido del mercado y los políticos argentinos, a muchos de los cuales les abrió las puertas más de una vez en su propio hogar. Su influencia y contactos son innegables. Se define como “neutral en términos políticos” y sus movimiento así lo reflejan: participó desde hace décadas en temas locales de deuda, mediando entre inversores y la Argentina, y fue un activo negociador en temas de financiamiento durante el gobierno de Mauricio Macri y en la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán, en el gobierno de Alberto Fernández.

En agosto del año pasado, por caso, recibió en su casa en Greenwich, Connecticut, a 40 minutos de Manhattan, a Diana Mondino, Darío Epstein y Juan Nápoli. Allí, los enviados del entonces candidato buscaron contarles los planes de Milei a ejecutivos de Blackrock, Golden Tree y QFR Capital, entre muchos otros fondos e inversores. En otras ocasiones, por esa coqueta propiedad también pasaron Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Martín Guzmán.

Mato tendrá el rol de “mediador” y buscará mover influencias locales. También comunicar que Burford quiere negociar y tender puentes para cerrar un acuerdo extrajudicial que, pretenden, beneficie a ambas partes. Su meta es cerrarlo antes del fallo de segunda instancia, algo que se dará entre 12 y 18 meses. “Saben que no hay plata, pero quieren conocer cuál es el plan de Milei para este caso, qué piensa. Es la primera vez que ven más cercana una negociación”, dicen allegados a las conversaciones.

La estrategia de “estar más cerca” de Argentina la lleva adelante Jonathan Molot, Chief Investment Officer y cofundador de Burford, desde la oficina de Nueva York del bufete. “En su calidad de CIO, ha supervisado la revisión y análisis de Burford de miles de asuntos comerciales por valor de cientos de miles de millones de dólares, incluida la obtención de una sentencia de 16 mil millones de dólares contra Argentina, la más grande en la historia de Estados Unidos”, dice sobre Molot el site de la empresa.

Los actuales planes de Burford se apoyan en una declaración clave que hizo el presidente Javier Milei a fines de 2023, cuando en una entrevista habló de willing to pay. “Hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos USD 16.000 millones para pagar. Sí tenemos el willing to pay, la voluntad de pagar”, dijo cuando le preguntaron por el juicio. Fue la primera vez que un presidente argentino, de los cuatro cuyos mandatos cruzaron esta causa –CFK, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Milei–, hizo una referencia al caso y habló de la posibilidad de pagar.

Del otro lado del mostrador, la contraparte de Burford es la Procuración del Tesoro, que a su vez contrata al estudio Sullivan & Cromwell, que la representa en EEUU. El procurador Rodolfo Barra se excusó de participar en el caso por haber emitido una opinión técnica de experto en Derecho Administrativo argentino en un momento del juicio. Algunos especialistas aseguran que esa imposibilidad para participar en la causa vence antes de fin de año. Andrés de La Cruz, uno de los actuales subprocuradores, quedó al frente de la defensa y aunque estuvo involucrado en el pasado como abogado en la causa, la Oficina Anticorrupción avaló su presencia en el caso.

Deberá encabezar la defensa y, si el Ejecutivo así lo decide, llevar adelante una negociación. ¿Cuánto? No está claro: fuentes cercanas a la causa aseguraron que negociar en este momento, donde hay una apelación en curso, no sería conveniente. La otra mitad de la biblioteca dice todo lo contrario: “Hay que negociar ya, cuánto más tiempo pase, peor”. Ocurre que en paralelo a la decisión que deberá tomar la Cámara de Apelaciones del segundo distrito de Manhattan, Preska sigue recibiendo pedidos vinculados al expediente de primera instancia, por ejemplo los posibles embargos que reclama Burford ante el no-pago del Estado argentino y la airada solicitud de quedarse con el 51% de las acciones que Argentina tiene en la empresa.

Otro rumor recorre los pasillos judiciales entendidos en este juicio. Podría haber un allegado a Milei, que no es parte del Gobierno, que oficiaría de negociador formal y oficial del caso, un designado por la Procuración como encargado de llevar adelante las negociaciones. Casualmente, es alguien de buena relación con Mato. Como sea, no hay nada confirmado por el momento.

Mientras tanto, Burford desembarcó en el país. Quiere cobrar, pero ya sabe sobradamente que no hay plata. No importa: buscará negociar a como dé lugar. La recompensa es grande.