El Gobierno apeló un fallo en Gran Bretaña por la manipulación del PBI: qué advertencia hizo sobre el pago de la deuda

El Gobierno argentino corre el riesgo de tener dificultades para pagar parte de su deuda si se ve obligado al desembolso de USD 1.500 millones por daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del pago del Cupón PBI que un tribunal del Reino Unido otorgó a los inversores querellantesel año pasado, advirtieron los abogados que representan a la Nación.

Cualquier pago forzoso en una recesión podría poner en peligro “la capacidad de la República para pagar tanto su deuda ‘vinculada al PIB’ como la convencional”, dijeron los abogados en argumentos escritos ante el tribunal británico.

La adulteración de datos de crecimiento del INDEC durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner -con Áxel Kicillof como ministro de Economía-, que evitó el pago del Cupón PBI, tuvo como consecuencia una causa iniciada por fondos damnificados en tribunales del Reino Unido, de la cual ya hay un fallo de primera instancia contra la Argentina dictado por el juez Stephen Phillips.

Los abogados que representan a la Argentina presentaron este martes sus argumentos ante el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales contra los fondos demandantes Palladian Partners y Norinver Capital, entre otros.

Los inversores denunciaron al país por no haber abonado vencimientos correspondientes por el mecanismo de los títulos Cupón PBI emitidos durante el canje de deuda de 2006. Estos dividendos se pagan cuando el país crece más de 3,2% anual, pero se sospecha que deliberadamente se informaron datos de crecimiento por debajo de ese umbral -en el marco del ente estadístico intervenido- para evitar los desembolsos.

A favor de los argumentos del Gobierno argentino se cuenta con un reciente fallo en una causa similar iniciada por inversores en los EEUU, donde la jueza Loretta Preska dictó hace 15 días un fallo que benefició a la Argentina en los tribuales del Distrito Sur de Nueva York, que eximió del desembolso de unos USD 1.500 millones. Preska consideró que las autoridades de aquel entonces, la presidente Cristina Kirchner y el ministro Kicillof, tenían el derecho de calcular la evolución del PBI según las estadísticas oficiales y que un eventual cambio de metodología no implicaba un delito financiero.

El fallo de Preska fue en sentido contrario de lo acontecido del otro lado del Atlántico, donde los fondos de cobertura obtuvieron en abril del año pasado un fallo del Tribunal Superior del Reino Unido según el cual Argentina debe compensar a los inversores por las pérdidas en los valores vinculados al crecimiento económico del país. Se prevé que el fondo Aurelius apelará su fallo en contra en la Cámara de Nueva York.

En marzo de 2024, el tribunal londinense a cargo de Stephen Phillips estableció el depósito de una caución de 337 millones de dólares. Ahora la causa británica por el impago del Cupón PBI se encuentra en segunda instancia, con dichos fondos contabilizados como garantía ante la eventualidad de que el gobierno de Javier Milei no pague un fallo adverso.

Según la decisión del juez Phillips del 8 de marzo, “las declaraciones posteriores al fallo (correspondiente a los cupones PBI en euros) de funcionarios argentinos reflejan la misma postura desafiante adoptada frente a los fallos a favor de los holdouts (tenedores de títulos de deuda soberana argentina) años atrás”.

“Si bien es cierto que hay un nuevo gobierno desde diciembre, aún no ha demostrado que adoptará un enfoque diferente para honrar los fallos de cortes internacionales. En particular, la nueva administración no se ha distanciado públicamente de los comentarios realizados por los antiguos funcionarios. También es digno de destacar que la República no ha abonado ningún monto del fallo (causa por la estatización de YPF) del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ni ha cumplido con las condiciones para suspender la ejecución pendiente de apelación en ese caso”.

La disputa por el impago del Cupón PBI derivó en una causa en los EEUU iniciada por el fondo Aurelius en enero de 2015, que argumentó que en 2014 no se abonó por este “warrant” de la deuda argentina, en base a la adulteración de los datos de PBI correspondientes al ejercicio 2013. Inicialmente, el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro Kicillof, anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,25% que gatillaba el pago de Cupón del PIB. Fue un anuncio sumamente desprolijo, que los denunciantes consideraron de “mala fe” por otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores.

Por ese motivo, también derivó en una causa espejo en Londres, a partir de una presentación del fondo Novoriver -vinculado a Aurelius- a la que luego se sumó Palladian con un grupo menor de tenedores de deuda argentina.